Según reportes recientes, el Gobierno Nacional endurece las fronteras argentinas y expulsa aproximadamente a 14.000 ciudadanos extranjeros. Se estima que, desde noviembre del año pasado hasta el momento, se habrían oficializado alrededor de 14.000 expulsiones de ciudadanos extranjeros del territorio nacional. Así lo confirmó, de hecho, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que las expulsiones se explican como resultado de irregularidades e incumplimientos de la política migratoria vigente.
El gobierno de Javier Milei ha impulsado una significativa reforma de la política migratoria argentina, con cambios y modificaciones que endurecen los requisitos de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros del territorio nacional. En este contexto, la política migratoria vigente busca acompañar el fortalecimiento y endurecimiento de las fronteras argentinas, frente al exponencial y acelerado crecimiento de la delincuencia organizada transnacional en las zonas de frontera y principalmente, en la Triple Frontera, que Argentina comparte con Brasil y Paraguay.
El Gobierno Nacional ha estado promoviendo e impulsando el fortalecimiento de los controles fronterizos en tierra, con la presencia y el despliegue operativo de las Fuerzas Federales de Seguridad en el norte y noreste del territorio argentino, como así también de las Fuerzas Armadas, en el marco de la Operación Roca. El despliegue operativo permanente de efectivos en las zonas fronterizas de mayor vulnerabilidad, concentradas especialmente en la frontera norte, no queda ajeno a la cuestión. Además, en el último tiempo, se han ampliado las causas para rechazar el ingreso de personas con antecedentes penales al país o que presenten irregularidades documentales.
En esta línea, la política migratoria se vincula íntima e íntegramente con la seguridad nacional y el control de las fronteras del territorio nacional. De hecho, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva explicó, según La Nueva Mañana, que hay una reconfiguración de las migraciones tal como las conocemos. En este sentido, la funcionaria remarca que, hoy en día, los movimientos migratorios se orientan, principalmente, hacia países de ingresos medios, como es el caso de la República Argentina, lo que impone la necesidad de fortalecer los controles migratorios vigentes.
Al respecto Monteoliva subrayó que “en ningún momento estamos criminalizando la migración, no es ese el concepto, pero sí sabemos que, si no hay un orden migratorio y si no hay un refuerzo del control fronterizo, eso genera problemas a la seguridad nacional”. En este contexto de endurecimiento de las fronteras argentinas y la política migratoria vigente, el Gobierno Nacional incrementa las expulsiones y deportaciones. Como parte de la reforma, impulsada el año pasado por el gobierno, se habrían ampliado y endurecido los requisitos de permanencia y expulsión de extranjeros del territorio nacional, simplificando, además, procedimientos administrativos y burocráticos.
De este modo, desde noviembre del año pasado hasta el momento, se habrían oficializado alrededor de 14.000 expulsiones y deportaciones de extranjeros del territorio nacional, mientras semanalmente se registran allanamientos sorpresas en zonas y barrios comerciales con significativa presencia de extranjeros, como Flores, Liniers y Abasto, por nombrar los casos más recientes. En este contexto, La Nueva Mañana advierte que ya son varias las organizaciones de derechos humanos que cuestionan la reforma migratoria del Gobierno Nacional y su accionar en la materia, en tanto se restringe de derechos a las personas migrantes y se vincula la migración con la inseguridad.
No obstante, desde el gobierno continúan impulsando el endurecimiento de las fronteras argentinas, frente al crecimiento del crimen organizado transnacional en la región que logra penetrar los controles y la seguridad fronteriza y busca nuevas formas de ingresar a la Argentina. En este escenario, las deportaciones y expulsiones de migrantes y extranjeros se han vuelto recurrentes, con requisitos de ingreso, permanencia y expulsión más rigurosos y duros, bajo el gobierno de La Libertad Avanza, en concordancia y línea con la narrativa estadounidense de la administración republicana de Donald Trump.
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