Recientemente, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N°10.876, sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia, y rechaza el límite territorial actual que rige con San Juan. La Rioja reanuda, de este modo, una tensión y un conflicto territorial histórico con su provincia vecina, alegando que los límites territoriales actuales habrían sido impuestos y deben ser revisados.
El gobernador riojano del Partido Justicialista (PJ) ratifica el rechazo de la provincia a los límites territoriales que rigen, actualmente, con San Juan. De acuerdo al mandatario provincial, dichos límites habrían sido impuestos por la dictadura militar. En este contexto, la Legislatura provincial habría sancionado una ley –la N°10.876–, a modo de rechazo, que recientemente fue promulgada por el gobernador, quien lo anunció, a través de un posteo en sus redes sociales. La ley ratifica el reclamo territorial de La Rioja sobre áreas que, actualmente, se encuentran bajo jurisdicción de San Juan, e incluso habilita acciones políticas y judiciales para avanzar con el pedido y reclamo.
En esta línea, la ley promulgada por Quintela cuestiona los límites territoriales fijados por la Ley N°18.004, sancionada por el Congreso Nacional en el año 1968, bajo la dictadura militar que presidía Juan Carlos Onganía. Dicha ley fue, de hecho, la que fijó los actuales límites territoriales entre San Juan y La Rioja, que hoy esta última provincia reclama, en tanto adjudica que dicha delimitación perjudicó sustancialmente a la provincia. De allí, se plantea la necesidad de una revisión del trazado y los límites vigentes.
La Ley N°10.876 faculta al Poder Ejecutivo provincial a impulsar las gestiones, que considere necesarias, ante el Congreso Nacional y la Justicia para efectuar una revisión de los límites territoriales vigentes. Incluso, incluye la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Quintela reconoce y subraya que “la soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”.
De esta manera, La Rioja no sólo rechaza los límites territoriales actuales sino que exige y reclama a San Juan territorios clave, entre los cuales, por ejemplo, se encuentran algunos proyectos mineros, como Lunahuasi y Vicuña, que es nada más ni nada menos el proyecto minero más grande del país, a día de hoy. La disputa territorial involucra zonas con recursos naturales y estratégicos, y actividad minera.
La respuesta de San Juan
La respuesta de San Juan llegaría poco tiempo después, cuando el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, sostuvo que los límites territoriales provinciales actuales se encuentran vigentes. En este sentido, Orrego subrayó que no existe margen alguno para discutir la pertenencia o no de dichos territorios, en un intento de desestimar el reclamo riojano.
Según revelan reportes recientes, el gobernador de San Juan ya había rechazado y desestimado planteos anteriores similares, el año pasado. Ahora, la provincia vuelve a defender los límites vigentes, de manera tajante y clara: “Nuestra jurisdicción no está en discusión” concluyó Orrego, quien sostuvo que los límites entre las provincias llevan más de medio siglo en aplicación y vigencia. Además, en paralelo, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo al reclamo de La Rioja, ratificando la vigencia de los límites establecidos en 1968, en el marco de la Ley 18.004.
La Rioja reabre un histórico conflicto y disputa con San Juan por los límites territoriales vigentes. Ahora, a través de la Ley 10.876, promulgada por el gobernador riojano Quintela, exige no solo la revisión de los trazados y delimitaciones actuales, sino también la entrega de zonas y áreas claves, vinculadas a la actividad minera y con recursos estratégicos clave. La Rioja busca declarar la nulidad de los límites fijados en 1968, mientras que San Juan, que ya rechaza el reclamo riojano, busca defender el esquema vigente.
Te puede interesar: El Gobierno Nacional modifica y moderniza el régimen minero vigente