La Argentina recibe el apoyo y la asistencia de Japón, en el marco de un programa de cooperación internacional contra la pesca ilegal, ante el avance de flotas extranjeras en la milla 200. Según se conoció, Japón destinará fondos para fortalecer la vigilancia de las zonas marítimas del Atlántico Sur, ante la creciente presencia y el avance de flotas extranjeras en esta área estratégica, apoyando de esta manera a la República Argentina y otros países de la región que luchan contra la pesca ilegal.
Japón habría anunciado un programa de cooperación internacional, destinado a fortalecer el control y la vigilancia de las aguas marítimas de cuatro países de América Latina, ante el avance de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Estos países serían Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. La inversión contemplada en el programa japonés ronda los 300 millones de yenes, lo que equivale a unos 1,9 millones de dólares. Sin embargo, cabe señalar que, el programa que encabeza Japón y apoyará a estos cuatro países de América Latina se ejecutará en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del esquema de cooperación definido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
La cooperación se orienta a mejorar las capacidades de monitoreo, control y fiscalización en las zonas marítimas más sensibles, como es para la Argentina, el caso de la milla 201. En este sentido, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador recibirán equipamiento tecnológico y herramientas especializadas para reforzar el control y la vigilancia de sus zonas económicas exclusivas y de sus aguas adyacentes, frente al avance de la pesca ilegal y las flotas extranjeras, especialmente de origen chino.
Entre los recursos y las capacidades que prevé el programa, se incluyen drones de vigilancia marítima, sistemas de análisis de imágenes aéreas y embarcaciones patrulleras inflables. Con estas capacidades tecnológicas, se podrán identificar embarcaciones y flotas extranjeras, estimando el tamaño de sus tripulaciones y reconstruyendo rutas de navegación, incluso en aquellos casos en que los buques intenten evadir los controles apagando sus transpondedores GPS, según se explica.
La pesca ilegal en el Atlántico Sur – Una situación que preocupa y alerta
La pesca ilegal en el Atlántico Sur es una situación que data de hace tiempo en la zona. Sin embargo, el avance de la misma en los últimos años constituye una situación que preocupa y alerta a los países de la zona. En este sentido, la asistencia y la cooperación japonesa se inscriben en un contexto regional, caracterizado por una preocupación creciente ante la actividad sostenida de las flotas pesqueras extranjeras que operan en áreas próximas a las costas sudamericanas, especialmente de origen asiáticas.
La pesca ilegal en el Atlántico Sur ya es una realidad. Son múltiples los informes y reportes internacionales que señalan la presencia de numerosos buques y flotas, especialmente de origen chino, en el Atlántico Sur que desarrollan operaciones de pesca ilegal, con escasa o nula transparencia. La atención se concentra, especialmente, en lo que se conoce como “Milla 201” –espacio marítimo que comienza tras el límite de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, donde no rigen marcos regulatorios internacionales–.
En la milla 201, se ha registrado la presencia de decenas e incluso de cientos de buques extranjeros que se dedican a la pesca ilegal, particularmente, a la captura del calamar y otras especies de interés comercial. Sin embargo, la pesca ilegal no solo tiene efectos negativos sobre los propios ecosistemas marinos, sino que afecta de manera directa a las economías de los países costeros. A su vez, la incertidumbre y la falta de información certera y confiable sobre este tipo de operaciones despiertan inquietudes sobre posibles tareas de exploración o mapeo de lechos marinos.
En este complejo escenario, el programa de cooperación internacional de Japón apunta a mejorar las capacidades de detección temprana y de respuesta de los Estados sudamericanos, afectados por la pesca ilegal, ante estas prácticas irregulares. El aporte tecnológico y operativo busca fortalecer la protección de los recursos pesqueros y la soberanía marítima.
Para la Argentina, esta iniciativa de cooperación se complementa con los recientes anuncios de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quien estaría buscando reforzar los sistemas de monitoreo y vigilancia, ante la llegada de masivas flotas extranjeras, durante la próxima zafra de calamar 2026, según dieron a conocer diversos medios de comunicación. De esta manera, la República Argentina proyecta sus capacidades y medios frente a la pesca ilegal, y busca fortalecer sus capacidades técnicas y operativas.
