El artículo anterior documentó cómo Argentina cedió, eslabón por eslabón, su cadena de combustible nuclear: el mineral importado de Kazajistán, la planta de producción de pellets de uranio paralizada, la negociación con una empresa norteamericana sin marco regulatorio propio. Este artículo documenta lo que ocurrió con el reactor. La diferencia es que el reactor no se cedió en un acuerdo: se fue con las personas que lo sabían construir.
El CAREM-25 —Central Argentina de Elementos Modulares, prototipo de 25 MWe — está construido al 85%. La obra civil está prácticamente terminada. Varios componentes principales están instalados en Lima, provincia de Buenos Aires. Completarlo costaría entre 200 y 300 millones de dólares. En diciembre de 2023, dejó de recibir fondos. No lo cancelaron: lo congelaron. Hay una diferencia crucial entre esas dos palabras.
Cuando se cancela un proyecto, los técnicos se enteran y el conocimiento queda institucionalmente registrado. Cuando se congela, los técnicos esperan. Miran el sueldo. Miran el presupuesto virtualmente cero de la CNEA —Comisión Nacional de Energía Atómica—. Miran el proyecto paralizado. Y en algún momento dejan de esperar. Con ellos, se va todo lo que saben. Y lo que saben no está en ningún manual.
Lo que sigue no es un análisis de política energética ni un alegato sindical. Es un análisis de soberanía tecnológica: qué le ocurre a un país cuando el conocimiento estratégico acumulado durante décadas empieza a cambiar de institución sin que nadie haya decidido explícitamente transferirlo.
La vasija que se fue a Nueva York
IMPSA —Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.— es una empresa mendocina con historia en grandes obras de infraestructura energética. Su participación en el ciclo nuclear fue crítica: IMPSA fabricó la vasija de presión del CAREM-25, el componente que contiene el núcleo activo y el refrigerante primario a alta temperatura. Fabricar una vasija de presión nuclear requiere un conocimiento de ingeniería altamente especializado que muy pocos proveedores dominan en el mundo. Argentina era uno de ellos.
Durante 2024, el gobierno privatizó IMPSA y la transfirió a un grupo inversor estadounidense. En marzo de 2026, durante una cumbre de negocios celebrada en Nueva York con presencia de la cúpula del Ejecutivo nacional y el gobernador de Mendoza, el CEO de IMPSA confirmó en una entrevista con Forbes un acuerdo con la presidencia de la CNEA para exportar el know-how de la vasija a desarrolladores de reactores modulares pequeños en los Estados Unidos. La describió como “carta de presentación” para un mercado donde cada cliente proyecta construir “entre 15 y 30 unidades”. Mientras tanto, dentro de la CNEA, la gerencia del área CAREM emitió una nota formal advirtiendo que toda información del proyecto está clasificada como CONFIDENCIAL desde 2009 y que IMPSA solo estaba autorizada a realizar “gestiones preliminares de carácter exploratorio”.
El gobierno lo llamó “un momento histórico para la industria nuclear argentina”. La nota de confidencialidad existía. La celebración, también. Un sello de CONFIDENCIAL sin una directiva punitiva que lo respalde es tinta en un papel. Lo que no existía era una directiva que estableciera qué parte de ese conocimiento no estaba en venta —ni quién tenía el mandato de hacerla cumplir.
Un sello de CONFIDENCIAL sin quien lo custodie no protege nada: anuncia lo que hay adentro.
Los ciento veinte
En julio de 2026, el Ministerio de Economía recibió la propuesta formal de Meitner Energy para construir en Atucha el primer reactor ACR-300 —Advanced Canadian Reactor, diseño de tercera generación avanzada de 300 MWe— del mundo. La inversión anunciada: 1.200 millones de dólares, financiados íntegramente con capital privado. La estructura societaria combina a la subsidiaria estadounidense de INVAP S.E. —empresa estatal de Río Negro— con un grupo inversor de capital extranjero que retiene el control de gestión. El proyecto requiere la aprobación del Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, versión extendida para proyectos superiores a mil millones de dólares— y el licenciamiento de la ARN —Autoridad Regulatoria Nuclear— argentina.
