La Cámara Federal de Córdoba rechazó el reclamo de 18 exintegrantes del Ejército que prestaron apoyo en el territorio continental durante la guerra. El tribunal concluyó que no acreditaron haber participado en combates ni operado bajo riesgo de combate.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó que haber sido movilizado durante la Guerra de Malvinas no resulta suficiente para obtener el reconocimiento como veterano cuando las tareas fueron realizadas fuera del teatro de operaciones.
El fallo, dictado el 16 de junio de 2026, rechazó la apelación presentada por 18 exintegrantes del Ejército Argentino pertenecientes al Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 “General Balcarce”, la Compañía de Ingenieros Paracaidista 4 y la Compañía de Comunicaciones Aerotransportada 4.
Los demandantes habían sido convocados entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y cumplido funciones de apoyo operativo y logístico en la Zona de Despliegue Continental. Reclamaban el certificado de veterano, la pensión honorífica y los demás beneficios correspondientes.
La Cámara consideró acreditado que estuvieron movilizados durante el conflicto, pero señaló que permanecieron fuera del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Tampoco se demostró que hubieran participado en acciones bélicas o quedado expuestos a situaciones concretas de riesgo de combate.
Los exsoldados argumentaron que integraban la Reserva Estratégica Militar y se encontraban preparados para ser trasladados a las islas con pocas horas de anticipación. Sin embargo, el tribunal determinó que el estado de movilización y el cumplimiento de tareas vinculadas con la guerra no generan automáticamente la condición de veterano.
Para acceder al reconocimiento, la normativa exige haber actuado dentro de los teatros de operaciones o participado efectivamente en acciones o áreas de riesgo de combate.
Con ese criterio, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó el reclamo. Aunque reconoció el aporte realizado por los movilizados durante el conflicto, concluyó que las tareas de apoyo desarrolladas en el continente no reunían los requisitos legales para ser consideradas acciones bélicas.
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