El Estado amplió su aparato de inteligencia civil y, ahora, militar; el Congreso siguió sin capacidad propia para comprenderlo. Vivimos una revolución de asuntos de inteligencia que el Parlamento Argentino observa desde las gradas. La respuesta no es temer a la reforma, es fortalecer el control y animarse a ser protagonista.
En diciembre de 2025 se firmó el Decreto 941, publicado los primeros días de enero, que hizo dos cosas a la vez. Amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado y, en un giro que pasó más inadvertido de lo que merece, reorganizó la inteligencia militar, eliminando la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que funcionaba en la órbita del Ministerio de Defensa, revitalizando la inteligencia del Estado Mayor Conjunto bajo mando castrense y restaurando las funciones de contrainteligencia militar. La Justicia ya rechazó una medida cautelar en su contra. Se discutió mucho la forma, los decretos de necesidad y urgencia, y muy poco el fondo. Y el fondo es un dato institucional que casi nadie señaló; en cada uno de esos pasos, el Poder Ejecutivo expandió sus capacidades de inteligencia, y el Congreso de la Nación no expandió, ni un punto, su capacidad de controlarlas.
Conviene decirlo sin maniqueísmo, porque lo sostuve en estas mismas páginas, la reforma es, en parte, una respuesta imperfecta a deficiencias estructurales que le costaron vidas a la Argentina. La voladura de la AMIA y la muerte del fiscal Nisman son cicatrices de un sistema que no supo anticipar ni proteger. Querer corregir veinte años de parálisis no es, en sí mismo, censurable. El problema no es que el Estado quiera ver mejor. El problema es quién controla esa nueva capacidad de ver, y con qué herramientas.
Lo llamé, en un artículo que estoy terminando, la caja negra del Estado, un aparato cuyo funcionamiento interno es opaco para los ciudadanos en cuyo nombre actúa, y cuya opacidad nunca fue acompañada por instituciones capaces de mirar dentro de él. No es una metáfora cómoda. Es la descripción precisa de un poder que crece, y que ahora suma una dimensión militar reactivada, mientras el control que debería iluminarlo se queda, una y otra vez, en la caverna.
Una revolución que el Congreso mira de afuera
Hace tiempo vengo planteando que atravesamos una verdadera revolución de asuntos de inteligencia, equivalente a la que en su momento transformó los asuntos militares. La democratización de las fuentes abiertas, el big data, la inteligencia artificial y la mutación de las amenazas, desde el crimen organizado transnacional a las operaciones de influencia y la guerra cognitiva, que cambiaron la naturaleza misma del oficio. Producir inteligencia hoy es algo distinto de lo que era hace veinte años. Las reformas recientes son, en buena medida, un intento de poner al aparato estatal a la altura de esa revolución. Pero la revolución es de doble filo; el mismo salto que vuelve más poderosa a la inteligencia vuelve más urgente, y más difícil, su control democrático. Y ahí el Parlamento llega tarde. Mirando la revolución desde las gradas.
Un control que llega tarde
La Comisión Bicameral de Fiscalización, creada por la Ley 25.520, tiene autoridad formal, pero carece de capacidad real. Su acceso a la información clasificada depende en la práctica de la buena voluntad del Poder Ejecutivo, su personal técnico es mínimo frente a las agencias que debe fiscalizar, y su funcionamiento es intermitente. Tiene la facultad de controlar. No tiene los medios para ejercerlo. Y el problema es viejo y se torna estructural en el caso argentino: el organismo central de inteligencia cambió de sigla tres veces en cuatro décadas de democracia sin que ninguna de esas refundaciones tocara el fondo. Cada ciclo cambió la fachada y dejó intacta la distribución del poder. Es una rueda que gira sobre sí misma, con cada gobierno, sin importar su signo.
No es un problema solo nuestro. Las democracias con los sistemas de control más desarrollados de los países occidentales chocan con el mismo muro. En junio de 2024, el comité parlamentario de inteligencia de Canadá, probablemente el más sofisticado del hemisferio, detectó con precisión la interferencia extranjera en dos elecciones, la documentó y la reportó; el poder político tardó más de cuatro años en actuar. En Alemania, fue el Tribunal Constitucional, en 2020, y no el control parlamentario, el que frenó la vigilancia exterior de su servicio de inteligencia. La lección es incómoda; el control que solo reacciona, que espera el escándalo, el fallo judicial o la filtración, llega siempre tarde, porque la información que necesita para actuar está, por definición, en manos de aquel a quien debe controlar.
La doble caja negra
La inteligencia artificial agrava el cuadro hasta volverlo crítico. Cuando un sistema produce decisiones a partir de modelos que ni sus propios diseñadores pueden explicar del todo, insertos además dentro del secreto de un servicio, el ciudadano enfrenta una doble caja negra. La opacidad del algoritmo dentro de la opacidad del secreto. Un control que solo pregunta si un funcionario siguió una regla no tiene asidero sobre un proceso que ningún funcionario comprende por completo. El instrumental de fiscalización que heredamos fue diseñado para otro siglo y otra escala.
