Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca prohibir el tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina de buques vinculados con el abastecimiento de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y facultar a la Prefectura Naval Argentina a intervenir ante posibles infracciones. La iniciativa contempla la creación de un registro de embarcaciones infractoras, restricciones para operar en puertos nacionales y la posibilidad de retener buques en instalaciones portuarias argentinas. La propuesta también modifica el criterio del actual régimen de autorizaciones marítimas, al establecer que determinados viajes hacia el archipiélago no podrán ser considerados bajo el principio de paso inocente.
La iniciativa corresponde al expediente 5831-D-2026, presentado el 27 de octubre por la diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, y girado a las comisiones de Defensa Nacional e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. El texto, de ocho artículos, busca establecer un mecanismo de prohibición directa para embarcaciones que se dirijan o provengan de las islas, o que transporten cargas y personas relacionadas con actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas, pesqueras o de infraestructura. Por el momento, se trata de un proyecto parlamentario que no cuenta con sanción legislativa y, por lo tanto, sus disposiciones todavía no se encuentran vigentes.
La propuesta aparece en medio de las discusiones sobre las conexiones marítimas entre Chile y Malvinas, especialmente por la ruta comercial que la empresa Easter Island Naviera prepara mediante el buque Danstar, con origen en Punta Arenas. Los fundamentos del expediente mencionan expresamente esta iniciativa como uno de los motivos para reforzar las herramientas de control del Estado argentino. Para sus impulsores, la consolidación de nuevos servicios de abastecimiento desde países vecinos podría facilitar la continuidad de las actividades económicas y logísticas británicas en el archipiélago, incluida la explotación de recursos naturales.
El proyecto introduce un cambio respecto del marco normativo establecido en 2010. El Decreto 256/2010, aprobado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, exige una autorización previa para los buques que naveguen entre puertos continentales argentinos y Malvinas, atraviesen aguas jurisdiccionales nacionales con destino al archipiélago o transporten determinadas mercaderías vinculadas con esas rutas. La nueva iniciativa pretende reemplazar la posibilidad de solicitar esos permisos por una calificación legal que considere prohibidas las operaciones comprendidas en su articulado.
Prefectura podría impedir el tránsito y crear un registro de buques infractores
El artículo 1 del proyecto establece que el tránsito de embarcaciones vinculadas con Malvinas, independientemente de su bandera, no constituye paso inocente cuando se desarrollan las actividades enumeradas en la norma. Sobre esa base, el artículo 2 propone prohibir su navegación por aguas bajo jurisdicción argentina y encomendar a la Prefectura Naval, o a la Armada Argentina cuando corresponda, la adopción de medidas destinadas a impedirla. Entre las actuaciones previstas se encuentran la intimación a detener la marcha, modificar el rumbo o abandonar las aguas jurisdiccionales, además de la identificación y el registro del buque y de su carga.
La intervención de la Armada aparece contemplada como una posibilidad, pero el texto no establece un despliegue naval específico ni dispone la realización de nuevas operaciones militares en el Atlántico Sur. La Prefectura conservaría un papel central en la ejecución de los controles y en la tramitación de las infracciones. Tampoco se incorporan disposiciones que autoricen expresamente el uso de la fuerza contra embarcaciones extranjeras o establezcan un procedimiento de captura en alta mar, cuestiones que requerirían una evaluación jurídica particular.
El artículo 3 dispone que las autoridades competentes no podrán emitir autorizaciones, permisos o habilitaciones para los buques alcanzados por la prohibición. Las solicitudes deberán rechazarse sin tramitar una evaluación individual de autorización, porque el proyecto considera que las operaciones comprendidas resultarían incompatibles con la calificación legal propuesta. De aprobarse esta redacción, el cambio respecto del Decreto 256/2010 sería sustancial: el sistema dejaría de contemplar una autorización previa para pasar a establecer una prohibición general sobre las actividades definidas en la nueva ley.
La iniciativa también determina qué ocurriría cuando una embarcación persista en una conducta considerada infractora. En esos casos, la Prefectura debería labrar un acta, comunicar la situación al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e incorporar al buque y a sus operadores a un registro especial. Además, el artículo 4 contempla que la autoridad marítima pueda disponer la retención de la embarcación en un puerto argentino, siempre que se cumplan las circunstancias establecidas por el proyecto. Esta facultad no debe confundirse con una autorización automática para decomisar un buque ni con la posibilidad de interceptarlo en cualquier sector del océano.
El denominado Registro de Buques Infractores funcionaría dentro de la estructura de la Prefectura Naval Argentina y reuniría información sobre las unidades que hayan realizado o intentado realizar las actividades prohibidas. Su contenido sería comunicado a las autoridades portuarias, aduaneras y migratorias, para que los antecedentes fueran considerados al evaluar el acceso a instalaciones nacionales y las contrataciones con el Estado. La propuesta no establece un monto específico de multas económicas, sino que concentra su esquema de consecuencias en la prohibición del tránsito, los controles administrativos, la retención portuaria y el registro de infracciones.
