La renuncia del subsecretario de Ciberdefensa, el coronel (R) ingeniero Marcelo Adrián Ozán, dejó al desnudo una zona sensible del sistema de defensa argentino: en apenas 19 días formales en el cargo se combinan denuncias por la venta del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) en Puerto Madero. La dimisión fue aceptada por el entonces ministro Luis Petri el 1 de diciembre, según reconstruyó Ámbito Financiero.
La situación ocurre en un área clave para proteger la infraestructura digital del Sistema de Defensa y garantizar la interoperabilidad con los nuevos cazas F-16 adquiridos a Dinamarca recientemente arribados al país. El Decreto 795/2025, publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre, había designado a Ozán como subsecretario de Ciberdefensa con carácter ad honorem y de manera retroactiva al 15 de septiembre, pero en los hechos el oficial retirado venía actuando primero como asesor y recién asumió plenamente la conducción del área con la publicación de la norma.
La Subsecretaría depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo de Marcelo Rozas Garay, y ejerce control funcional sobre el CCCD, comandado por el general de brigada Luis Guimpel. Tanto Rozas Garay como Guimpel quedaron en el centro de la tormenta tras conocerse dos denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que apuntan a la venta del predio del Comando y a presuntas irregularidades en compras estratégicas.
Venta del predio de Ciberdefensa en Puerto Madero, bajo la lupa
El proceso de enajenación del edificio del CCCD en Puerto Madero fue ampliamente cuestioonado, dado que se trata de un inmueble considerado “infraestructura crítica” porque alojaba buena parte de las capacidades de protección de objetivos digitales estratégicos de las Fuerzas Armadas. El predio, ubicado en Avenida de los Italianos 365, fue subastado en 34 millones de dólares al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, en el marco del plan de venta de bienes estatales autorizado por el Decreto 950/2024 y ejecutado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Se realizó una denuncia por “vicios en el procedimiento”, omisión de deberes de funcionario público y ausencia de un plan de transición que mitigara la pérdida de capacidad operativa durante el traslado del Comando. Además, se afirmó que, durante el proceso de mudanza, las Fuerzas Armadas habrían sufrido un ciberataque masivo que expuso datos sensibles de miles de efectivos.
Ciberdefensa en el aire
La crisis en la Subsecretaría de Ciberdefensa irrumpe en un momento en que la política de defensa argentina atraviesa una fase de reconfiguración profunda: la llegada escalonada de los F-16, el foco oficial en la interoperabilidad con Estados Unidos y la OTAN, y el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
En ese contexto, la combinación de una sede de ciberdefensa subastada a un desarrollador inmobiliario de Puerto Madero y licitaciones cuestionadas por más de 21 millones de dólares proyecta para muchos una señal de fragilidad institucional en el dominio cibernético.
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