El Gobierno presentó su proyecto de reforma del Código Penal, que endurece penas, restringe beneficios y baja la edad de imputabilidad. Pero los expertos advierten: el aumento del castigo no siempre se traduce en menos delito.
El presidente Javier Milei anunció este jueves un ambicioso proyecto para reformar el Código Penal argentino, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Bajo el lema de “tolerancia cero”, el Ejecutivo propone endurecer las penas, suprimir beneficios judiciales y bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
“Necesitamos penas más duras y juicios más rápidos. Los delincuentes deben cumplir sus condenas donde corresponde, para que los argentinos puedan vivir en libertad”, sostuvo el mandatario. El texto será enviado al Congreso, donde el oficialismo buscará los consensos necesarios para su aprobación, aunque desde distintos sectores ya se anticipan fuertes debates sobre su eficacia real.
Penas más duras y delitos imprescriptibles
El nuevo Código propone aumentar las penas base de la mayoría de los delitos. Por ejemplo, el homicidio simple, que hoy se castiga con prisión de 8 a 25 años, pasaría a una escala de 10 a 30 años. También se establece la imprescriptibilidad para los delitos considerados graves: homicidios agravados, abusos sexuales, secuestros extorsivos, contrabando y narcotráfico.
Otro eje del proyecto apunta a restringir la liberación anticipada y la ejecución condicional de las condenas. Con los nuevos mínimos penales, más del 80% de los delitos implicarían cumplimiento efectivo de prisión. Los reincidentes, y los condenados por homicidio, robo seguido de muerte o delitos dolosos cometidos por funcionarios, no podrán acceder a beneficios penitenciarios.
Baja de imputabilidad y debate sobre los menores
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto sostiene que los adolescentes “comprenden la criminalidad de sus actos” y que el sistema actual “favorece su captación por grupos narcos o criminales”.
Bullrich justificó la medida afirmando que “los narcos utilizan soldaditos, chicos de 14 o 15 años que asesinan y luego vuelven a su casa como si nada hubiera pasado”. El Gobierno argumenta que el nuevo régimen busca evitar esa impunidad y reforzar la presencia del Estado en la contención del delito juvenil.
Sin embargo, especialistas en criminología y derechos humanos advierten que la reducción de la edad penal no resuelve las causas estructurales del delito, como la exclusión social, la falta de educación y el consumo problemático de drogas. “Los países que han bajado la imputabilidad no lograron reducir el delito juvenil, solo aumentaron la población carcelaria”, señala un informe del CELS.
¿Más castigo es igual a más seguridad?
La pregunta de fondo sigue siendo si endurecer el Código Penal mejora efectivamente la seguridad pública. La evidencia internacional muestra resultados mixtos. En países que apostaron a políticas de “mano dura”, como El Salvador o Brasil, la criminalidad no se redujo de forma sostenida, aunque sí se incrementó la tasa de encarcelamiento.
En Argentina, la inseguridad está fuertemente vinculada a problemas estructurales de gestión judicial, reincidencia y falta de prevención. Endurecer las penas podría tener un efecto simbólico de control estatal, pero sin inversión en inteligencia criminal, sistema penitenciario y reinserción social, el impacto podría ser limitado.
“Una reforma penal integral necesita acompañarse de políticas de seguridad ciudadana, de fortalecimiento institucional y de articulación con las provincias. Si no, solo se aumenta el castigo sin reducir el delito”, advirtió un ex funcionario del Ministerio de Justicia.
Un proyecto con alto contenido político
El anuncio del presidente Milei desde un penal federal no es casual: busca enviar un mensaje político de autoridad y control frente a una sociedad que reclama seguridad. En ese sentido, el proyecto puede leerse también como una pieza de comunicación política, más que como una respuesta técnica al problema del delito.
La ministra Bullrich, que impulsa la línea de “tolerancia cero”, considera que el nuevo Código dotará al sistema judicial de herramientas efectivas para recuperar el principio de orden. Pero en el Congreso, la oposición prepara objeciones y pedidos de modificación, especialmente en materia de derechos de menores y proporcionalidad de las penas.
La discusión que se avecina será clave: ¿la reforma logrará más seguridad o simplemente más encarcelamiento?
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