El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado en agosto de 2024 por la Ley 27.742 (“Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”), suma a mediados de septiembre, 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador del Ministerio de Economía, con inversiones comprometidas por US$49.766 millones. Se suman 17 iniciativas en evaluación. En conjunto, los proyectos representan USD 186.488 millones de inversión potencial.
El RIGI busca generar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por hasta 30 años para aquellas inversiones que superen los US$200 millones, o US$1.000 millones en el caso de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). A cambio, las empresas deben desembolsar un porcentaje mínimo de lo comprometido durante los dos primeros años de adhesión. Entre críticas y halagos, hoy acumula proyectos sobre todo en dos grandes ejes: minería e hidrocarburos.
El mayor emprendimiento registrado es el proyecto de Southern Energy de licuefacción de gas natural en Río Negro, con una inversión estimada en más de USD 15.000 millones. Le sigue Vicuña, desarrollo minero en San Juan, cuyo monto es de USD 9.737 millones, y Rincón de Aranda de Pampa Energía, en el sector de petróleo y gas, con USD 4.522 millones. Estos proyectos muestran cómo el RIGI está vinculado tanto a la expansión de Vaca Muerta como al desarrollo de grandes proyectos mineros, orientados a la exportación.

Los proyectos vigentes se encuentran distribuidos en diversas provincias, pero con especial presencia en la Patagonia y la región andina, donde se concentran los desarrollos mineros y de hidrocarburos de mayor escala. La cartera aprobada abarca, además, energías renovables, infraestructura logística y portuaria, y siderurgia, este último representado por Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa, el primer, y hasta el momento el único, proyecto industrial del régimen.
Cabe destacar otro de los proyectos recientemente incorporados, que permite observar el carácter federal de las inversiones, la ampliación de Compañía Mega. Aprobada en agosto por USD 365,4 millones, involucra a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Según el gobierno, la iniciativa permitirá ampliar en un 27% la capacidad de procesamiento de la empresa y generaría alrededor de 800 empleos directos e indirectos. Su recorrido desde Vaca Muerta hasta el polo industrial de Bahía Blanca evidencia que el impacto territorial del RIGI no necesariamente queda limitado a la provincia donde se encuentra el yacimiento o recurso.
En las últimas semanas una dimensión que cobró relevancia es la integración de proveedores nacionales a la cadena de estas inversiones. El Ministerio de Economía anunció que el 29 de octubre se realizará en Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI, que buscará vincular a 28 inversores de minería, industria e infraestructura con proveedores de bienes y servicios de todo el país. Según declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el 86% de lo invertido hasta ahora se destina a empresas nacionales, y más de 1.200 proveedores locales ya participan de la cadena de valor de los proyectos aprobados.
En paralelo al régimen original, avanza en el Congreso su versión ampliada, el “Súper RIGI”, formalmente llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Su diferencia radica en que está orientado a sectores como inteligencia artificial, centros de datos, biotecnología y baterías de litio, con estabilidad tributaria y cambiaria proyectada también a 30 años. Logró obtener media sanción en la Cámara de Diputados en junio de este año. Sin embargo, su tratamiento en el Senado se demoró por pedidos de modificación de bloques aliados.
Con el Comité Evaluador procesando nuevas solicitudes de manera continua y el debate del Súper RIGI aún sin resolución en el Senado, el mapa provincial de inversión bajo estos regímenes se mantiene en expansión. La evolución que pueda presentar la cartera dependerá ahora tanto de la incorporación de nuevos proyectos, como también de la capacidad de las provincias para acompañar estas inversiones con infraestructura, servicios y condiciones territoriales adecuadas. En este marco, el desafío no es únicamente atraer capital, sino también integrar los nuevos desarrollos a las estrategias que sostenga cada territorio.
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