En los últimos días, la oposición presentó un nuevo proyecto para suspender el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas (Atucha I, Atucha II y Embalse). El proyecto, que busca suspender y frenar la licitación de la privatización de Nucleoeléctrica, fue presentado por tres Diputados Nacionales de Unión por la Patria (UxP): Agustina Propato, Adriana Serquis y Pablo Todero.
El proyecto, presentado ante la Cámara de Diputados por los diputados de la oposición, busca suspender el proceso de licitación de la empresa por dos años y proteger a las entidades nucleares argentinas y al Plan Nuclear Argentino, en virtud de lo que sucedió esta semana con la renuncia de Demian Reidel a la Presidencia del Directorio de Nucleoeléctrica Argentina. Según reportes recientes, el proceso de licitación ya habría iniciado, pese al rechazo político y científico.
La iniciativa surgió, precisamente, en el marco de las múltiples denuncias por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamientos en las licitaciones de Nucleoeléctrica, y en medio de disputas y tensiones internas dentro de la compañía, que han salido a la luz en las últimas semanas y derivaron en la renovación del Directorio de la compañía. De hecho, solo se mantuvo a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que es sustancial para el proceso de privatizaciones que el gobierno de La Libertad Avanza busca llevar a cabo.
Propato señala que los ciudadanos deben saber qué es lo que pasó con Reidel y la verdad sobre su salida de Nucleoeléctrica. La información tiene que ser pública y transparente para que se le pueda dar explicaciones a los argentinos de qué fue lo que sucedió realmente y qué desencadenó la renuncia de Reidel de Nucleoeléctrica.
Sin embargo, la Diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, remarcó que, sin perjuicio de haber presentado el proyecto en la coyuntura actual, marcada precisamente por la renuncia y la salida de Reidel de Nucleoeléctrica, desde su espacio se han opuesto a la privatización de la empresa estatal desde el inicio de la Ley Bases, donde la compañía formaba parte de la lista de entidades estatales a ser privatizadas por el Poder Ejecutivo.
“Sin perjuicio de haber presentado este proyecto en esta coyuntura en donde se dio a conocer que hay un montón de irregularidades, sobreprecios y muchas cosas que explicar por parte del presidente y algunos otros funcionarios, nos hemos opuesto desde el principio de la ley base a la privatización de la Nucleoeléctrica Argentina” dijo la legisladora, recordando la existencia de proyectos parlamentarios previos para frenar y suspender el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, que sin embargo, fueron rechazados.
Nucleoeléctrica se trata de un “activo estratégico para el desarrollo de la Argentina” y así también para la soberanía energética del país, en el marco de un futuro plenamente energético, donde la compañía se constituye como el quinto productor de energía eléctrica del país, según explica la legisladora. En este contexto, el proyecto advierte que avanzar con la privatización de la compañía pone en riesgo la soberanía energética argentina, como así también la seguridad nuclear y la transparencia en la administración de activos estratégicos del Estado Nacional. Por lo que, con este proyecto se busca detener el proceso licitatorio.
El proyecto establece la suspensión inmediata de cualquier acto de licitación, valuación, colocación de acciones, como todo mecanismo orientado a la venta parcial o total del paquete accionario de la empresa. A su vez, se exige que el Poder Ejecutivo Nacional remita al Congreso Nacional, en un plazo máximo de 15 días hábiles, toda la documentación vinculada a las contrataciones, denuncias, investigaciones en curso y estado actual del proceso de privatización de la compañía.
“El objetivo es proteger el patrimonio nacional, resguardar la seguridad nuclear y asegurar que ningún proceso de privatización se lleve adelante bajo sospechas de corrupción, opacidad o conflicto de intereses” explicaron los autores del proyecto parlamentario del kirchnerismo. De acuerdo a los legisladores de la oposición, la seguridad energética, la soberanía tecnológica y eléctrica y el desarrollo nacional explican la necesidad de garantizar la transparencia, el control parlamentario y la responsabilidad institucional, antes de avanzar en cualquier dirección del proceso que el Gobierno Nacional busca instaurar para la compañía: la privatización parcial.
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