La Argentina pide suspender el proceso de discovery y la demanda de desacato solicitada por los demandantes recientemente, en el marco de la causa por la expropiación irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Así lo anunció esta mañana la Procuración del Tesoro de la Nación, a través de un comunicado oficial.
Esta mañana se anunció que, en el marco del litigio judicial vinculado a la expropiación de YPF por parte del Estado argentino en el año 2012, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery, ordenado por el tribunal a pedido de la querella, y el reciente pedido de desacato de los demandantes.
Hace unos días, Burford Capital, principal beneficiario del fallo contra la Argentina en la causa YPF, solicitó declarar al país en desacato, imponiendo sanciones por supuestos incumplimientos de órdenes de producción de información, en el marco del proceso de discovery. El año pasado, la Jueza Federal a cargo de la causa (Loretta Preska) habilitó un proceso de discovery que permite la búsqueda e identificación de bienes y activos del Estado argentino ejecutables y embargables. En este escenario, la magistrada llegó a convalidar pedidos orientados a conversaciones y comunicaciones de altos funcionarios y ex funcionarios del área económica, en plataformas como WhatsApp y Gmail.
En este contexto, la República Argentina sostiene la apelación del fallo de fondo y busca evitar que el expediente se convierta en una plataforma para embargos y medidas sobre los activos del Estado Nacional. Con el reciente pedido, Burford Capital suma más presión sobre la Argentina. A su vez, en los últimos días, se dio a conocer que los demandantes también habrían pedido que la Argentina informe la ubicación, la cantidad y el uso de las reservas de oro del país, pedido que fue ampliamente rechazado por el país.
En este escenario, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un pedido formal para suspender el proceso de discovery, que ordenó la Justicia, y el pedido de desacato, presentado por los demandantes, ante el tribunal correspondiente. El comunicado resalta un “hostigamiento sistemático” con pedidos de discovery que resultan intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables, contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos. Lo que constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales.
En el comunicado oficial, se reconoce que, desde su asunción en diciembre de 2023, el actual Gobierno Nacional “siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa, cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal y realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante que le fue requerida, con un volumen de producción sin precedentes”. Diferenciándose de las administraciones anteriores, que fueron declaradas en desacato en diversas oportunidades, desde el gobierno explican que la cantidad de documentación entregada, durante dicho período de tiempo, fue extraordinaria, llegando a superar las 115.000 páginas.
Pese a ello, los demandantes de la causa no han logrado identificar un solo activo embargable destaca el comunicado oficial, publicado por la Procuración del Tesoro de la Nación. Frente a dicho resultado es que, desde el gobierno, comprenden que los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos que, cada vez, resultan más inaceptables, invasivos, costosos y ajenos al objeto del proceso judicial, en términos jurídicos. El comunicado resalta, precisamente, que en las últimas semanas, Burford escaló la presión mediante la solicitud de declaración de desacato de la Argentina y el pedido de información sobre las reservas de oro del Banco Central.
La Procuración del Tesoro de la Nación entiende que el proceso de discovery, impulsado por los demandantes y ordenado por el tribunal el año pasado, se ha transformado en una herramienta de hostigamiento ilegítimo, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. De hecho, resalta que, los demandantes han manifestado, de forma explícita, que su objetivo es “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
En este escenario, la Argentina presentó un pedido formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery, como así también el pedido de desacato presentado por la querella recientemente. El Gobierno Nacional continuará ejerciendo todas las herramientas legales, que se encuentren a su alcance, para proteger la soberanía e integridad de la Nación Argentina y defender el Estado de Derecho, la Constitución Nacional, las leyes argentinas y los principios básicos del derecho internacional. La tensión se acrecienta, cada vez más, en este nuevo capítulo de la causa YPF.
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