Un grupo de profesores permanentes del Instituto Balseiro envió una carta formal al Congreso para solicitar la intervención legislativa frente al Decreto 695/2025, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). En el texto dirigido a las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de Diputados, los firmantes advierten que la medida “afectará integralmente al sistema nuclear argentino” y piden sancionar una ley que impida los efectos del decreto.
Los docentes subrayan que NASA “es una empresa estatal con operación exitosa y segura, tradicionalmente superavitaria” y que garantiza control nacional sobre “una tecnología crítica de generación eléctrica”, con valor estratégico para la soberanía energética. Recuerdan, además, capacidades ingenieriles probadas: reparación de Atucha I, finalización de Atucha II y extensión de vida de Embalse, y la articulación con CNEA e INVAP, además de la demanda a DIOXITEK y CONUAR para combustible, y la formación de recursos humanos de alta especialización (Balseiro, Sabato y Beninson). Por eso, sostienen, privatizar NASA “limitaría el acceso a nuevas tecnologías y la formación de profesionales esenciales para el futuro de la Argentina”.
“La tecnología y la energía nuclear constituyen un bien común, un patrimonio colectivo construido por
argentinos y argentinas a lo largo de décadas de inversión por parte de gobiernos que entendieron
que no hay soberanía sin ciencia y tecnología. En 75 años, con todos sus altibajos, la Argentina fue
capaz de desarrollar un sistema nuclear sólido con protagonismo y reconocimiento a nivel mundial. En este marco, la privatización de NASA afectará integralmente al sistema nuclear argentino y a las capacidades de investigación y desarrollo asociadas. Además, se limitaría el acceso a nuevas
tecnologías y a la formación de profesionales que son esenciales para el futuro de la Argentina”, reza el documento.
El decreto y el debate por la soberanía tecnológica
El Decreto 695/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilitó la venta de hasta el 44 % del paquete accionario de NASA, manteniendo el 51 % bajo control estatal y destinando un 5 % al Programa de Propiedad Participada (PPP). La norma se inscribe en el plan de privatizaciones impulsado por el Ejecutivo, que incluye otras empresas estratégicas como Enarsa, AySA y YCRT.
Desde el Gobierno, se argumenta que la incorporación de capital privado permitirá “fortalecer la gestión y diversificar riesgos” en un contexto de restricciones fiscales. Sin embargo, científicos y especialistas del área advierten que una participación privada de esa magnitud podría condicionar decisiones sensibles relacionadas con la seguridad radiológica, la gestión de residuos y la política exterior nuclear, además de comprometer compromisos internacionales de no proliferación.
Sin embargo, la misiva de los profesores del Balseiro llega en un momento en que Nucleoeléctrica enfrenta proyectos de alta inversión —como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027) y el almacenamiento en seco de combustible gastado ASECG II— y tras un récord histórico de generación: más de 10.449 GWh netos en 2024, equivalentes a un 73 % de factor de carga.
En paralelo, la discusión política sigue abierta: el bloque peronista en el Senado no logró reunir los dos tercios necesarios para frenar la privatización, por lo que el decreto sigue vigente y el proceso avanza hacia su fase de implementación.
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