El gobierno de Javier Milei ya enfrenta un desafío con el Presupuesto 2026, en tanto tendría que profundizar el ajuste en gastos discrecionales para sostener el superávit. El 2026 empieza con un complejo panorama para las cuentas públicas que exigen y demandan un mayor ajuste –del ya proyectado– para poder sostener el superávit primario. Todo indica que la motosierra podría profundizarse, con el eje puesto en el equilibrio fiscal y el superávit financiero.
A día de hoy, el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso Nacional el año pasado, enfrenta un complejo escenario fiscal, como resultado de una serie de factores, entre los que se destacan el impacto de las leyes aprobadas en 2025, el debate de la reforma laboral y la propia dinámica de la inflación. Según explican especialistas en la materia, para alcanzar el superávit primario del 1,5% del PBI, que prevé el gobierno en el Presupuesto 2026, se requiere de una reducción real en los gastos discrecionales, que podría ser incluso mayor si se logran aprobar los cambios tributarios en debate.
Según IREAL –think tank– de la Fundación Mediterránea, esta desafiante dinámica del Presupuesto 2026 a la que se enfrenta el oficialismo se explica por tres razones principales. En primer lugar, la Ley de Presupuesto 2026 no habría contemplado los mayores desembolsos derivados de las leyes sancionadas en 2025, vinculadas a educación y discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se estima que el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario ronda en torno al 0,23% del PBI, mientras que el de la Ley de Discapacidad en torno al 0,36%.
En segundo lugar, desde IREAL sostienen que la propia dinámica de la inflación argentina explica el desafío que el Presupuesto 2026 supone para el Gobierno Nacional. Se explica que si la inflación anual proyectada por el oficialismo –del 10,1%– termina siendo menor que la que se registra efectivamente, la recaudación tributaria nominal podría superar lo previsto originalmente. Una inflación más elevada que la contemplada por el gobierno, que es el escenario más factible para los economistas y especialistas, implicaría un incremento del gasto por encima de lo presupuestado.
En particular en aquellas partidas que se actualizan, de manera automática, por inflación, como jubilaciones, asignaciones universales por hijo y otros programas sociales. A ello, se le deben sumar los gastos asociados a las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad –aprobadas por el Congreso Nacional, el año pasado–, que pasarían a tener carácter automático.
En el estudio elaborado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna al respecto, se sostiene que “con mayores recursos tributarios que aumentan nominalmente con la inflación, con algunas erogaciones que ajustan también automáticamente por inflación, si el resto de las erogaciones (’discrecionales’) se mantienen en los niveles presupuestados, el superávit primario en 2026 apuntaría a 1,9% del PIB, en lugar del 1,5% presupuestado. Pero esto es sin considerar la reforma laboral y tributaria que se discute en el Congreso”.
La reforma laboral: la tercera razón
La tercera razón que explica y resalta el think tank de la Fundación Mediterránea es el proyecto de Ley de Modernización Laboral, también conocida como la reforma laboral que contempla modificaciones impositivas. En caso de ser aprobado, este proyecto implicaría una reducción de la recaudación por contribuciones patronales cercana al 0,5% del PBI, lo que recaerá íntegramente sobre el Estado y los recursos con los que cuenta el Gobierno Nacional.
Según Invecq, habría menores ingresos tributarios, derivados de cambios en el Impuesto a las Ganancias, impuestos internos y otros tipos de gravámenes, con un impacto fiscal en torno al 0,33% del PBI, del cual un 0,14% corresponde a Nación y un 0,19% a las provincias, en tanto se trata de tributos coparticipables. Desde IERAL explican que, si la reforma se aprueba el gasto discrecional debería caer un 19% real anual, para poder cumplir con el superávit primario presupuestado del 1,5%. “Con una inflación esperada del 23%, implica que el gasto discrecional deba aumentar nominalmente sólo un 4% respecto a 2025” resaltan desde el think tank.
De hecho, se estima que, aún sin que se apruebe el capítulo tributario de la reforma laboral, debería existir un recorte del 9% real en el gasto discrecional para poder alcanzar el superávit primario del 1,5% del PBI. De cara a 2026, según el análisis de los expertos en la materia, si se aprueban los cambios tributarios que contempla el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el gasto discrecional enfrentará un nuevo recorte y ajuste del 19% en términos reales, para poder cumplir con la meta del superávit primario.
En caso de que la reforma laboral no avance en el período de sesiones extraordinarias, que ya fue convocado por el Poder Ejecutivo, el ajuste proyectado para los gastos discrecionales sería del 9%. De todas maneras, el gobierno enfrenta un severo desafío en torno al Presupuesto 2026, donde debe ajustar los gastos discrecionales si quiere alcanzar el superávit primario.
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