El Gobierno nacional volvió a encender la convocatoria para la operación y concesión del complejo hidroeléctrico del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila) pocos días después de los comicios legislativos. Según un informe reciente, se trata de la relicitación del conjunto de represas que vencieron sus concesiones en 2023, con un nuevo esquema que incluye participación provincial, canon por uso del agua y evaluación más rigurosa de los oferentes.
¿Qué se reabre y por qué ahora?
La licitación comprende las cuatro centrales mencionadas, consideradas pilares de la generación hidroeléctrica firme del sistema argentino. El llamado oficial se produce luego de las elecciones parlamentarias, en un contexto de optimismo político y expectativas de mayor estabilidad, lo cual invita al capitalismo de infraestructura a reingresar al sector.
En la convocatoria se destaca que las provincias de Neuquén y Río Negro podrán participar con hasta un 10 % del capital accionario y que se exigirá un canon por el uso del agua, además de aplicar un control más estricto de antecedentes empresariales.
Pero este proceso de reordenamiento del sector hidroeléctrico no surge de la nada. Tal como lo adelantó El Estratégico anteriormente, el Gobierno ya había avanzando en la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas esenciales, constituidas en nuevas sociedades (Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.) para someterlas a un concurso público nacional e internacional sin precio mínimo prefijado.
Este esfuerzo formaba parte de un plan más amplio de desprendimiento de activos públicos y reconfiguración del mapa energético argentino, bajo la premisa de atraer inversiones, mejorar eficiencia operativa y reducir la intervención directa del Estado.
Implicancias estratégicas y geopolíticas
Desde una perspectiva de seguridad energética e infraestructural, las represas del Comahue revisten singular importancia: regulan caudales de los ríos Limay y Neuquén, garantizan la estabilidad del sistema interconectado y constituyen un activo estratégico ante eventos extremos o de baja hidraulicidad. El hecho de que se reabra la licitación bajo condiciones más exigentes —pero en línea con una línea de privatización y concesión— implica una reafirmación de la orientación del Gobierno hacia el financiamiento privado de infraestructura crítica.
Para los actores provinciales, esto significa una pelea por la soberanía hídrica y el control territorial de los recursos. Las tensiones que se vienen señalando desde El Estratégico giran en torno al diseño del esquema accionario, la participación de las provincias y el marco regulatorio que debe acompañar.
Riesgos y puntos clave a tener en consideración
En primer lugar, todo lo referente al marco regulatorio y la transparencia. El control de antecedentes empresariales y litigios previos es un eje de la convocatoria, ya que la empresa que operó Alicurá, AES Corporation, obtuvo un fallo favorable de más de 700 millones de dólares por una demanda iniciada tras la pesificación de contratos en los 2000.
Por otro lado, es clave atender la participación provincial y el “federalismo energético”. Si bien se abre la puerta a un 10 % de las provincias en el paquete accionario, persisten cuestionamientos sobre la suficiencia del esquema para reconocer el papel de las jurisdicciones en la gestión del recurso.
En paralelo, no puede dejar de destacarse el impacto electoral y coyuntural. Principalmente porque, que la licitación se reactive tras los comicios legislativos, alude a una ventana política aprovechada por el Gobierno Nacional para avanzar en la agenda energética con mayor respaldo doméstico y mercado internacional atento.
En último lugar, en materia de inversión y riesgos operativos, cabe destacar que la entrada de nuevos oferentes implica modernización de infraestructura, pero también riesgos vinculados a la continuidad de generación, contratos de agua o litigios heredados. Además, como advertimos desde El Estratégico, existe un riesgo de dependencia privada: la privatización sin un marco regulatorio robusto puede reducir la soberanía operativa del Estado sobre un recurso clave.
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