El Gobierno Nacional dispuso que toda instalación de radares, estaciones terrestres o sistemas análogos de observación aeroespacial deberá contar, a partir de ahora, con la intervención previa del Ministerio de Defensa. La nueva resolución de la Jefatura de Gabinete busca prevenir riesgos estratégicos ante proyectos tecnológicos y espaciales en el territorio nacional.
Así, Defensa deberá aprobar toda instalación de radares y estaciones de observación. La medida, oficializada a través de la Resolución 151/2025 de la Jefatura de Gabinete, apunta a reforzar la supervisión estatal sobre infraestructuras sensibles que puedan tener usos duales civiles y militares.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, la disposición alcanza a todas las jurisdicciones nacionales y provinciales que intervengan en el otorgamiento de permisos o licencias para la instalación de este tipo de estructuras. El objetivo, señala el documento, es garantizar que los proyectos tecnológicos o de observación no afecten la soberanía ni la seguridad nacional.
“La evolución tecnológica y las nuevas formas de concebir los conflictos imponen reforzar la soberanía en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior”, destaca la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Soberanía tecnológica y riesgos estratégicos
La norma responde a preocupaciones del Ministerio de Defensa respecto al control de instalaciones con potencial de captación o transmisión de información sensible, como radares, antenas de observación o estaciones espaciales administradas por actores extranjeros o privados.
En los últimos años, diversos informes técnicos alertaron sobre la falta de coordinación entre agencias civiles y militares en materia de control satelital y uso del espectro. Esta resolución establece que toda autorización deberá acompañarse de un dictamen previo del Ministerio de Defensa, con información técnica completa sobre los equipos, su ubicación y alcance operativo.
Con este paso, el Gobierno busca evitar la proliferación de instalaciones estratégicas sin evaluación de impacto nacional, reforzando la capacidad del Estado para identificar amenazas cibernéticas o tecnológicas de carácter externo.
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