En la última jornada de 2025, el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 931/2025, con impacto directo sobre el empleo público: dispone que, a partir de enero de 2026, los ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional vuelvan a quedar alcanzados por los incrementos salariales acordados en la negociación colectiva de la Administración Pública. La medida se complementa con una instrucción formal para avanzar en un nuevo esquema de empleo público basado en mérito y evaluación de desempeño, en línea con la agenda de transformación del Estado que impulsa el Gobierno.
El decreto enmarca la decisión en el “cambio de etapa” del programa económico donde, tras un ajuste inicial que incluyó congelamiento de sueldos jerárquicos, recorte de estructuras y reducción de personal, el Ejecutivo sostiene que el orden macro y el superávit permiten “ordenar” el esquema de remuneraciones para funciones de conducción sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Qué cambia desde enero
El corazón de la norma es operativo: extiende a las autoridades superiores el porcentaje acumulado de aumentos que surgieron de diversas Actas Acuerdo paritarias de 2024 y 2025 para el personal estatal. Además, fija un criterio hacia adelante de que todo aumento futuro que se homologue en esas actas también se aplicará a esos cargos jerárquicos. Pero el decreto no alcanza al Presidente ni al Vicepresidente, y establece que no habrá efectos retroactivos, por lo que los incrementos rigen desde el primer día del mes siguiente a la vigencia correspondiente.
Además, para reforzar el mensaje político-económico, el texto incorpora una condición: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado según datos oficiales, las remuneraciones de estas autoridades quedarán automáticamente congeladas y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos mientras persista esa situación. El mecanismo opera “de pleno derecho”, sin necesidad de una decisión administrativa adicional, y se levanta cuando el resultado vuelva a terreno superavitario.
En la misma línea, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a provincias y municipios, y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el criterio de congelamiento en sus ámbitos, buscando ampliar el alcance simbólico y político de la medida. Y más allá de la cuestión salarial, el Decreto 931/2025 también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a coordinar el diseño e implementación de un nuevo sistema de empleo público.
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