- El Gobierno extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y agregó al temario una reforma de la Ley 27.795 sobre financiamiento universitario y recomposición salarial docente.
- En paralelo, el Congreso ya activó dos de los debates más sensibles del período: la reforma laboral impulsada por Milei y el nuevo Régimen Penal Juvenil, incorporado al temario por decreto en enero.

El presidente Javier Milei prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporó un nuevo tema al temario: el proyecto de reforma de la Ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, que el Poder Ejecutivo anticipó que enviará al Parlamento. La medida quedó formalizada en el Decreto 103/2026, que extiende por un día el período originalmente convocado para febrero.
La prórroga no se explica solo por el agregado del capítulo universitario. En la práctica, el oficialismo busca sostener la ventana legislativa de extraordinarias mientras se negocian mayorías para los proyectos más conflictivos del temario, en especial la reforma laboral. Con esa ampliación, el Ejecutivo evita que el calendario acote el margen para dictámenes, ajustes de último momento y eventuales segundas vueltas entre cámaras si hubiera cambios en el articulado.
El temario base de extraordinarias había sido definido por el Decreto 24/2026 e incluye cuatro ejes: la adecuación de la Ley de Glaciares, la modernización laboral, el envío para aprobación del acuerdo de libre comercio Mercosur–Unión Europea y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias. Sobre ese esquema se montaron, luego, ampliaciones puntuales: a fines de enero se incorporó el paquete de proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, y ahora se suma el capítulo universitario.

Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil marcan el pulso político de febrero
En los hechos, la agenda de extraordinarias ya está en movimiento. La Cámara de Senadores dio media sanción a la ley de modernización laboral tras una sesión extensa, y el proyecto quedó en manos de Diputados para su tratamiento definitivo. Al mismo tiempo, el oficialismo evalúa cambios sobre artículos que generaron ruido político y sindical, lo que podría alterar el trámite parlamentario si la Cámara baja introduce modificaciones y obliga a revisar el texto.
En seguridad interior, Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, enviando el proyecto al Senado para su sanción definitiva. La votación y el giro a la Cámara alta dejaron la discusión abierta sobre el contenido final del régimen, el balance entre sanción y medidas socioeducativas, y el impacto real sobre la dinámica del delito juvenil, un debate que suele acelerarse en años con alta sensibilidad social por seguridad.

Los otros puntos del temario operan como telón de fondo, pero no son menores. La adecuación de la Ley de Glaciares enfrenta tensiones con provincias y sectores productivos, mientras que el acuerdo Mercosur–Unión Europea, si efectivamente llega al recinto, reabre la discusión sobre inserción externa, estándares y márgenes de política industrial.
Con la prórroga ya publicada, el escenario inmediato pasa por dos carriles: qué texto llega al recinto en Diputados para la reforma laboral y si el Senado acelera o recalibra el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. En paralelo, la incorporación del financiamiento universitario anticipa una nueva ronda de disputa política y fiscal: qué diseño propone el Ejecutivo, cuánto compromiso presupuestario implica y cómo reacciona un Congreso que en febrero ya está atravesado por negociaciones de alto voltaje.
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