Mientras el Ministerio de Seguridad Nacional aboga o al menos, argumenta abogar por la modernización y recaptación de capacidades para las Fuerzas de Seguridad Federales, se han descubierto procesos de compra paralizados a un año de su evaluación. Lo que obstaculiza e impide, precisamente, el cumplimiento de este objetivo, que se ha visto materializado, a través de la reasignación de partidas presupuestarias a la jurisdicción, a cargo de Patricia Bullrich.
El EX-2023-134032577- APN-DCYC#MSG, revela que durante la administración de Alberto Fernández, el Ministerio de Seguridad, que se encontraba en ese entonces bajo la conducción de Aníbal Fernández, presentó una solicitud de contratación para el proceso de compra de cuatro patrulleros oceánicos, en noviembre de 2023, a tan solo un mes de abandonar el poder gubernamental, bajo el marco legal del Decreto Delegado N°1023/2001 y Decreto N°1030/2016. Sin embargo, cuando La Libertad Avanza asumió en diciembre de dicho año y Patricia Bullrich tomó el mando y la conducción del Ministerio de Seguridad Nacional este proyecto de compra para la Prefectura Naval Argentina (PNA), sería puesto en marcha. En este sentido, en marzo de 2024 se daría inicio a la recepción de documentos en soporte físico.
El proyecto de compra y adquisición de cuatro buques de tipo OPV (Offshore Patrol Vessel), para la Prefectura Naval se gestó en el año 2023. Sin embargo, el proceso licitatorio no se puso en marcha sino hasta el año pasado, con el Gobierno de Javier Milei. Desde entonces, el proceso de compra de los cuatro patrulleros oceánicos lleva un año a la espera de ser adjudicado oficialmente, pese a que ya se ha seleccionado al oferente: Kership. La licitación pública, de alcance internacional, tuvo 19 proveedores participantes, aunque solo 3 ofertas confirmadas de Sideworld SRL, Damen Offshore & Specialized Vessels B.V. y Kership S.A.S, que fueron analizadas en profundidad.
Tras considerar las propuestas recibidas por las tres firmas para este proceso de licitación, los evaluadores designados han aconsejado adjudicar a favor de Kership, quien finalmente fue seleccionada como la mejor oferente para el proceso licitatorio, que se encuentra paralizado desde hace un año, con un precio unitario de 71.932.500 de euros. De este modo, se adjudicaría a la firma Kerships S.A.S, como la “única oferta con precio conveniente que se ajusta a los requisitos exigidos”, aunque no de manera oficial.
La decisión de avanzar en el proceso licitatorio
El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha este proceso de licitación, para la compra y adquisición de cuatro buques OPV, que si bien se había gestado y proyectado bajo la administración anterior, resultaba óptimo para mejorar las capacidades de la Prefectura Naval Argentina en el marco de una estrategia oficial para fortalecer y modernizar las capacidades operativas de las Fuerzas de Seguridad Federales.
Los buques OPV son embarcaciones diseñadas para misiones de patrullaje, seguridad y control marítimo en la Zona Económica Exclusiva, que, incluso, son utilizadas por la Prefectura en el marco de la lucha contra la pesca ilegal en la milla 201. En esta línea, el Ministerio de Seguridad Nacional de Bullrich decidió continuar con el proceso de compra y poner en marcha la licitación, en busca de sumar nuevas capacidades operativas para la Prefectura Naval, en el marco de sus funciones y tareas diarias y los nuevos desafíos de seguridad marítima. La Ministra de Seguridad ha subrayado, en múltiples ocasiones, que pese al ajuste fiscal, el Gobierno Nacional tiene un fuerte compromiso con la inversión en materia de seguridad, particularmente de capacidades operativas para las Fuerzas Federales.
No obstante, pese a que desde hace un año se realizó el Dictamen de Evaluación (6/9/2024), el Ministerio de Seguridad Nacional no ha terminado de formalizar, aún, la compra de los patrulleros oceánicos. En este sentido, desde hace un año, la licitación está disponible para adjudicar al oferente ganador, Kership, aunque el Ministerio de Seguridad no lo formaliza, lo cual resulta ciertamente extraño y genera ruidos varios, si se tiene en consideración que ya hay un candidato seleccionado para la compra de los buques OPV, y el estado del proceso figura como autorizado.
Mientras el Gobierno Nacional argumenta abogar por la modernización y el re-equipamiento de las Fuerzas de Seguridad y presenta nuevos planes y programas, existen procesos de compra paralizados, como es el caso del expediente de los cuatro buques OPV para la Prefectura Naval Argentina, el cual fue puesto en marcha durante la gestión libertaria, independientemente de que el proyecto se haya gestado en la administración gubernamental anterior. De este modo, mientras se alega impulsar y promover la lucha contra la pesca ilegal y la protección de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), la Prefectura aún aguarda la incorporación de nuevos patrulleros oceánicos, que tienen como destino, precisamente, misiones de patrullaje, seguridad y control marítimo en la ZEE, en el marco de una intensa lucha contra la pesca ilegal que la República Argentina encauza frente a grandes poderes económicos. Sin recursos ni capacidades, no hay lucha que sea posible para un Estado periférico, que tiene procesos licitatorios adjudicados paralizados, a un año de su dictamen de evaluación.
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