- El oficialismo logró quórum y avanza con el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, uno de los proyectos centrales del programa económico de Javier Milei.
- El texto llega al recinto con 28 modificaciones acordadas y con respaldo de bloques dialoguistas para su aprobación en general.
- El eje de la reforma incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral, cambios en indemnizaciones, digitalización registral y nuevos incentivos a la inversión y contratación.
El Senado inició este miércoles el debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión que se prevé extensa y que podría prolongarse hasta la madrugada. La iniciativa constituye una de las reformas estructurales más relevantes de la agenda oficialista y llega al recinto con dictamen favorable y modificaciones consensuadas tras semanas de negociación política.
El oficialismo consiguió el quórum sin sobresaltos y confía en aprobar el proyecto en general, para luego avanzar en la discusión artículo por artículo. La titular del bloque oficialista confirmó que el texto fue robustecido con 28 cambios, incorporando pedidos de sectores dialoguistas y gobernadores, lo que despejó parte de las resistencias iniciales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a modernizar un sistema laboral que consideran rígido, con alta litigiosidad y escasa previsibilidad para empleadores. Argumentan que el nuevo marco permitirá incentivar la contratación formal, reducir conflictos judiciales y atraer inversiones. La oposición no kirchnerista anticipó acompañamiento en varios capítulos del proyecto, mientras que los bloques más duros cuestionan la iniciativa por entender que implica una reducción de derechos laborales.
Fondo de Asistencia Laboral e indemnizaciones, el núcleo de la reforma
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo de capitalización obligatoria destinado a cubrir indemnizaciones por despido. El esquema prevé un aporte mensual del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas, con posibilidad de ajustes bajo control parlamentario. El fondo tendrá patrimonio separado, carácter inembargable y será administrado por entidades autorizadas, sin garantía estatal frente a eventuales déficits.
En paralelo, el proyecto redefine el cálculo de la “mejor remuneración” para indemnizaciones, limitando el cómputo a conceptos mensuales, normales y habituales, y excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización pasa a ser la única reparación ante despido sin causa, una modificación orientada a reducir litigios.
El texto también establece un nuevo esquema de actualización automática de créditos laborales, basado en el índice de precios al consumidor más un adicional anual del 3%, con el objetivo de unificar criterios y otorgar previsibilidad.
Registración digital y nuevos regímenes laborales
La reforma introduce una digitalización integral de la registración laboral bajo la órbita de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente para acreditar la relación laboral y se habilita la validez legal de libros digitales por hasta diez años.
En materia de organización del trabajo, se incorporan regímenes voluntarios de banco de horas, que permitirán distribuir jornadas según picos de actividad sin recurrir automáticamente a horas extras tradicionales. También se flexibiliza el período de vacaciones, que podrá tomarse entre octubre y abril, con posibilidad de fraccionamiento en bloques no inferiores a siete días.
El proyecto delimita con mayor precisión los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería o capacitación, con la intención de reducir disputas judiciales sobre su carácter salarial.
Incentivos a la inversión y prioridad de convenios de empresa
Entre los instrumentos propuestos se encuentra el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, destinado a promover capacitación y reconversión, especialmente para jóvenes y trabajadores sin experiencia. Asimismo, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar proyectos productivos y tecnológicos bajo la premisa de que mayor inversión generará empleo formal.
El proyecto incorpora además una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones y establece un criterio de prelación que otorga mayor peso a los convenios colectivos de empresa frente a los nacionales de actividad, con el argumento de permitir acuerdos más adaptados a realidades locales.
La sesión se desarrolla en un clima de alta tensión política, con movilizaciones sindicales en las inmediaciones del Congreso y gobernadores siguiendo de cerca el resultado. Para el Gobierno, la aprobación marcaría un hito en su programa de reformas estructurales. Para la oposición crítica, en cambio, abriría una etapa de disputa judicial y sindical.
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