Casos recientes de violencia institucional y abuso de poder son algunos de los argumentos utilizados por los diputados Esteban Paulon y Mónica Fein para solicitar una revisión de los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior (Ley 24.059 y sus modificatorias, Leyes 24.194 y 25.520).
Bajo el proyecto de resolución 3057-D-2025, los diputados buscan determinar la proporcionalidad, necesidad y efectividad de las normativas vigentes en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. El proyecto surge tras la muerte del niño Thiago Correa, víctima de un disparo policial, y otros episodios como el uso excesivo del Protocolo Antipiquetes en manifestaciones. También se mencionan casos de represión a periodistas, como el disparo contra el fotoperiodista Pablo Grillo y la detención de Tomás Cuesta durante una protesta
“Proponemos el presente proyecto a fin de que la Comisión Bicameral realice una evaluación con participación plural de partes, emita un informe al respecto y conmine al Ministerio de Seguridad a modificar y adecuar sus procedimientos para garantizar con la mayor solidez posible la vigencia de los derechos constitucionales que asisten a las ciudadanas y ciudadanos”, reza el documento.
Ejes principales a evaluar
La iniciativa de los diputados se fundamenta en casos recientes de violencia institucional, quienes consideran crucial garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ende, se propone una revisión de los actuales protocolos considerando diversos aspectos.
Además del uso de la fuerza, se solicita evaluar el entrenamiento de los agentes en técnicas de desescalada y uso de armamento no letal, junto al estado del equipamiento policial, de infraestructura y salud. En paralelo, propone analizar la implementación de tecnologías, como cámaras corporales, y estudiar la remuneración del personal de las fuerzas.
Argumentos y ejemplos
El proyecto cita diversos ejemplos para fundamentar sus objetivos de revisión. En principio, nombra al fallecimiento del niño Thiago Correa a manos de un efectivo de la Policía Federal Argentina. Los diputados consideran que esta situación “no parece ser un hecho aislado” ya que “se basa en el actuar de un policía de las fuerzas federales como un claro caso de mala o nula preparación profesional, y que se encuentra exacerbado por un discurso violento de las más altas esferas del gobierno, desde el presidente Javier Milei y de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hacia las diversas fuerzas policiales como la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
“Como si ello no fuese lo suficientemente triste, […] a que minutos de conocerse el deceso de Thiago se inició un obsceno intento de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich- y numerosos comunicadores que forman parte del dispositivo mediático y de redes sociales del gobierno nacional -por el cual se intenta deslindar completamente la responsabilidad del agente y endilgarla en su totalidad a los presuntos delincuentes también en un presunto enfrentamiento policial”, afirma contundente el documento.
Además del caso de este niño, el proyecto menciona la aplicación del “Protocolo Anti Piquetes”, que se lleva a cabo cada miércoles en inmediaciones del Congreso, como un escenario “represivo” donde crece diariamente la cantidad de efectivos, vallas y cartuchos de gas pimienta. En este contexto, nombra el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue herido gravemente por fuerzas de Seguridad.
Para ahondar aún más en la temática cita ejemplos varios, como la detención del fotoperiodista Tomás Cuesta o la niña Fabricia gaseada directamente sobre su rostro con gas pimienta por parte de un efectivo policial. Se suman las acciones similares contra la jubilada Beatriz Blanco y la detención del dirigente político Juan Grabois.
En pos de la transparencia
En este contexto, y para garantizar un “análisis plural”, el proyecto prevé convocar a representantes de distintos sectores además del Ministerio de Seguridad. Entre ellos, especialistas en seguridad pública, propuestos por el Consejo Interuniversitario Nacional, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia institucional.
A grandes rasgos, la iniciativa busca evaluar la transparencia de las fuerzas de seguridad y policiales pero también el control parlamentario sobre la actuación del Ministerio de Seguridad en estos casos. Por ello solicita que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior elabore un informe en un plazo no mayor a 30 días desde la aprobación de la resolución.
Te puede interesar: Protocolo Antipiquetes y Ley Antimafia – El accionar de las Fuerzas de Seguridad en las protestas de jubilados
