Este martes, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la aprobación de un protocolo específico para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales. Con la firma de al titular de la cartera, Patricia Bullrich, la Resolución 828/2025 publicada en el Boletín Oficial actualiza el marco legal de los agentes en el ámbito, debido al crecimiento exponencial de delitos en entornos digitales, como redes sociales y plataformas web.
La Resolución considera que las figuras de agente encubierto, relevador, informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción -reguladas en la Ley N° 27.319- son fundamentales para las fuerzas policiales y de Seguridad Federales, ya que brindan “las herramientas necesarias para profundizar la prevención y lucha contra los delitos complejos, a través de nuevas metodologías de investigación”. Por ende, “resulta imperioso destacar que ambas figuras, tanto la del agente encubierto como la del agente revelador, representan instrumentos legales que han permitido incorporar elementos de prueba de valor irrefutable en la lucha contra el delito”.
¿Qué son los agentes encubiertos y reveladores digitales?
Ambas figuras, tal y como se mencionó anteriormente, fueron creadas por la Ley 27.319. Este marco legal permite a las fuerzas de seguridad infiltrarse en redes criminales para obtener pruebas. Lo novedoso de la nueva Resolución es que establece su actuación en entornos digitales, adaptándose a nuevas modalidades de delitos como el narcotráfico online, grooming, trata y fraude informático.
Destaca que así quedan habilitadas las figuras para las interacciones humanas tanto presenciales como digitales, principalmente en el mundo cibernético. Por esta razón, es “necesario incorporar protocolos específicos para las figuras de agente encubierto digital y agente revelador digital, de modo de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad detectadas”.
De esta forma, el Gobierno nacional aprueba el “Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”. En paralelo, dictamina la instrucción de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a “difundir y poner en conocimiento de las áreas correspondientes las prescripciones de la presente resolución”.
Puntos claves de la Resolución
A grandes rasgos, la resolución busca fortalecer la capacidad estatal de prevención y persecución penal. La normativa responde no solo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de Seguridad, sino también a la tendencia regional de adaptar marcos legales a la criminalidad transnacional y digital, reforzando métodos como la infiltración encubierta controlada.
En este contexto, subraya en cierto punto un enfoque de modernización institucional, al integrar herramientas tecnológicas en la gestión de políticas públicas de seguridad. Sin dudas, marca un paso relevante en la evolución de la inteligencia criminal en Argentina, aunque su eficaz implementación exigirá capacitación y coordinación gubernamental, ya que la habilitación de estas funciones puede reabrir debates sobre la protección de la privacidad o la libertad de expresión de los individuos.
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