Luego de la apelación, presentada la semana pasada por el Estado argentino, el día de la fecha, la Argentina obtuvo un fallo favorable de la Cámara de Nueva York, que dictaminó la suspensión de la entrega y transferencia del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a los demandantes de la causa por la expropiación irregular de YPF, en el año 2012. De acuerdo a la defensa argentina, en principio, la suspensión autorizada por la Justicia de Estados Unidos, sería por tiempo indeterminado y hasta la fijación de un nuevo plazo por el tribunal.
La decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se produce, luego de que el día de ayer, la Jueza Loretta Preska fallara, nuevamente, en contra de la Argentina y no admitiera el pedido realizado por la defensa argentina, de suspender su decisión judicial precedente, que obligaba al país a realizar la entrega y transferencia de las acciones argentinas (51%) a los demandantes de la causa, como parte de pago de la sentencia. Sin embargo, con el fallo de la Cámara de Nueva York, como respuesta a la apelación argentina, se frena la intimación de la Jueza Preska para acceder al pedido de los demandantes, donde se incluía un ultimátum de 72 horas para que la Nación Argentina hiciera efectiva la transferencia de la acciones clase D de YPF a Burford y Eton Park, quien compró los derechos a litigar en la causa y por ende, se cae el riesgo de desacato contra la Argentina, quien había anticipado que no iba a negociar con los demandantes.
Luego de la decisión de la Jueza Preska del día de ayer, el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, marca una victoria temporal para la Argentina, que repercute directamente en los mercados. Esta decisión baja el riesgo financiero, al igual que la incertidumbre a largo plazo para YPF y sus operaciones, especialmente para sus proyectos de Vaca Muerta y Gas Natural Licuado (GNL).
El fallo de la Corte de Apelaciones y la estrategia argentina
El fallo, firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, establece que los apelados han indicado, en varias oportunidades, su oposición a la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. Sin embargo, en ninguna circunstancia, han expresado oponerse a la “implementación de una suspensión administrativa temporal que permita una presentación ordenada de los escritos y la consideración del pedido de suspensión”.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones ordenó que el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito, del 30 de junio, “en espera de la resolución de la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces”. Es decir que, la suspensión estará vigente hasta tanto el panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión solicitada por la Argentina. Sin embargo, se estableció que los apelados deberán presentar su oposición a la moción, antes del día 17 de julio, mientras que la parte apelante, es decir la República Argentina, deberá presentar su réplica antes del 22 de julio.
La apelación, que fue presentada antes de que la Jueza Preska resolviera el pedido de suspensión solicitado previamente por la defensa argentina, marca y evidencia la estrategia legal de la Argentina para frenar la ejecución inmediata del fallo, que podría generar daños irreparables, de acuerdo a las estimaciones de los expertos en la materia. De hecho, la presentación de solicitud de concesión de una suspensión administrativa temporal del fallo, el día de ayer, es evidencia de la ágil estrategia judicial que está llevando a cabo la defensa argentina.
Si bien en la jornada de ayer, la decisión de la Jueza Preska fue un revés para la defensa argentina, que igualmente ya esperaba dicha resolución; el fallo de la Corte de Apelaciones, dado a conocer el día de hoy, marca una victoria temporal para el país en el desarrollo de esta extensa y compleja causa judicial, iniciada a raíz de la expropiación irregular de YPF, en el año 2012, cuando Axel Kicillof fue designado como interventor del proceso, bajo la gestión gubernamental de Hernán Lorenzino como Ministro de Economía y de Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta de la Nación.
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