El Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa estratégica encargada de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre, se enmarca dentro del plan de privatizaciones que la administración de Javier Milei impulsa para reducir el déficit fiscal y ampliar la participación privada en sectores clave de la economía.
Los alcances de la privatización
De acuerdo con lo dispuesto, el Estado Nacional mantendrá el control mayoritario de la empresa, con un 51% del paquete accionario bajo la órbita de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El esquema habilita la venta de hasta un 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a un Programa de Propiedad Participada (PPP), orientado a la incorporación de trabajadores y pequeños accionistas.
En los hechos, esto significa que casi la mitad del capital accionario de NASA quedará disponible para inversores privados, con el compromiso del Estado de sostener la conducción estratégica en un área considerada crítica para la soberanía energética.
Un sector estratégico con alta demanda de inversión
La decisión se produce en un momento en que la compañía enfrenta la necesidad de financiamiento para proyectos claves, como la extensión de vida útil de Atucha I, cuyo retorno al sistema eléctrico está previsto para 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), indispensable para sostener la operación de Atucha II.
En 2024, NASA alcanzó un récord histórico de generación de energía nuclear con más de 10.449 GWh netos, equivalente a un 73,3% de factor de carga, lo que demuestra su capacidad técnica y operativa bajo estándares internacionales de seguridad. No obstante, la empresa depende en gran medida de aportes estatales: en 2023 recibió transferencias de capital por 700 millones de pesos para sostener inversiones.
El marco legal y político
El Decreto 1540/1994, que creó la compañía, ya contemplaba la posibilidad de transferir la actividad de generación nuclear al sector privado. Más recientemente, la Ley de Bases 27.742, aprobada en 2024, declaró expresamente “sujeta a privatización” a la empresa, en línea con el programa de desregulación y reforma del Estado impulsado por el oficialismo.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que la incorporación de capital privado permitirá “fortalecer la gestión de la empresa, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de la operación con estándares de eficiencia y competitividad”.
Privatizaciones en marcha: un tablero complejo
El caso de Nucleoeléctrica se inserta en un escenario más amplio: el Gobierno busca avanzar en la privatización de ocho empresas estatales estratégicas, entre ellas Enarsa, Intercargo, AySA, YCRT, Corredores Viales, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. También se suma el ambicioso plan de concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con un esquema de peajes duplicado.
Si bien algunos procesos avanzan con rapidez —como el caso de las rutas federales— otros enfrentan fuertes resistencias sociales, sindicales y judiciales, como ocurrió con la suspensión cautelar de la privatización del Banco Nación.
En este contexto, la privatización de NASA adquiere especial relevancia: no solo por tratarse de un sector sensible desde el punto de vista tecnológico y de seguridad, sino también porque representa un test de confianza para atraer inversión privada en áreas de alta complejidad técnica y estratégica.
Implicancias y desafíos
La medida genera debate en torno al rol del Estado en la gestión de la energía nuclear, una actividad que, además de su valor económico, posee implicancias de Defensa Nacional, política exterior y compromisos internacionales de no proliferación.
La privatización parcial podría facilitar el acceso a capitales para modernizar la infraestructura y sostener la operación a largo plazo. Sin embargo, críticos advierten que también abre interrogantes sobre el grado de injerencia privada en decisiones sensibles, como la seguridad radiológica, la gestión de residuos nucleares y la planificación estratégica del sector.
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto 695/2025 (29/09/2025)
