El jueves pasado, el Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto ya tiene media sanción. En período de sesiones extraordinarias, la Cámara alta aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto redefine el alcance de los ambientes periglaciales y genera un fuerte debate social.
El Poder Ejecutivo Nacional ha estado buscando modificar la Ley de Glaciares vigente, que fue sancionada en el año 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la iniciativa había sido incluida en el primer proyecto de la Ley Bases aunque finalmente sería removida. La legislación vigente impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, como así también la instalación de industrias y la construcción de obras e infraestructura que modifican la dinámica del hielo, la calidad del agua, y el almacenamiento o el manejo de sustancias tóxicas en los glaciares y los ambientes periglaciales.
El Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para la habilitación de actividades productivas en áreas periglaciales, restringidas por la actual legislación para el cuidado y la protección de los recursos hídricos y acuíferos, y la biodiversidad. Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulces más importantes de la Argentina y alimentan, de hecho, las cuencas hidrográficas del país.
Sin embargo, el ambiente periglacial también cumple un rol central y estratégico para la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad en el territorio nacional. Según informes especializados, los glaciares actúan como “tanques de agua naturales”, que almacenan agua en forma de hielo y la liberan, de manera gradual, a lo largo del año, especialmente en épocas de sequía.
El Senador Agustín Coto (La Libertad Avanza), miembro informante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, señaló que: “Después de 15 años estamos resolviendo dudas y normalizando una ley conforme a la Constitución Nacional y a lo que solicita la Corte Suprema. Si aquí hay una concesión, es a la ciencia y no a una industria en particular”.
Lo que cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
La polémica en torno a la reforma de esta ley radica en la posible afectación que la modificación de la normativa vigente podría tener en las fuentes de reservas hídricas y en los recursos acuíferos, como resultado de la redefinición de lo que se considera glaciar y ambiente periglacial, que son zonas protegidas. Sin embargo, desde los espacios que apoyaron y promovieron esta reforma explican que el objetivo de modificar la Ley de Glaciares se centra en compatibilizar y equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo.
Desde el gobierno explican que, el proyecto clarifica el objeto de protección de la ley: glaciares y geoformas de ambiente periglacial con funciones hídricas relevantes y sustanciales. Mientras que la ley vigente protege a todos los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas, el proyecto del Ejecutivo modifica el objeto de protección y limita la protección y tutela a aquellos cuerpos que cumplan funciones hídricas efectivas y relevantes para la recarga de cuencas hidrográficas.
Diversas organizaciones ambientales ya denuncian que el proyecto del oficialismo es una “regresión ambiental inconstitucional”, en tanto vulnera significativamente el Acuerdo de Escazú, firmado por la Argentina. Desde esta perspectiva, la reforma de la Ley de Glaciares constituye un retroceso en materia de protección del agua.
A su vez, otro de los cambios que introduce la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo es la ampliación de las competencias provinciales. El proyecto introduce la participación de cada jurisdicción en la definición de las zonas periglaciales y de sus recursos naturales, bajo un esquema de estándares mínimos coordinados. Según explica el Senador Flavio Fama (Unión Cívica Radical), esto permitirá que la norma sea aplicada de manera homogénea en todo el territorio nacional. De esta manera, cada provincia podrá determinar qué glaciares protege y cuáles pueden ser habilitados para actividades productivas extractivas, como la minería, por ejemplo.
Este último punto atenta, según los expertos, contra la Constitución Nacional. El Artículo 41 le otorga al Congreso Nacional la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales, como lo es la actual Ley de Glaciares. Ello permite fijar una protección mínima, de alcance nacional y federal, que las provincias no pueden achicar ni limitar.
La ampliación de competencias provinciales va en contra de esta lógica de presupuestos mínimos, en tanto con la reforma el piso de protección será fijado por las propias provincias, en función de si consideran relevante o no el aporte de agua dulce de los glaciares a su territorio, lo que podría generar conflictos jurisdiccionales por el acceso al agua.
Los defensores del proyecto señalan que la protección de los ambientes periglaciales de la actual legislación es demasiada “amplia e indefinida” y habilita bloqueos a proyectos e iniciativas productivas en zonas donde, en realidad, no hay recursos hídricos como tales que puedan ser vulnerados y afectados.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que busca terminar con una lógica, que desde el gobierno califican de “ridícula y retrógrada”, entre ambiente y economía, fue aprobado por el Senado con 40 votos afirmativos, 31 votos en contra y 1 abstención. De este modo, la iniciativa del Ejecutivo ya tiene media sanción aunque todavía resta su tratamiento en la Cámara baja.
Te puede interesar: ¿De qué se trata la Ley de Glaciares que busca impulsar el Gobierno Nacional?
