A través del Decreto 437/2025 del Poder Ejecutivo, el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 21.134 y disolvió el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio, destinado a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La medida se publicó en el Boletín Oficial este viernes, bajo la necesidad de “racionalización del gasto público” y “reducción del sobredimensionamiento del Estado”.
Entre sus objetivos principales, el Fondo tenía por objeto el estudio, proyecto, construcción, adquisición, equipamiento y mantenimiento de viviendas. También la formulación de planes para la construcción o adquisición de edificios con este fin. En pocas palabras, proveía soluciones habitacionales a los efectivos militares, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.
Sobre la Ley N° 21.134
El fondo, creado en 1975, tenía como objetivo, tal y como fue mencionado, financiar la construcción, adquisición y mantenimiento de viviendas para efectivos de Gendarmería, Prefectura y Fuerzas Armadas. Implicaba también la construcción de centros cívicos en zonas estratégicas.
La Ley detalla los mecanismos de financiación a través del Presupuesto Nacional, donaciones, legados y rentabilidad de capitales administrados por el Ministerio de Defensa. Las unidades de vivienda eran adjudicadas al personal durante su situación de “revista”, a quienes se les retenía una parte de los haberes por el uso de la vivienda (artículos 10 y 11).
Sin embargo, según los fundamentos del decreto presidencial, “actualmente el régimen no cumple con la función para la cual fue creado” y sus recursos ya no son utilizados por los destinatarios, quienes actualmente acceden a viviendas por otras vías presupuestarias. Asimismo, argumentaron desde el Gobierno que los recursos del Fondo “no se utilizan ni canalizan” a través de la estructura prevista.
Argumentos y cuestionamientos
Para el actual Gobierno, mantener estructuras inoperativas implica una “asignación ineficiente de recursos”. Por ende, la eliminación del Fondo responde a la necesidad de reducir costos administrativos y eliminar funciones consideradas redundantes.
Técnicamente, con un régimen inactivo y una estructura obsoleta, solo se genera una asignación ineficiente de recursos públicos. Pero la derogación de la Ley 21.134 también reactiva el debate sobre el rol del Estado en la provisión de vivienda para sectores estratégicos. ¿Es ésta una medida de eficiencia o un paso en el repliegue estatal en áreas sensibles?
El Decreto se enmarcó en la Ley Bases N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a modificar o eliminar organismos y estructuras estatales cuya existencia resulte innecesaria o redundante (artículos 1, 2 y 3). Con la Argentina en emergencia pública declarada en materia administrativa, económica, financiera y energética, este esquema no aportaba soluciones, según el Gobierno.
Por lo pronto, la decisión se da en un contexto de creciente déficit habitacional pero tras la reciente entrega de 160 viviendas del plan Procrear a fuerzas federales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que estas unidades serán administradas directamente por las fuerzas, sin intermediarios, como parte de un nuevo plan federal de reasignación habitacional.
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