Esta semana el gobierno envió un proyecto de reforma electoral al Congreso de la Nación. La iniciativa entró al Senado de la Nación, el pasado jueves, e incluye modificaciones sustanciales en el sistema electoral y partidario local, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Sin embargo, resulta interesante preguntarse ¿qué es lo que propone la nueva reforma electoral del gobierno y cuáles son los puntos claves del proyecto?
Como se adelantó, el día miércoles, el gobierno envió un proyecto de reforma electoral al Congreso de la Nación, que se presentó en el Senado. El documento con 79 artículos busca introducir cambios estructurales y significativos en el sistema electoral y partidario argentino, con el objetivo de reducir el gasto público y dotar de mayor autonomía a las fuerzas y partidos políticos. El proyecto reforma la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N°23.298; la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N°26.571 y sus modificatorias; el Código Electoral Nacional; y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N°26.215 y sus modificatorias.
El proyecto de Ley Reforma Electoral Integral propone cambios y modificaciones en el proceso electoral, la organización de los partidos políticos y el financiamiento, entre otras cuestiones. Uno de los puntos y ejes centrales del proyecto es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). El proyecto busca suprimir y eliminar definitivamente las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que el año pasado fueron suspendidas, extraordinariamente, para las elecciones de medio término. Por lo que, serán los partidos políticos quienes deberán definir a sus candidatos ahora con mecanismos internos.
En esta línea, el proyecto del Poder Ejecutivo propone la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, con cambios en la organización de los partidos políticos, endureciendo los requisitos para crear y mantener las organizaciones político-partidarias, con un piso mínimo de afiliados del 0,5% del padrón electoral del distrito y plazos para obtener reconocimiento legal. Además, se establecen condiciones para conservar la personería jurídico-política, como por ejemplo alcanzar, como mínimo, el 3% del padrón en elecciones.
Otro de los puntos claves y centrales de la reforma de la Ley de Partidos Políticos es la ficha limpia. El gobierno busca reintroducir el tema, que fue tratado el año pasado por el Congreso de la Nación y no logró ser aprobado y sancionado por la falta de votos requeridos. En este sentido, se busca incorporar la figura de ficha limpia al sistema electoral argentino, introduciendo nuevas reglas para las candidaturas. Ficha limpia impide que cualquier sujeto condenado en segunda instancia por delitos de corrupción y contra la administración pública pueda presentarse como candidato a un cargo electivo nacional u ocupar un cargo en la Administración Pública Nacional (APN), sin necesidad de que exista un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como rige en la actualidad.
Además, se introducen cambios en la selección de los candidatos, con requisitos de avales ciudadanos para la postulación y limitando a una sola lista por categoría. En paralelo, el proyecto busca ratificar el sistema de votación, Boleta Única de Papel (BUP), implementado en las elecciones legislativas nacionales del año pasado. Ahora el Ejecutivo busca introducir este sistema de votación a la legislación electoral nacional, que incluye todas las categorías en un solo instrumento, a fin de simplificar los procesos electorales y reducir costos y gastos.
En paralelo, la reforma introduce cambios en la campaña electoral, redefiniendo su duración y con nuevas restricciones sobre actos de gobierno en los días previos a las elecciones, aunque, en paralelo, se flexibiliza la publicidad política, que podrá realizarse incluso fuera del período establecido. Dentro de los ejes y puntos claves también se encuentra el financiamiento político, como se adelantó. El proyecto apunta a mantener los aportes públicos aunque busca cambiar y modificar la distribución con más controles y transparencia y límites a los aportes privados. En este sentido, se prohíben las donaciones anónimas y las donaciones provenientes de empresas vinculadas al Estado, y se introduce la obligación de los partidos políticos de informar los ingresos de campaña de forma periódica.
El proyecto busca modificar y reestructurar el sistema político, partidario y electoral de la República Argentina, de cara a los comicios presidenciales del 2027, cuando La Libertad Avanza busca la reelección. Se apunta a reducir la fragmentación partidaria imponiendo límites y condiciones para la creación y el mantenimiento de los partidos políticos; aumentar los controles sobre el financiamiento político; eliminar las PASO; modificar las campañas electorales y endurecer los controles sobre los candidatos, excluyendo de la competencia a aquellos sujetos condenados, en segunda instancia, por actos de corrupción o delitos contra la administración pública. De este modo, el gobierno de Javier Milei busca modificar las reglas de juego electoral y partidario de la República Argentina a un año de las elecciones presidenciales.
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