La llegada del teniente general Carlos Alberto Presti al Ministerio de Defensa abrió una nueva etapa en la conducción política de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, expuso uno de los frentes más críticos del sistema: la delicada situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Con deuda millonaria, prestaciones recortadas y continuación de protestas, la pregunta de fondo es quién asumirá el control de una obra social con más de 600.000 afiliados.
La jura de Presti como ministro no solo implica el desembarco de un militar en la cartera de Defensa, sino que también anticipa cambios en los principales casilleros del organigrama que ya fueron anunciados. Pero en torno a IOSFA, la tercera obra social más grande del país, detrás de PAMI e IOMA, es que existe una combinación de pasivos crecientes, atraso en pagos a prestadores y pérdida de servicios clave la colocan en una situación de virtual “terapia intensiva”.
Afiliados en el interior: cuotas plenas, cobertura en caída
Los testimonios de afiliados en ciudades como Gualeguaychú muestran la dimensión humana de la crisis. Con cuotas que pueden superar los $380.000 mensuales para un titular con adherentes, los beneficiarios denuncian que “la obra social no funciona en ningún aspecto”, mientras los aportes se descuentan “religiosamente” de los haberes.
Prestadores locales aseguran que no cobran desde junio, lo que deriva en cortes de servicio, rechazo de órdenes médicas y suspensión de tratamientos. Pacientes con discapacidad y familias que requieren múltiples terapias por semana se ven obligados a pagar consultas de entre $30.000 y $40.000 de su bolsillo, con la promesa –muchas veces incumplida– de reintegros que tardan meses o nunca llegan.
Los afiliados también describen una burocracia cada vez más pesada, con autorizaciones que demoran semanas, notas formales que no se responden en tiempo y forma, reintegros congelados. Quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) señalan que deben afrontar terapias y apoyos escolares por adelantado, pese a que la normativa obliga a la cobertura integral.
Los valores de las sesiones –entre $15.000 y $36.000– y de maestras de apoyo (más de $300.000 mensuales) hacen inviable sostener los tratamientos sin un esquema de cobertura sólido. La consecuencia es un riesgo directo sobre la calidad de vida de miles de niños, adolescentes y adultos que dependen de la obra social militar para acceder a servicios básicos de salud.
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