El ACR-300 no es el CAREM-25. Es un diseño de reactor modular de agua presurizada, propuesto para construir en Atucha con capital privado extranjero. La pregunta que el análisis de defensa debe hacer no es si el ACR-300 es técnicamente superior al CAREM: es si Argentina necesita construir un reactor de capital extranjero cuando tiene un prototipo propio al 85%. Esa pregunta no tiene respuesta tecnológica. Tiene respuesta política. Y la respuesta política, hasta ahora, es el silencio.
Meitner emplea ya un equipo de 120 profesionales, radicados en su mayoría en Bariloche. Una parte considerable proviene de la CNEA y de NASA —Nucleoéléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país—. Algunos dejaron directamente el proyecto CAREM para sumarse a Meitner, en un contexto de salarios depreciados y presupuesto prácticamente inexistente. No emigraron al exterior: cambiaron de organigrama. El país que los formó no es el que los emplea.
Un reactor congelado al 85% hace exactamente una cosa: esperar.
Los técnicos que lo construyeron, no.
La arquitectura del acuerdo merece atención: INVAP S.E. —empresa estatal de Río Negro, con gobierno corporativo propio— participa aquí no como brazo ejecutor del Estado nacional, sino a través de su subsidiaria en los Estados Unidos, como socia minoritaria de un consorcio extranjero que retiene el control. El cuadro merece leerse despacio: una empresa del Estado argentino opera como subcontratista minoritaria de un consorcio extranjero, para construir un reactor de diseño foráneo, en su propio territorio soberano. Eso no es coinversión: es la estructura estatal siendo utilizada para apalancar un proyecto que no es de ella. El reactor que se construiría en suelo argentino sería el primer FOAK —First of a Kind, primer ejemplar sin antecedente de operación comercial a escala — del diseño. Ser el banco de pruebas sin retener la propiedad intelectual es asumir el riesgo de otro. Si funciona, el activo es de Meitner. Si falla, el problema es de Argentina. Eso no es inversión: es externalización del riesgo con subsidio público. En términos llanos: si el reactor falla, Argentina absorbe las consecuencias; si funciona, la propiedad intelectual —y el dominio tecnológico— es de otro.
El código que nadie auditó
Aquí es donde el análisis de defensa tiene algo que decir que el análisis energético no dice: el problema no es solo qué tecnología se cede. Es qué información se filtra, por qué canal, y si alguien lo está midiendo.
El éxodo voluntario no fue el único vector de pérdida. En el mismo período, la CNEA registraba 61 bajas de personal. El gobierno las caracterizó como contratos a plazo fijo vencidos, sin afectación al núcleo técnico del organismo. Otros testimonios internos describen un panorama más complejo. La asimetría informativa es perfecta y reveladora: el actor externo sabía con precisión el peso estratégico de cada profesional que incorporaba a su organigrama. El Estado firmó bajas administrativas sin poder determinar la capacidad táctica que cedía. El Estado no puede decir quiénes eran. Eso significa que tampoco puede decir qué perdió. Esa es la confirmación empírica de lo que esta serie llama ausencia de doctrina.
El diseño del CAREM-25 existe como repositorios digitales: archivos de ingeniería, manuales técnicos, protocolos de prueba, especificaciones de fabricación. Durante décadas, esos repositorios fueron patrimonio exclusivo de la CNEA. Hoy, esa información circula —en alguna de sus formas— fuera del perímetro institucional, a través de tres canales simultáneos: las “gestiones preliminares exploratorias” autorizadas a IMPSA sobre la vasija; los intercambios de documentación técnica con empresas estadounidenses en el marco del ciclo del combustible; y la incorporación de técnicos ex-CNEA a Meitner Energy con décadas de conocimiento acumulado sobre el proyecto.
Los repositorios del CAREM no son solo planos. Son protocolos de soldadura de la vasija, curvas de calibración de los sistemas de control, especificaciones de pureza de los materiales de combustible, secuencias de arranque del reactor, matrices de análisis de falla. Esa información, en manos de un operador extranjero, no es solo propiedad intelectual: es inteligencia operativa sobre cómo se construye, opera y mantiene un reactor nuclear argentino. La diferencia entre un plano y un protocolo de arranque es la diferencia entre saber que algo existe y saber exactamente cómo funciona.
