El 27% de los ingresos públicos de Malvinas proviene de la pesca en aguas que Argentina reclama
Argentina reclama la soberanía sobre Malvinas en cada foro internacional disponible, con una constancia que ningún gobierno, de ningún signo, discontinuó jamás. Mientras tanto, más de una cuarta parte de los ingresos de la administración de facto de esas islas proviene de licencias de pesca sobre aguas que esa misma Argentina reclama como propias. No es una contradicción jurídica —el reclamo diplomático y el financiamiento británico corren por carriles separados—, pero es una paradoja de política pública que ningún gobierno resolvió: la declaración de soberanía se sostiene en el plano de los discursos, y el flujo de dinero que sostiene la administración disputada no encuentra, en el plano de la política pesquera y exterior argentina, ningún instrumento de contención.
Los números que nadie desmiente
El Reino Unido administra, a través de la Malvinas Islands Government (FIG), un régimen de licencias que autoriza a buques de cualquier bandera a pescar dentro de la zona de conservación pesquera de Malvinas —una zona que se superpone parcialmente con el área que Argentina reclama como propia—. Los documentos presupuestarios oficiales de la FIG, publicados cada año por su Departamento de Finanzas, permiten reconstruir la serie de los cuatro ejercicios cerrados y comparables entre sí, de 2020/21 a 2023/24¹. (El ejercicio 2024/25 queda deliberadamente fuera de esta serie: la presentación contable de la partida cambió a partir de ese ejercicio y no permite verificar una cifra directamente comparable con las anteriores.)
En 2020/21, las licencias de pesca aportaron 30,59 millones de libras sobre un ingreso total de 108,70 millones: el 28,1%. En 2021/22, 31,12 sobre 111,56 millones: 27,9%. En 2022/23, 34,18 sobre 119,77 millones: 28,5%. En 2023/24, 36,37 sobre 159,42 millones: 22,8% —el ingreso total de ese ejercicio creció de forma inusual, impulsado, al menos en parte, por el incremento de la recaudación del impuesto a las sociedades, que la propia FIG reportó en 31,4 millones de libras en 2022/23 y 42,1 millones en 2023/24²—.
El promedio de los cuatro ejercicios cerrados y comparables es claro: 26,8% de los ingresos totales de la administración isleña proviene de licencias de pesca. La cifra no depende de un año atípico para sostenerse: incluso el ejercicio más bajo de la serie queda por encima de una quinta parte del ingreso total.
Es un ingreso real, recurrente y verificable, que financia el funcionamiento cotidiano de esa administración: salud, educación, infraestructura, seguridad. El destino final de esos fondos es fungible —no hay forma de trazar una libra específica de licencia hasta una partida específica de gasto—, pero lo que sí es verificable es la proporción de origen: más de una cuarta parte del ingreso total de la FIG depende, año tras año, de licenciar aguas en disputa.
Un mismo circuito, dos regímenes distintos
Este no es un fenómeno aislado del que ocurre un poco más al norte, en la llamada “milla 201”, donde cientos de buques extranjeros capturan calamar en alta mar sin pagar por el acceso al recurso. Es, en buena medida, parte de un mismo circuito pesquero transnacional. Según los propios informes finales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)³, la estimación de captura de buques extranjeros operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en el sector que administra el Reino Unido bajo licencia, más que se triplicó entre las temporadas 2023 y 2024: de 45.449 a unas 140.000 toneladas.
