El pasado viernes, el Gobierno Nacional promulgó el Presupuesto 2026 con un fuerte ajuste para el gasto y el empleo público. A través del Decreto 932/2025, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.798, que regula el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026 aprobado por el Senado el pasado 26 de diciembre, con el eje puesto en el equilibrio fiscal y el superávit financiero.
El Presupuesto 2026 establece que el año deberá cerrar con un resultado financiero superavitario o en su efecto, equilibrado, y sobre esa base se proyecta un superávit financiero de $2,73 billones para el Sector Público Nacional (SPN). El total de gastos corrientes y de capital para este año asciende a $148,06 billones, mientras que los recursos previstos alcanzan los $148,29 billones. Esta relación entre gastos y recursos configura un “saldo a favor” en la planificación del Poder Ejecutivo en su tercer año de gestión.
De acuerdo a la Ley 27.798, la mayor partida se destinará a Servicios Sociales con $106,5 billones de recursos asignados. Estos servicios se vinculan a educación, salud y seguridad social, convirtiéndose en el centro del esquema. A esta partida le sigue Deuda Pública con $14,1 billones, Servicios Económicos con $11,45 billones, Administración Gubernamental $8,85 billones y Servicios de defensa y seguridad con $7,11 billones, tal como muestra el siguiente cuadro adjunto a la disposición oficial, publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes.
Ajuste al gasto público
Uno de los puntos centrales y más sensibles del Presupuesto 2026 es el fuerte ajuste proyectado para el gasto público, una tendencia en alza dentro de la administración de Javier Milei, quien a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina –conducido por Federico Sturzenegger– ha impulsado reformas y cambios sustanciales dentro del Sector Público.
En esta línea, el texto oficial endurece las reglas sobre el empleo público, fijando un límite de cargos y horas cátedras para toda la Administración Pública Nacional (APN), y prohibiendo cubrir vacantes sin la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros –cuyo cargo es ocupado por Manuel Adorni–. La excepción se presenta para aquellas áreas consideradas sensibles como Seguridad, Defensa y Salud, entre otras.
Además, la ley especifica que las jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública Nacional deberán remitir la información correspondiente sobre la totalidad de las plantas, contrataciones y dotaciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, quien deberá publicar esta información en formato abierto y reutilizable en su sitio web, en concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública.
No obstante, pese a regular un fuerte ajuste del gasto público y endurecer las condiciones de empleo público, el presupuesto autoriza operaciones de crédito público, ante la posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18%. A su vez, habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos, sin restricciones habituales, flexibilizando los procedimientos habituales.
Educación, ciencia y seguridad social
El Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso de la Nación en período de sesiones extraordinarias, asigna $4,78 billones para el financiamiento de las universidades nacionales, quienes se establece que deben rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo un esquema de apercibimiento de suspensión de transferencias. Este punto ya es criticado por algunos sectores de la oposición, quienes contemplan que se fija una exigencia administrativa que ata la asignación presupuestaria a la rendición de cuentas.
Por su parte, la Ley de Presupuesto del gobierno de Javier Milei deroga artículos clave en materia de educación, ciencia y tecnología, incluyendo disposiciones fundamentales sobre financiamiento educativo y científico. Sin embargo, la disposición vigente incluye exenciones impositivas a importaciones estratégicas, entre las que se destacan bienes de capital para empresas tecnológicas estatales como INVAP, VENG y DIOXITEC, vacunas y medicamentos. Asimismo, se definen cupos fiscales claves para la biotecnología y la economía del conocimiento.
En cuanto a la seguridad social, el presupuesto destina más de $212.000 millones para el pago de deudas previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A su vez, se proyectan $367.000 millones para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y se prorroga por diez años las pensiones graciables, aunque incorporando condiciones patrimoniales y de ingresos más duras para su mantenimiento en el tiempo.
El presupuesto consolida la orientación fiscal del Poder eJecutivo, con el superávit como objetivo central de cara al nuevo año, aunque con un marco más duro y restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico, aunque con un amplio margen de maniobra para las operaciones de crédito público.
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