Ninguno de los tres canales de salida es necesariamente ilegal. Todos son, en distintos grados, el resultado de decisiones formales del Estado argentino. Pero el Estado argentino no ha auditado públicamente esa exposición. No ha publicado los protocolos de clasificación digital para los activos del CAREM. No ha establecido qué información puede circular, en qué formato, con qué resguardos y bajo qué condiciones de reversibilidad.
Esto no es burocracia. Es seguridad de la información estratégica. En cualquier sistema de defensa moderno, la protección del conocimiento tecnológico sensible requiere protocolos de clasificación, auditoría de accesos y trazabilidad de la documentación. Argentina tiene esos marcos: la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional clasifica como SECRETO toda información cuya divulgación afecte la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas; la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública reconoce como excepción válida la información clasificada por razones de defensa. Ambas leyes llevan años vigentes. Lo que no existe es la decisión de aplicarlas al CAREM. La ley existe. Simplemente se ignora.
Argentina tiene esos marcos para información clasificada en el ámbito militar. Lo que no tiene es la decisión de aplicarlos al CAREM. La omisión no es técnica: es política.
Cuando los técnicos se van, se llevan lo que saben. Cuando los archivos circulan sin auditoría, se lleva lo que está escrito. La diferencia entre transferencia tecnológica soberana y fuga de información estratégica no está en la tecnología: está en quién controla las condiciones de salida.
Esa distinción —quién controla las condiciones de salida— es exactamente lo que define si un país transfiere tecnología soberanamente o si, simplemente, la pierde.
A todo esto llamamos planeamiento bajo presión externa: el ciclo de planeamiento estratégico de defensa —apreciación, directiva, asignación de recursos, revisión periódica— que debería gobernar estas decisiones, simplemente no se ejecutó en el dominio nuclear. El resultado no es solo “ausencia de plan”: es un vacío que los actores externos con agenda propia están en condiciones de llenar. Y lo llenaron.
La presión no fue coercitiva. Fue acumulativa, incremental y formalmente bienvenida. Cada acuerdo firmado, cada empresa privatizada, cada proyecto paralizado y reemplazado por una alternativa de capital extranjero fue, en términos formales, voluntario. La presión operó porque no hubo resistencia soberana organizada: no porque existiera una fuerza que la impusiera. Los actores externos llegaron con programa, instituciones y agenda. Argentina respondió sin apreciación previa, sin directiva, sin asignación de recursos. La asimetría no es de poder: es de organización.
INVAP S.E. —empresa estatal de Río Negro que exporta reactores de investigación a veinte países y pone satélites en órbita— participa en Meitner como socia minoritaria de un proyecto de capital extranjero. El MINDEF —Ministerio de Defensa— no tiene representación formal en ninguna de las decisiones que afectan al ciclo nuclear. La ARN evalúa seguridad regulatoria, no soberanía estratégica. Nadie en el Estado argentino tiene hoy el mandato explícito de preguntarse: ¿qué es lo que no está en venta en el programa nuclear?
El CAREM-25 congelado, los técnicos que pasaron a Meitner, la vasija que se promociona en Nueva York: todo eso es lo que ocurre cuando el ciclo de planeamiento estratégico —apreciación, directiva, asignación de recursos, revisión — no se aplica al dominio nuclear. El reactor no se fue por un decreto. Se fue porque nadie decidió que valía la pena quedárselo.
El CAREM-25 sigue al 85%, en Lima, Buenos Aires. Ahí va a seguir
mientras nadie decida terminarlo. O hasta que alguien admita que
ya no hace falta, porque un país que no decide qué proteger
termina cediendo lo que construyó. El reactor sigue al 85%. El
conocimiento, ya no.
Un país que no sabe qué quiere proteger no puede protestar cuando otro se lo lleva. La queja retrospectiva no es política de defensa. Es el precio de no haber tenido una.
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