Un grupo de diputados y senadores envió una nota a Martín Menem y Victoria Villarruel para exigir la conformación inmediata de las comisiones bicamerales clave del Congreso. El pedido apunta a que se trate en plazo el DNU 941/2025, que modificó la Ley 25.520, reorganizó el Sistema de Inteligencia Nacional y abrió un nuevo frente de tensión por facultades operativas y acceso a datos.
El control parlamentario sobre el sistema de inteligencia volvió al centro de la agenda política tras un reclamo formal de legisladores nacionales para que se pongan en funcionamiento dos órganos bicamerales que, por ley, deben auditar y dictaminar sobre decisiones sensibles del Poder Ejecutivo: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520) y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), encargada de evaluar decretos de necesidad y urgencia.
La nota, dirigida a las máximas autoridades de ambas cámaras —Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado— reclama que el DNU 941/2025 sea girado “de manera inmediata” para su evaluación dentro de los plazos previstos. Entre los firmantes aparecen nombres de distintos bloques, como Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Carlos Gutiérrez, Esteban Paulón y Mónica Frade, en una señal política que busca ampliar el costo institucional de sostener un “vacío de control” en un área históricamente opaca.
El trasfondo inmediato es el Decreto 941/2025, publicado el 2 de enero, con el que el Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y reordenó el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). El texto oficial justifica la vía del DNU por la necesidad de acelerar coordinación e intercambio de información frente a “amenazas internas y externas” y a riesgos asociados a terrorismo, crimen organizado y conflictividad entre Estados.
A nivel operativo e institucional, el decreto introdujo cambios que reactivaron alarmas en el Congreso y en organizaciones civiles. Entre los artículos incorporados, se sumó uno que habilita a personal de inteligencia a proceder a la “aprehensión” de personas en determinados supuestos —como delitos en flagrancia o auxilio por requerimiento judicial— con obligación de aviso inmediato a fuerzas policiales o de seguridad competentes.
En paralelo, el DNU formalizó un esquema de “comunidades” para el intercambio de información. La Comunidad Informativa Nacional (CIFN) incorpora a organismos civiles y técnicos como RENAPER, Migraciones, Aduana, CONAE, ARN y CNEA, además de ministerios, con la SIDE como articulador y con la promesa de mecanismos de trazabilidad y control definidos por reglamentación. Es un cambio relevante porque consolida un circuito de circulación de datos en el que la línea entre información administrativa y producción de inteligencia se vuelve un punto de fricción central.
El punto sensible: control parlamentario, facultades operativas y gobernabilidad institucional
En antecedentes difundidos por El Estratégico, el Gobierno presentó la reforma como una “segunda generación” de reorganización del SIN, con el objetivo de reducir superposiciones, diferenciar ciberseguridad de ciberinteligencia y centralizar la coordinación bajo la SIDE. El mismo repaso detalla la reconfiguración de órganos dependientes —como el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia— y la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad como ente descentralizado.
Sin embargo, el conflicto no se limita al contenido técnico. El reclamo legislativo apunta a un problema político-institucional: sin la Bicameral de Inteligencia activa, quedan debilitados los canales formales de supervisión sobre partidas reservadas, designaciones, lineamientos generales y rendición de cuentas en un área donde la opacidad suele ser una condición estructural.
En el plano judicial, el decreto ya empezó a recibir impugnaciones. El CELS presentó una acción de amparo colectivo para frenar aspectos del DNU, cuestionando la vía elegida para reformar un régimen sensible y advirtiendo impactos sobre derechos como privacidad, autodeterminación informativa y libertad personal. En la misma línea, un pronunciamiento de organizaciones y especialistas sostuvo que el esquema facilita vigilancia masiva al ampliar el flujo de datos hacia la SIDE y criticó especialmente la incorporación de la “aprehensión” por parte de agentes de inteligencia.
El calendario también juega. Según reconstrucciones parlamentarias, aun cuando el Ejecutivo cumpla con la remisión formal del DNU al Congreso, los tiempos legales empujan el tratamiento hacia febrero, y la oposición necesitaría quórum y mayorías en ambas cámaras para rechazarlo. Ese margen temporal es, a la vez, una ventana de negociación política y un período de incertidumbre institucional, porque el decreto rige desde su publicación mientras el sistema de control legislativo permanece parcialmente inmovilizado.
Por ahora, el resultado dependerá de tres movimientos en paralelo: si las autoridades del Congreso constituyen las bicamerales y habilitan el dictamen; si la oposición logra articular una mayoría para forzar un tratamiento en recinto; y si la Justicia decide avanzar con medidas cautelares en feria o al inicio del año judicial. Con un sistema de inteligencia que se reconfigura por decreto, el próximo capítulo no se definirá solo por el contenido del DNU 941/2025, sino por la capacidad institucional del Congreso para recuperar control político sobre un instrumento que, históricamente, fue una caja negra del poder en la Argentina.
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