En la misma secuencia de medidas con las que la Casa Rosada cerró el año, el Poder Ejecutivo avanzó con una nueva regulación para limitar designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional. El Decreto 934/2025, firmado el 31 de diciembre, actualiza el esquema que había regido durante 2025 y lo proyecta para todo el Ejercicio 2026, con un objetivo declarado: sostener la racionalización de la dotación y blindar el control del gasto.
La norma se inscribe en el marco político y administrativo que también plantea el Decreto 931/2025, donde el Gobierno combina un discurso de profesionalización del empleo público con herramientas de administración estricta del gasto, bajo la premisa del equilibrio fiscal y la “transformación del Estado”. Así, el corazón del decreto es una regla amplia: las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c) de la Ley 24.156 no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal de ningún tipo.
La enumeración es deliberadamente extensa y apunta a cerrar vías alternativas. En otras palabras, la medida busca evitar “reaperturas” por carriles laterales y fijar un piso restrictivo para el Estado nacional durante 2026. Sin embargo, incorpora un conjunto de excepciones explícitas que permiten sostener áreas sensibles o estratégicas donde quedan fuera de la prohibición las designaciones en universidades, guardaparques, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, personal hospitalario y asistencial bajo convenio sectorial, Servicio Penitenciario Federal y Fuerzas Armadas y de Seguridad (excluyendo al personal civil).
Regla 2×1: una alta por cada dos bajas
Como mecanismo de flexibilización limitada, el decreto introduce un criterio cuantitativo: para los casos que no entren en las excepciones, se habilita únicamente una alta por cada dos bajas producidas durante 2026 (renuncias, jubilaciones, desvinculaciones, finalización de contratos o cancelaciones de designaciones transitorias). Esa autorización, además, debe ser validada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, concentrando el control de las altas en el área rectora del Gobierno.
Y hay un detalle clave: las bajas por retiro voluntario u otros acuerdos no computan para habilitar altas. Es decir, el esquema evita que planes de salida se transformen automáticamente en margen de reposición. El decreto prevé también que aquellas jurisdicciones o entidades que hayan realizado procesos de racionalización podrán pedir, por razones de necesidad estratégica acreditadas, ser exceptuadas de la regla 2×1.
Leído en conjunto con el Decreto 931/2025, el mensaje de la administración es doble. Por un lado, plantea una agenda de reforma del empleo público con criterios de mérito, evaluación y profesionalización; por el otro, refuerza instrumentos de control duro sobre la dotación, limitando ingresos y contratos como parte de una política de disciplina fiscal.
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