A esa opacidad se suma otra, menos visible y más decisiva: la de las adquisiciones. Las capacidades de vigilancia más sensibles del Estado moderno rara vez se fabrican localmente o se participa de su diseño; se adquieren a proveedores comerciales, muchas veces por canales reservados que esquivan los procesos de licitación y la notificación. Y ahí está el punto donde el control podría ejercerse con mayor facilidad y casi nunca se ejerce. No en la fase operativa, que el ciudadano jamás ve, sino en el contrato, que un órgano con competencia técnica podría examinar antes de que ocurra el daño. Quien controla la adquisición, controla la capacidad.
Fortalecer la fiscalización, no temerle
El Congreso no puede controlar lo que no entiende, ni anticipar lo que no analiza. La fiscalización reactiva, la que se limita a pedir informes y a responder al escándalo, es necesaria, pero insuficiente. La buena noticia es que la salida no exige inventar nada exótico ni montar una burocracia paralela. Exige, sobre todo, fortalecer lo que ya existe. La Comisión Bicameral de Fiscalización, hoy un órgano con autoridad y sin medios, puede y debe transformarse en algo distinto; un nodo activo de la comunidad de inteligencia, dotado de capacidad analítica propia, de personal técnico estable y especializado, con acceso real y no condicionado a la buena voluntad del Poder Ejecutivo, y con la facultad de producir su propio conocimiento estratégico.
Porque una comunidad de inteligencia madura no se agota en el Poder Ejecutivo, incluye al Parlamento como productor, y no solo como receptor, de producción de conocimiento estratégico para la Nación. Hablo de un Congreso que deje de homologar la inteligencia ajena y empiece a producir la propia; que pueda formular escenarios, evaluar con rigor técnico la eficacia y la legalidad de los organismos, y asesorar en materia de legislación con conocimiento y no con intuiciones. No es ciencia ficción. Las grandes democracias dotaron a sus legislaturas de capacidades analíticas robustas hace décadas, precisamente para no depender, a la hora de decidir, del relato del poder que debían controlar. Junto a la Fundación que dirijo venimos trabajando en propuestas concretas para fortalecer esa capacidad; su forma institucional precisa es, justamente, materia del debate que el propio Congreso debería animarse a dar.
Una oportunidad, no una amenaza
Anticipo la objeción, porque es la primera que escucho: ¿no invade esto las competencias del Ejecutivo? ¿No es el Congreso, en materia de inteligencia, un obstáculo antes que una ayuda? Es exactamente al revés, y conviene desarmar el prejuicio con cuidado, porque es el que ha condenado a la fiscalización a la irrelevancia. Hay cuatro razones para verlo así.
Primero: un Congreso que produce conocimiento estratégico no compite con el Poder Ejecutivo; cumple su función constitucional de manera cabal. La división de poderes no es un estorbo a la eficacia del Estado, es su garantía de largo plazo. Un Ejecutivo que rinde cuentas ante un Parlamento competente toma mejores decisiones, no peores, porque se obliga a explicar y a justificar, y porque cuenta con una segunda mirada experta capaz de advertir lo que la urgencia operativa no ve.
Segundo: la rendición de cuentas, lejos de debilitar a la inteligencia, es la condición de su sustentabilidad. Los servicios que sobreviven a los cambios de las Administraciones de Gobierno conservan la confianza pública y atraen talento profesional son, en todas las democracias serias, los que operan bajo un control creíble. Los que no, van de escándalo en escándalo, se disuelven y se refundan, y pierden la continuidad de la que depende su eficacia. La República Argentina conoce ese ciclo de memoria, en cada refundación quemó capital político y dejó el problema de fondo intacto.
Tercero, es decisivo en el contexto de la reciente reactivación de la inteligencia militar, cuanto más amplias y sensibles son las capacidades que el Estado pone en marcha (incluida la posibilidad de que las Fuerzas Armadas produzcan inteligencia sobre ‘organizaciones no estatales’, una categoría que la propia norma no termina de delimitar), más imprescindible se vuelve un control democrático a la altura. No por desconfianza hacia las instituciones, sino por respeto a ellas. La mejor manera de blindar a la inteligencia militar de la sospecha histórica es someterla a un control parlamentario robusto, técnico y transparente. El control no es el enemigo de la capacidad; es lo que la vuelve legítima y, por lo tanto, duradera.
Y cuarto: estamos ante una oportunidad histórica que sería un error desperdiciar. Vivimos el momento de reorganización del aparato de inteligencia más importante en dos décadas, y es precisamente en estos umbrales, cuando todo se está rediseñando, donde las grandes decisiones institucionales son posibles. Se puede, y se debe, hacer las dos cosas a la vez: expandir la capacidad operativa del Estado y, en el mismo movimiento, dotar al Congreso de la inteligencia para gobernarla. Lo uno sin lo otro nos deja donde estamos, con un poder tecnológico que crece y un control democrático que no logra seguirle el paso.
La revolución de asuntos de inteligencia no espera a nadie. O el Parlamento se sube a ella como protagonista, proactivo, propositivo, productor de conocimiento y no mero obstáculo, o quedará, una vez más, mirándola desde las gradas. Porque, en definitiva, la inteligencia sin metodología es apenas rumor, y el poder político sin inteligencia es poder ciego. La pregunta, entonces, no es si podemos permitirnos fortalecer el control. Es cuánto más vamos a permitirnos seguir sin él.
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