El día de ayer, mediante la Resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional modificó el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), con cambios y ajustes en línea con la reorganización y reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), que fue redefinido a través del polémico y cuestionado DNU 941/2025. La medida redefine y reorienta las funciones de la inteligencia militar, restablece la contrainteligencia militar y marca la necesidad de obtener un sistema eficiente frente a las amenazas externas y la complejidad del escenario internacional actual.
A partir de la Resolución 323/2026, el Ministerio de Defensa informa que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), la Dirección General de Inteligencia Del Ejército Argentino (DGIE), la Dirección General de Inteligencia de la Armada Argentina (DGIA) y la Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina (DGIFAA). Según la disposición, estas, de hecho, integrarán la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que se desarrolla bajo la dirección y coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Lo más importante de esta reforma, sin embargo, es la separación de la inteligencia y la contrainteligencia. Según reportes especializados, la medida del Ejecutivo corrige una anomalía doctrinaria e ideológica, que afectaba de lleno las capacidades del propio Sistema de Inteligencia de Defensa de la Argentina, y alteraba la obtención de información, entre otras cuestiones. La Resolución 323/2026 restablece, de esta manera, las capacidades de contrainteligencia militar dentro del SIDEF, frente actores estratégicos que llevan adelante amenazas y agresiones externas y/o manifestaciones tácticas híbridas, con capacidad de afectar al Sistema de Defensa Nacional y al instrumento militar de la Argentina.
La contrainteligencia militar estaba prohibida desde el año 2006. En ese entonces, a través de la Resolución Nº381/06, se determinó que los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no podrían realizar ninguna actividad de contrainteligencia, cualquiera fuera su denominación según la doctrina vigente. 20 años después, la disposición del Gobierno Nacional revierte esta situación y restablece la capacidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas y actividades de contrainteligencia, en el marco del SIDEF.
Sin embargo, frente a las alarmas y acusaciones públicas, es menester señalar que la normativa mantiene las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia, vinculadas a personas y organizaciones políticas, sindicales y/o sociales, ajenas a la Defensa Nacional. Por lo que, esta cuestión de alta sensibilidad no fue modificada, pese a las alarmas y alertas públicas que se han generado en las últimas horas, desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, el pasado miércoles.
La medida reorganiza y reestructura el propio Sistema de Inteligencia de Defensa, a través de modificaciones clave, como el restablecimiento de la contrainteligencia militar, el establecimiento de mecanismos de control y coordinación institucional, gestionados a través de la Secretaría de Inteligencia de Estado, la redefinición de las funciones de inteligencia militar frente a amenazas externas y actores estratégicos, y la determinación de los lineamientos generales para la producción de inteligencia y contrainteligencia, explicitados en el Artículo 6 de la resolución. Este, de hecho, señala:
“La Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa efectuará requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de inteligencia de la defensa a través de Directivas de Inteligencia específicas sectoriales. A través de ellas, impartirá a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”.
Además, la normativa establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será la encargada de elaborar y emitir el Plan de Inteligencia de Defensa, el cual deberá ser aprobado por el ministro de Defensa, cargo que actualmente ocupa el Teniente General Carlos Presti. El Plan de Inteligencia de Defensa establecerá “los lineamientos para la planificación y el desarrollo de las actividades de obtención de información y producción de inteligencia por parte de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia de Defensa” especifica el Artículo 7. Cabe recordar, de hecho, que en el mes de enero, ya se habían formalizado cambios y modificaciones en la inteligencia militar.
En paralelo, la resolución plantea una adecuación del sistema argentino a los requerimientos y exigencias tecnológicas actuales, abogando por un aumento e incremento de las operaciones en el campo de lo cognitivo y lo digital, frente a un contexto donde la modernización y la protección del instrumento militar resultan claves. Ante la necesidad de que la Defensa Nacional disponga de un Sistema de Inteligencia eficiente y acorde a las amenazas y agresiones del escenario internacional y regional actual, el Gobierno Nacional ha modificado y reformado el Sistema de Inteligencia de Defensa, con nuevos cambios y ajustes.
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