La Cámara de Diputados tiene previsto debatir este miércoles 18 de noviembre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone ampliar las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas. Sin embargo, el oficialismo llega a la sesión especial de las 12:00 sin haber cerrado un acuerdo sobre el Título VII, que incorpora reformas electorales y nuevas figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera. Las disposiciones que modifican el régimen electoral y de partidos políticos necesitan 129 votos afirmativos, una mayoría que La Libertad Avanza todavía no tiene asegurada.

La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde el 27 de octubre, cuando obtuvo 60 firmas en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Desde entonces, las negociaciones se concentraron en las facultades del futuro Consejo de Seguridad Nacional y en un capítulo que parte de los bloques aliados considera ajeno al objetivo original de fortalecer las herramientas argentinas frente a las actividades económicas británicas en el Atlántico Sur.
El Estratégico informó el 16 de noviembre que la Cámara había formalizado la convocatoria, con la ley como primer punto del temario, bajo el Orden del Día 514. La discusión de este miércoles determinará si el oficialismo consigue avanzar con el texto completo, acepta modificaciones o enfrenta votaciones separadas sobre sus artículos más cuestionados.
Las sanciones por Malvinas y los cambios que incorporó el oficialismo
El Título I del dictamen establece un régimen de prohibiciones y sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina.
La propuesta contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas durante períodos de cinco a veinte años. También alcanza a proveedores que suministren bienes o servicios esenciales para las actividades prohibidas, siempre que conozcan o no puedan razonablemente desconocer su destino.
Sin embargo, la redacción que llega al recinto es diferente de la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo. Como informó El Estratégico al conocerse el dictamen de mayoría, el Gobierno aceptó modificar el alcance de las sanciones sobre proveedores, accionistas y fondos de inversión.
Entre las excepciones incorporadas figuran las personas físicas cuya participación accionaria no supere el 2% del capital de una empresa involucrada, siempre que no intervengan en la designación de sus autoridades. También se excluye a determinados vehículos de inversión que no ejercen discrecionalidad sobre los activos que administran.
Estas modificaciones respondieron a cuestionamientos sobre las consecuencias que el régimen podría generar para compañías con actividades legítimas en Argentina y participaciones indirectas en empresas relacionadas con Malvinas. El oficialismo defendió los cambios como una forma de delimitar responsabilidades, mientras sectores opositores advirtieron que podrían reducir el alcance efectivo de las sanciones.
Otro componente del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe del Estado y encargado de coordinar políticas de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
El dictamen le asigna facultades para evaluar determinadas inversiones extranjeras en sectores estratégicos, entre ellos defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales. Esta atribución también genera reparos entre legisladores provinciales, que cuestionan sus posibles consecuencias sobre inversiones negociadas por las jurisdicciones.
El oficialismo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, con capacidad para requerir informes y supervisar medidas adoptadas por el nuevo organismo. Sin embargo, continúan las diferencias sobre el alcance del control parlamentario y las atribuciones que conservaría el Poder Ejecutivo.
El Título VII y los 129 votos que condicionan el debate
El principal desacuerdo se concentra en el apartado denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”, que propone reformar el financiamiento de los partidos políticos y crear nuevas figuras penales vinculadas con operaciones de injerencia extranjera.
El dictamen contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, participen en campañas clandestinas o ilícitas destinadas a alterar procesos electorales o condicionar decisiones de las autoridades nacionales.
La redacción excluye expresamente determinadas actividades diplomáticas, periodísticas, académicas y de representación abierta de intereses. No obstante, legisladores opositores y aliados cuestionan si esas excepciones ofrecen garantías suficientes para evitar interpretaciones amplias de las conductas sancionadas.
El Estratégico informó el 13 de noviembre que Provincias Unidas y Argentina Federal solicitaron eliminar el Título VII, mientras que Karina Banfi reclamó retirar las modificaciones penales. Aunque el Gobierno manifestó disposición a introducir correcciones, las conversaciones no habían producido un acuerdo definitivo antes de la sesión.
El obstáculo también es constitucional. El artículo 77 establece que las modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos requieren la mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara. En Diputados, con 257 bancas, esa mayoría equivale a 129 votos afirmativos.
La exigencia corresponde a las reformas de naturaleza electoral y no se extiende automáticamente a todas las disposiciones de defensa o sanciones económicas incluidas en la propuesta. Por eso, una de las alternativas que podría discutirse es separar o retirar los artículos cuestionados para permitir que el resto del proyecto avance.
La sesión especial también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales internacionales y convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. La duración prevista del debate y las diferencias entre bancadas dejan abierto el momento en que podrá votarse la ley.
El resultado de este miércoles dependerá de tres definiciones: si el oficialismo reúne el quórum, qué tratamiento recibe el Título VII y qué redacción conserva el régimen de sanciones por Malvinas. Hasta el inicio del debate, la iniciativa mantiene el dictamen de mayoría aprobado en octubre, sin media sanción ni modificaciones adicionales confirmadas en el recinto.
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