El gobierno de Javier Milei prorrogó por un año el plazo para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y lo extendió hasta el 8 de julio de 2027, al tiempo que amplió su alcance para incorporar nuevos desarrollos de hidrocarburos con un umbral mínimo de USD 600 millones para proyectos costa adentro. La medida quedó formalizada en el Decreto 105/2026, publicado este jueves, y apunta a sostener el pipeline de proyectos en energía, minería e infraestructura, en un contexto donde el Gobierno busca acelerar inversiones orientadas a exportaciones y acumulación de divisas.
Según el texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, la prórroga utiliza la facultad prevista en el artículo 168 de la Ley 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a extender por única vez el plazo original de adhesión. En paralelo, la norma introduce cambios operativos para “delimitar con mayor precisión determinados alcances y optimizar su eficacia”, con foco en seguridad jurídica y aplicación práctica del régimen.
Uno de los ejes centrales es el sector de petróleo y gas. El decreto incorpora expresamente la “explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro” como actividad alcanzada, y fija para estos proyectos un piso de USD 600 millones en activos computables. También define qué se considera “nuevo desarrollo”: áreas que al momento de sanción de la ley no tenían un nivel de desarrollo significativo y que, al solicitar la adhesión, no registren inversiones en explotación o producción.
La ampliación busca capturar proyectos que, por escala y maduración, suelen quedar fuera de ventanas regulatorias cortas y requieren previsibilidad para cerrar financiamiento, contrataciones y cronogramas. En términos políticos, el RIGI se consolidó como la principal herramienta del Ejecutivo para ofrecer estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a inversiones de largo plazo, con el objetivo explícito de empujar sectores “estratégicos” con perfil exportador.
Más reglas para evitar fragmentación y ordenar la implementación
El Decreto 105/2026 también incorpora criterios para evitar la fragmentación artificial de grandes proyectos en energía, una práctica que en la discusión técnica suele aparecer cuando distintas etapas o componentes se presentan como iniciativas separadas para encajar en requisitos formales. Además, establece exigencias de segregación y trazabilidad cuando en una misma área coexistan actividades alcanzadas y no alcanzadas por el régimen, obligando a sistemas de medición separada y a que el vehículo del proyecto sea titular exclusivo de activos y operaciones vinculadas al “Proyecto Único”.
En el caso de la actividad costa afuera, la norma alinea el umbral mínimo de inversión del subsector exploratorio y productivo a USD 200 millones, justificándolo en el perfil de riesgo, la intensidad de capital y los plazos típicos de la exploración offshore. En la práctica, el ajuste busca compatibilizar el RIGI con la lógica de proyectos que demandan grandes desembolsos iniciales, pero tienen horizontes de retorno más extensos y mayor incertidumbre geológica.
El decreto también retoca definiciones y herramientas para el sector de tecnología, ampliando el criterio de “ampliación” de proyectos para contemplar no solo aumentos cuantitativos de capacidad, sino también la incorporación de nuevos productos con cambios tecnológicos sustanciales, bajo condiciones estrictas de inversión mínima y justificación técnica. A la vez, precisa el alcance del esquema de amortización acelerada para bienes e infraestructura asociados al proyecto, y ordena aspectos operativos vinculados al acceso al mercado de cambios y al cómputo de divisas afectadas específicamente al Proyecto Único.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la medida como una prórroga “para hacerlo más claro y eficiente” y vinculó la decisión con la necesidad de sostener previsibilidad. En la comunicación oficial, el Gobierno resaltó que ya hay proyectos aprobados por más de USD 25.000 millones y otros en evaluación, con presencia en provincias clave para energía y minería.
El próximo test será doble: por un lado, si la ampliación al upstream efectivamente acelera decisiones de inversión en hidrocarburos en un año marcado por tensiones políticas y sociales internas; por otro, si el RIGI logra traducir estabilidad normativa en cronogramas concretos de obras, producción y exportaciones, especialmente en sectores donde la ventana de oportunidad global, precios, demanda y competencia por capital, no espera los tiempos de la política argentina.
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