Son dos puntos de un mismo circuito: el buque que no paga por el acceso al recurso porque pesca en alta mar sin que exista una cuota vinculante que se lo impida, y el que sí paga —pero ese pago lo cobra la administración de facto del territorio cuya soberanía Argentina disputa en cada asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una hipótesis, no una acusación
Existe, en los estudios estratégicos contemporáneos, un concepto utilizado para analizar acciones que persiguen objetivos estratégicos y erosionan la soberanía efectiva de un Estado sin cruzar el umbral del conflicto armado: las llamadas operaciones de “zona gris”⁴. La arquitectura de licencias que sostiene a la administración de Malvinas —un régimen deliberado, mantenido durante al menos cuatro ejercicios fiscales con fuentes primarias que lo documentan, sobre un territorio en disputa activa de soberanía— es compatible con ese marco conceptual. Conviene decirlo con la misma precisión con la que se dicen las cosas serias: esto es una hipótesis interpretativa razonable, no una conclusión probada. Lo que la evidencia reunida demuestra es la arquitectura de licencias, la disputa de soberanía y el ingreso sostenido que la sustenta; lo que no demuestra —porque no es su objeto— es una intención coercitiva deliberada por parte del Reino Unido. Es la arquitectura la que puede analizarse bajo esa hipótesis, no el acto de pescar en sí.
Lo que Noruega demuestra, y lo que Argentina ya intentó
Noruega y Rusia administran conjuntamente, desde acuerdos bilaterales de 1975 y 1976, los stocks pesqueros compartidos del Mar de Barents, a través de una comisión conjunta que fija anualmente las capturas totales permitidas sobre una base científica compartida entre ambos países. Ese marco se sostuvo durante cinco décadas —incluida su renovación para 2026, negociada en pleno deterioro de la relación bilateral por la guerra en Ucrania—⁵. La lección no es que Noruega y Rusia sean socios cómodos: es que una arquitectura institucional construida antes de la crisis puede sobrevivir incluso a un colapso severo de la relación política, siempre que exista la voluntad de sostenerla por fuera de la coyuntura. Con Uruguay, Argentina construyó exactamente ese tipo de arquitectura: desde 1973 administra, de forma ininterrumpida, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo⁶.
Con el Reino Unido, en cambio, Argentina lo intentó, pero el mecanismo no resultó políticamente sostenible. La Declaración Conjunta de noviembre de 1990 creó, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, la Comisión de Pesca del Atlántico Sur: veintiséis reuniones entre 1990 y 2005, con cooperación científica y coordinación del esfuerzo pesquero sobre stocks compartidos. El mecanismo se rompió después de que el Reino Unido tomara medidas unilaterales —entre ellas, la extensión de licencias de pesca de largo plazo sobre áreas en disputa—; dos rondas diplomáticas posteriores, en 2006 y 2007, no lograron reactivarlo⁷. La pregunta relevante, entonces, no es si Argentina sabe construir estos mecanismos —ya lo demostró, dos veces—, sino qué condiciones harían sostenible una nueva cooperación sin convalidar, por la vía de los hechos, los actos unilaterales que llevaron a suspender la anterior. Esa es la pregunta que ningún gobierno, de ningún signo, respondió desde 2005.
Lo que cambió en septiembre, y lo que no
El 3 de septiembre de 2026, el Gobierno introdujo un cambio relevante en su respuesta sobre Malvinas. En cadena nacional, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a endurecer las sanciones de la Ley 26.659, cuyo régimen se concentra en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina. Ese mismo día firmó el Decreto 868/2026, que reforzó y aceleró los procedimientos de control ya previstos por esa ley, y el DNU 867/2026, que reasignó fondos de Defensa para la Base Naval Integrada de Ushuaia. El movimiento alcanzó la explotación petrolera asociada con Sea Lion y fortaleció instrumentos estatales vinculados con la soberanía en el Atlántico Sur.