Las provincias con litoral marítimo también tendrían un papel previsto dentro del nuevo sistema. El artículo 6 las invita a adherir a la legislación y aprobar normas propias que restrinjan el amarre, la permanencia, el abastecimiento y otras operaciones logísticas de los buques registrados como infractores. Sin embargo, esa disposición no impondría automáticamente obligaciones idénticas a todos los gobiernos provinciales, ya que contempla una adhesión y el ejercicio de competencias dentro de cada jurisdicción.
La ruta del Danstar hacia Malvinas y el debate sobre los límites del paso inocente
El proyecto menciona expresamente la nueva conexión marítima que Easter Island Naviera prepara entre Punta Arenas y Malvinas mediante el Danstar. Según sus fundamentos, esta alternativa permitiría reducir aproximadamente 1.200 kilómetros respecto de la ruta que tradicionalmente conecta al archipiélago con Montevideo. La diputada considera que una reducción de los costos y tiempos logísticos podría facilitar el abastecimiento de las actividades británicas en las islas y, por ese motivo, propone establecer nuevas restricciones a las embarcaciones que participen de ese tipo de operaciones.
Como informó El Estratégico el 9 de octubre, otro proyecto presentado en Diputados ya busca limitar el uso de infraestructura argentina para facilitar las conexiones con Malvinas. Aquella iniciativa, identificada como expediente 5166-D-2026 e impulsada por el diputado Jorge Neri Araujo Hernández, comprende puertos, aeropuertos, rutas, depósitos y servicios logísticos bajo jurisdicción nacional. A diferencia del proyecto de Propato, conserva la posibilidad de determinadas autorizaciones y se concentra especialmente en impedir que infraestructura argentina sea utilizada para sostener actividades desarrolladas en el archipiélago sin autorización nacional.
Las dos propuestas comparten el objetivo de dificultar el apoyo logístico a las actividades británicas en Malvinas, pero utilizan instrumentos diferentes. Mientras el expediente 5166-D-2026 apunta a los servicios e instalaciones empleados para concretar operaciones comerciales, el 5831-D-2026 busca calificar jurídicamente el tránsito de determinados buques y establecer consecuencias para quienes naveguen por espacios alcanzados por la jurisdicción argentina. Ninguna de las iniciativas ha sido sancionada y ambas deberán superar el correspondiente tratamiento parlamentario antes de producir efectos legales.
El punto más sensible de la propuesta se encuentra en su interpretación del concepto de paso inocente. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada por Argentina mediante la Ley 24.543, reconoce en su artículo 17 el derecho de los buques extranjeros a atravesar el mar territorial de un Estado ribereño. El artículo 19 establece que ese tránsito deja de ser inocente cuando resulta perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado costero y enumera actividades que pueden justificar esa calificación, entre ellas el empleo de armas, la recopilación de información que afecte la defensa y determinadas operaciones de carga o descarga contrarias a la legislación aplicable.
La propuesta de Propato incorpora un criterio más amplio: considera que el destino y la finalidad logística de una embarcación vinculada con Malvinas resultan suficientes para excluirla de la categoría de paso inocente. Ese criterio deberá ser examinado frente a las obligaciones internacionales de Argentina, porque la Convención también establece que los Estados no pueden obstaculizar arbitrariamente el paso inocente ni discriminar a los buques por el Estado al que transportan mercancías. El derecho internacional reconoce facultades de protección al Estado ribereño, pero su ejercicio depende de las características de la navegación y del espacio marítimo donde se produzca.
También existe una diferencia entre el mar territorial y la zona económica exclusiva. El régimen jurídico del paso inocente se aplica específicamente al mar territorial, mientras que en la zona económica exclusiva los Estados conservan libertades de navegación sujetas a las disposiciones de la Convención. Por ese motivo, la expresión “aguas bajo jurisdicción argentina” utilizada en el proyecto no implica que Prefectura pueda impedir indistintamente cualquier tránsito por todo el Mar Argentino, y sería necesario precisar las condiciones de aplicación de cada facultad.
Esta cuestión adquiere importancia particular para las embarcaciones que navegan entre Chile y Malvinas sin ingresar en puertos argentinos. La eventual aprobación del proyecto no otorgaría automáticamente a Argentina competencia sobre las operaciones desarrolladas dentro de puertos chilenos ni sobre todos los sectores marítimos atravesados por esas rutas. Su aplicación efectiva dependería de la ubicación de cada buque, de los derechos que correspondan al Estado argentino en ese espacio y de la compatibilidad de las medidas adoptadas con los acuerdos y normas internacionales vigentes.
El debate se suma a otras iniciativas legislativas destinadas a reforzar los instrumentos de la política argentina sobre Malvinas. En julio, El Estratégico informó que Agustina Propato había presentado una propuesta para crear una comisión bicameral permanente sobre Malvinas y la Antártida, mientras en otra actuación solicitó explicaciones al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero británico HMS Medway. Las iniciativas reflejan una agenda parlamentaria que busca ampliar los controles sobre actividades relacionadas con la presencia británica en el Atlántico Sur, aunque cada expediente presenta alcances y mecanismos distintos.
Te puede interesar: Mientras Chile prepara una nueva ruta a Malvinas, Diputados tramita límites al uso de infraestructura argentina vinculada con las islas