La prima que exigen los inversores por los bonos argentinos bajó de los 559 puntos básicos, el nivel más bajo desde julio de 2018. El mercado lo vincula al fortalecimiento político de Javier Milei tras las elecciones legislativas, señales de flexibilización cambiaria y un plan de acumulación de reservas para 2026.
El riesgo soberano de Argentina —medido como el diferencial de rendimiento frente a los Treasuries de EE.UU. de plazo similar— perforó el viernes la zona de 559 puntos básicos, según el índice de JP Morgan, y marcó su menor registro en casi siete años. La baja se consolidó luego de que el oficialismo lograra un mejor desempeño del previsto en las elecciones de mitad de mandato de fines de octubre, con un salto en su representación parlamentaria que alimentó expectativas de mayor capacidad de gobernabilidad.
Con esa lectura, inversores y analistas comenzaron a descontar que Milei contará con margen político para impulsar una nueva etapa de reformas: desregulación, cambios en reglas laborales y tributarias, y una continuidad del ajuste del gasto. En el mercado, ese combo se tradujo en una compresión del spread soberano y en un renovado debate sobre el “timing” de un eventual retorno de Argentina al financiamiento externo.
A la dinámica política se sumaron señales recientes del frente macro. El Gobierno anunció el 15 de diciembre una relajación de restricciones para operar divisas y un objetivo de compra de hasta US$ 17.000 millones de reservas durante 2026, un punto sensible para la confianza inversora en un país que viene de operar con un stock de reservas limitado. En esa línea, gestores destacaron que el esquema podría reducir el riesgo de apreciación del peso si se combina con compras de divisas asociadas a la demanda de dinero.
En paralelo, el tipo de cambio mostró una apreciación moderada: el peso se ubicó alrededor de 1.478 por dólar frente a 1.491 previos a las legislativas, en un contexto en el que también se redujo la intervención externa que había ayudado a estabilizar el mercado en la antesala electoral. La mejora del “riesgo país” empujó además emisiones corporativas y provinciales, con colocaciones que buscaron aprovechar la demanda por activos argentinos en un tramo de mayor optimismo.
La ventana para volver a emitir en el exterior
Aunque el movimiento fue contundente, el mercado venía señalando que hacían falta nuevos catalizadores: en las semanas posteriores a las legislativas, el diferencial se mantuvo mayormente por encima de los 600 puntos básicos, y varios inversores marcaron el umbral de 500 como una referencia psicológica y práctica para pensar en una emisión internacional con mejores chances de tracción.
En ese contexto, creció la expectativa de que la administración avance, más adelante, con un bono en dólares bajo legislación extranjera —el primero desde la reestructuración de 2020—. Como anticipo, Argentina ya realizó una emisión en dólares bajo ley local en diciembre, interpretada como un ensayo operativo: el bono (con vencimiento en noviembre de 2029) pagará cupón semestral de 6,5% y fue colocado con un rendimiento de 9,26%, por un monto de US$ 1.000 millones.
El calendario de pagos también condiciona el debate. Según lo reportado, el Tesoro enfrenta vencimientos por cerca de US$ 4.500 millones en enero y un monto similar hacia julio, mientras funcionarios avanzaron en gestiones para un acuerdo repo con bancos internacionales que permita financiar compromisos de corto plazo. En paralelo, el ministro Luis Caputo dejó trascender que el Gobierno no apunta a salir al mercado externo en enero.
Aun con spreads en descenso, el riesgo de reversión de expectativas sigue presente: el mercado recuerda que Argentina ya tuvo “ventanas” de optimismo en el pasado —incluida una etapa de fuerte compresión durante el gobierno de Mauricio Macri— y que el humor financiero puede girar rápidamente si se deteriora el respaldo político, la dinámica cambiaria o la trayectoria de reservas. Por eso, hacia adelante, la atención se concentra en si el oficialismo logra aprobar reformas clave en el Congreso, sostener un esquema cambiario más flexible sin sobresaltos y mejorar el frente externo, condiciones que el mercado considera determinantes para que el regreso al crédito internacional en 2026 deje de ser una hipótesis y se convierta en una decisión ejecutable.
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