Tras el triunfo de La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de medio término, el oficialismo aceleró su agenda de reformas. Con la mirada puesta en el mes de diciembre, cuando asumirán los nuevos legisladores electos, el Poder Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso Nacional el proyecto “Ley Bases II”, la segunda edición de la Ley 27.742, que incluye cambios y reformas estructurales y normativas, entre las que se incluye la nueva reforma laboral. En este escenario, resulta pertinente analizar el impacto de la flamante reforma laboral en las principales áreas y sectores estratégicos de la Argentina.
De acuerdo a la información disponible hasta el momento, la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional podría modificar las condiciones de contratación, la organización del trabajo y los costos empresariales, entre otras cuestiones. En esta línea, los principales ejes que se destacan son: mayor flexibilidad para el empleador en cambios operativos; el fomento a la contratación, a través de incentivos fiscales y nuevos límites a los intereses laborales en los juicios; simplificación de trámites para la contratación de personal; un esquema más amplio de beneficios no remunerativos; y un mayor control sobre los certificados médicos, habilitando a la autoridad laboral a auditar los diagnósticos, en caso de dudas.
A la vez, se ha conocido que la reforma incluye una profunda modificación en el régimen de despido e indemnización, que busca aliviar las presiones financieras sobre el empleador. El proyecto también contempla la posibilidad de efectuar contratos temporales o especiales extendidos, por ejemplo, que sean por obra o por proyecto; como así también, la flexibilidad en horas de trabajo y modalidad (remoto o mixto, con turnos especiales).
En esta línea, es posible resaltar que la reforma laboral no solo tendrá implicancias para los sectores laborales tradicionales, sino que también podría tener un fuerte impacto en las principales áreas estratégicas, de alta inversión, tecnología y capital, como la extracción de hidrocarburos y la minería, dado que lo que se busca modificar es el marco regulatorio de todas las actividades laborales. No obstante, la reforma no tendrá el mismo impacto ni generará los mismos efectos en todas las áreas, ni en todas las cadenas productivas y de valor de la economía nacional.
El impacto en las áreas estratégicas: recursos energéticos y minería
La reforma laboral, que el Gobierno de Javier Milei, busca presentar ante el Congreso Nacional, luego del 10 de diciembre, para que sea tratada y debatida con el recambio legislativo, impactará, de lleno, en las áreas estratégicas del país, ya sea positiva o negativamente. Sin embargo, ¿será en beneficio o detrimento de estas industrias?.
En esta línea, es posible reconocer que la reforma laboral podría contribuir al desarrollo de los principales sectores estratégicos, como los recursos energéticos, la minería y la energía nuclear, a través de una serie de puntos. La nueva modalidad en las condiciones de contratación y de trabajo, a través de los contratos temporales o especiales extendidos, otorgaría la posibilidad de contratar empleados por proyecto. En el caso de los recursos energéticos por proyectos de perforación con turnos extendidos, y en el caso de la minería, a través de un régimen de turnos en zonas remotas, por ejemplo.
En este sentido, podría contribuir a la reducción de los costos y cargas laborales de los empleadores, aumentando el atractivo de los proyectos energéticos y mineros, para la entrada de capital intencional, algo que el oficialismo ha estado buscado promover e incentivar desde su llegada al poder gubernamental, principalmente, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que ya ha cumplido un año desde su puesta en marcha operativa. Los nuevos costos y modalidades de contratación, con turnos extendidos, regímenes especiales y nuevas modalidades de trabajo, en los sectores estratégicos, podría ser concebido como un punto positivo de la reforma laboral.
El proyecto incorpora, además, beneficios fiscales para los empleadores que tomen nuevo personal. En esta línea, las micro, pequeñas y medianas empresas de estos sectores, podrían descontar hastas el 100% de sus contribuciones patronales, durante doce meses, por cada nuevo trabajador incorporado y registrado en el sistema formal de trabajo, mientras que para las grandes empresas, el beneficio se reduce al 25%. Los incentivos fiscales que brinda el proyecto podrían favorecer la incorporación de personal en estas áreas que tienen gran demanda laboral, pero que hasta el momento enfrentan altos costos laborales y márgenes de contratación ajustados.
Además, se introduce un esquema vinculado a los planes sociales. De acuerdo al proyecto, si un beneficiario accede a un trabajador registrado, dentro de los sectores estratégicos o más allá de estos, el plan social se suspende temporalmente, hasta trece meses. El mecanismo busca reducir la tasa de informalidad y promover la transición al empleo efectivo y productivo, reduciendo, a la vez, los costos para los empleadores y fomentando la contratación y el empleo registrado.
¿Existen riesgos?
La flexibilización propuesta por el proyecto del Gobierno Nacional, que apunta a fomentar la contratación y el empleo registrado, ante la tasa registrada de informalidad laboral, durante los últimos años; tiene una serie de riesgos, que no deben pasar por desapercibido. Un conjunto de riesgos, sobre todo laborales y sociales, emergen de una regulación más flexible, en industrias y sectores de alto riesgo e inversión, a gran escala, que demandan mano de obra calificada, como es el caso de la extracción hidrocarburífera – principalmente, en el marco de Vaca Muerta – y minera, como así también de la energía nuclear y otro tipos de energías renovables.
Una excesiva flexibilización podría debilitar la protección de los trabajadores, contribuir a la precarización laboral y la alta rotación, e incentivar turnos de trabajo con alta extensión de carga horaria, en sectores que demandan mano de obra calificada y buscan una constante eficiencia. A la vez, que se podrían cometer errores estratégicos en la selección de personal no calificado, bajo la simplificación de trámites para la contratación de nuevo personal, influyendo en la generación de los resultados y la eficiencia productiva.
Especialistas en la materia y el ámbito destacan que, la reforma laboral no puede pensarse sólo en términos de reducción de las regulaciones laborales, sino que debe lograr una armonía y un equilibrio, a través del cumplimiento de estándares previsionales, de salud, seguridad y medioambiente. De allí, la importancia de que la flexibilización laboral y la reforma toda, en sí misma, no vaya en detrimento del cumplimiento de estos estándares, que exigen las industrias de estos sectores.
El conjunto de cambios normativos y estructurales que plantea la reforma laboral abre una serie de interrogantes sobre el impacto en la industria y las empresas de los principales sectores estratégicos, aunque así también, sobre los trabajadores, quienes, se verán atravesados de lleno por lo que dicte la reforma laboral, que deberá ser aprobada por el Congreso Nacional, donde a partir del 10 de diciembre, el oficialismo pasa a ser la primera minoría. Con beneficios y riesgos para los trabajadores y la eficiencia productiva, el proyecto aguarda ser presentado y debatido por las Cámaras del Poder Legislativo.
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