A través del Decreto 941/2025, el Poder Ejecutivo –en acuerdo general de ministros– modificó la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520 e introdujo cambios en la legislación vigente, en materia de definiciones, estructura y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). El Gobierno Nacional comienza el año modificando el SIN para reducir superposiciones, acelerar el intercambio de información y fortalecer la prevención frente a amenazas internas y externas –algo que ya había sido abordado cuando el gobierno presentó y oficializó la Política de Inteligencia Nacional–.

El Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado el día de hoy en el Boletín Oficial, establece que todas las actividades que sean realizadas en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto, en función de su sensibilidad, a fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional. Este punto ya es señalado y cuestionado por algunas de las esferas políticas, que critican no solo lo “impropio del uso del término” sino también que señalan que el Poder Ejecutivo debería precisar a qué se refiere con las tareas y actividades que se realizan bajo el ámbito y el alcance del SIN.
Desde el gobierno, sostienen que esta modificación constituye una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional –que ya había sido modificado previamente, en el año 2024–, como resultado de los desafíos globales contemporáneos y el rol que el país asumió en el plano internacional, como producto del liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei. De allí, la importancia de que la Argentina cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional que sea “moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.

Reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional
El Poder Ejecutivo ha modificado artículos clave de la Ley N°25.520, en tanto la arquitectura vigente resultaba insuficiente para el abordaje integral de los riesgos “multidimensionales” y las amenazas. Uno de los ejes de la nueva Ley de Inteligencia Nacional es la reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional, donde se consolida a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y se reorganiza a sus dependencias. Se reconoce al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI) como los órganos dependientes de la citada Secretaría, quienes se establece que desarrollan sus funciones con autonomía técnica-funcional.
Como ya adelantó este medio, la ANC reemplaza a la entonces Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y tendrá un foco preventivo, orientado a las amenazas como espionaje, injerencia, sabotaje, interferencia e influencia. A su vez, se determina que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), que reemplaza a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

El DNU 941/2025 modifica también las funciones y responsabilidades de la SIDE, quien deberá elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto de sus órganos y dependencias, como así también de la DNIC y la DGIEMCO, y realizar un seguimiento periódico de las partidas presupuestarias destinadas a los Gastos de Inteligencia de otras jurisdicciones, lo que es criticado por algunos sectores de la oposición en tanto se limita la autonomía de otras áreas, con la intervención de la SIDE. A su vez, el decreto modifica y determina las nuevas funciones de las agencias y órganos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, haciendo una especial distinción entre ciberseguridad y ciberinteligencia –dos planos que hasta ahora tendían a solaparse–.
De hecho, la disposición decreta la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El DNU especifica que su funcion sera “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del ESTADO NACIONAL y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.
Asistencia técnica y logística para la SIDE
Por su parte, el decreto determina que la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación podrá requerir la asistencia y el apoyo técnico y/o logístico de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Federales y las Fuerzas Policiales, siempre y cuando resulte necesario para el desarrollo de las funciones y actividades que regula la Ley N°25.520.

A su vez, se establece que los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que también requieran dicha asistencia y apoyo deberán formular una solicitud con su debida explicación y justificación, que tendrá que ser autorizada por el propio Secretario de Inteligencia de Estado, que actualmente es Cristian Auguadra, tras la salida de Sergio Neiffert, luego de dos años a cargo de la conducción del organismo. La nueva ley detalla que, en tales casos, el personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad Federales y Fuerzas Policiales que intervenga, en calidad de asistencia o apoyo técnico y/o logístico, quedará sujeto a los mismos derechos y obligaciones del personal de inteligencia.
La disposición técnica y logística para la Secretaría de Inteligencia de Estado también ha sido criticada, en las últimas horas, en tanto el pedido de colaboración y asistencia no tiene precisión en cuanto a la cantidad de efectivos que podrá solicitar la SIDE u otro de los órganos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, ni de su temporalidad.
La CITN y la CIFN
Con el objetivo de centralizar la circulación de información, el Poder Ejecutivo determinó la creación de dos nuevos ámbitos. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y por otro, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN). Con esta creación, el Poder Ejecutivo busca articular al conjunto de órganos y organismos de inteligencia que integran el SIN, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Policiales, de Seguridad Federales y de las Fuerzas Armadas y de las dependencias estatales con capacidad de producir Inteligencia Nacional y de generar insumos estratégicos de interés para el Sistema de Inteligencia Nacional
La SIDE será el órgano que quedará a cargo de la dirección de ambos espacios. Según determina la disposición del Ejecutivo, la Comunidad de Inteligencia Nacional funcionará como un ámbito y un espacio interinstitucional permanente, que tendrá como objetivo integrar y coordinar la producción de Inteligencia Nacional, generada por los diferentes órganos y organismos mencionados que la integran. Por su parte, se resalta que la Comunidad Informativa Nacional funcionará como “un ámbito de articulación permanente entre los órganos y organismos públicos para el suministro de información de interés para la producción de Inteligencia Nacional, referida a los actores estratégicos, hechos, riesgos y conflictos que afecten o puedan afectar la Defensa Nacional, la Seguridad Interior y las Relaciones Exteriores, así como a las oportunidades para la consecución de los Intereses Estratégicos de la Nación”.

Además, a partir de la nueva ley oficializada por el Poder Ejecutivo, la producción de inteligencia estratégica militar se concentra en la estructura del Estado Mayor Conjunto, como resultado de la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. De acuerdo a algunos sectores de la oposición, la disolución del DNIEM y su reemplazo por la DGIEMCO, produce que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia, ya que se le quita poder al titular de la cartera –actualmente ejercida por el Teniente General Carlos Presti– y se lo traslada al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (vicealmirante Marcelo Dalle Nogare).
Ya son varias las críticas y cuestionamientos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional, oficializada por el Poder Ejecutivo en el inicio del 2026. No obstante, la medida es celebrada en la Casa Rosada, desde donde la reforma es percibida como una “decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional”, de cara al tercer año de gestión libertaria.
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