Pero no creó un mecanismo específico sobre el ingreso proveniente de las licencias de pesca. Al cierre de este artículo, el proyecto todavía no había sido tratado por el Congreso y su eventual extensión a otras actividades dependía de un texto y un debate aún pendientes. El Gobierno había comenzado a cerrar una brecha sobre los hidrocarburos. La pesca seguía alive and kicking.⁸
Lo que hay que hacer
Acá no falta el diagnóstico —el financiamiento británico vía licencias es un hecho público, documentado y señalado reiteradamente desde hace años—. Lo que falta es todo lo que debería venir después: cuantificar públicamente y de forma periódica ese financiamiento indirecto, cruzando los informes del INIDEP con los presupuestos de la FIG que ya se publican cada año; institucionalizar el vínculo entre el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el INIDEP, hoy informal cuando existe; e incorporar un perfil técnico civil —con formación en planeamiento de defensa y en gestión de recursos marinos— en los equipos que negocian o monitorean estos temas, no para reemplazar a la Cancillería en la negociación, sino para que la apreciación técnica llegue a la mesa donde se decide.
A esta falla específica conviene ponerle nombre: ciclo roto, diagnóstico sin decisión. El eslabón que existe —saber— no está conectado con ninguno de los que deberían seguirlo: decidir, asignar recursos, actualizar la cifra. Se sabe todo. No se decide nada.
Argentina documenta el financiamiento de la administración que disputa, pero no ha construido una política capaz de contenerlo. El diagnóstico es exacto. La política, ausente.
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¹ Malvinas Islands Government, Treasury Department, Approved Estimates of Revenue & Expenditure 2022/23 y 2023/24, y Final Approved Budget 2024/25 y 2025/26, tabla “Abstract of Revenue by Directorate”, partida “410 Natural Resources”, columna “Actual” del ejercicio correspondiente (falklands.gov.fk/finance/downloads).
² Malvinas Islands Government, Executive Council, Budget Planning – 2025/26 onwards (Paper N.º 181/24, 29 de octubre de 2024), sección 4.3.2 (assembly.gov.fk).
³ Ivanovic, M.L. et al., Calamar argentino. Pesquería 2022. Informe final (Informe Técnico Oficial N.º 2), INIDEP (2023), marabierto.inidep.edu.ar; Calamar argentino. Temporada 2023. Informe final (Informe Técnico Oficial N.º 16), INIDEP (2024); Calamar argentino. Temporada 2024. Informe final, INIDEP (2025), marabiertonew.inidep.edu.ar.
⁴ Sobre la doctrina de “zona gris”: Mazarr, M. J., Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict, U.S. Army War College Press, 2015; Brands, H., Paradoxes of the Gray Zone, Foreign Policy Research Institute, 2016.
⁵ Sobre el marco bilateral: acuerdos de 1975 y 1976 entre Noruega y Rusia (entonces Unión Soviética) para la gestión conjunta de stocks del Mar de Barents. Sobre la vigencia reciente del acuerdo: Gobierno de Noruega, “Norwegian-Russian Fisheries Agreement for 2026”, regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/en/whats-new/enighet-om-norsk-russisk-fiskeriavtale-for-2026/id3143864/).
⁶ Argentina y Uruguay, Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (1973), que crea la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, en funcionamiento ininterrumpido desde 1974.
⁷ Argentina y Reino Unido, Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros (28 de noviembre de 1990), que crea la Comisión de Pesca del Atlántico Sur; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, “Período 1989-Actualidad”, cancilleria.gob.ar.
⁸ Sobre los anuncios presidenciales y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: “Javier Milei, sobre las islas Malvinas: uno por uno los anuncios del presidente en la cadena nacional”, La Nación, 4 de septiembre de 2026; “Malvinas: las claves de los anuncios de Milei sobre sanciones, explotación petrolera y una nueva base naval”, Chequeado, 3-4 de septiembre de 2026. Sobre el DNU 867/2026 y la reasignación de fondos: “Tras el anuncio por Malvinas, el Gobierno giró fondos para la base naval de Ushuaia y Petrel, en la Antártida”, La Nación, 4 de septiembre de 2026. Sobre las respuestas posteriores: “Malvinas: la Asamblea Legislativa en las islas emitió un comunicado en respuesta al discurso de Milei”, La Nación, 5 de septiembre de 2026.