En medio de la tensión geopolítica en el Atlántico Sur y el debate por la privatización de activos estratégicos, legisladores opositores presentarán en el Congreso de la Nación dos iniciativas que apuntan a reforzar la soberanía argentina: limitar el ingreso de fuerzas militares extranjeras y proteger jurídicamente las centrales nucleares como bienes inalienables del Estado. Ambos proyectos se apoyan en el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de autorizar o rechazar el ingreso de fuerzas militares extranjeras. También invoca la Cláusula Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
La propuesta surge en un contexto de creciente militarización británica en las Islas Malvinas, con capacidades aéreas, navales y de vigilancia que refuerzan su control sobre la región. En paralelo, Argentina sostiene su reclamo en foros internacionales como la ONU y el Comité de Descolonización, mientras que el presidente Javier Milei reiteró en la Asamblea General que “la soberanía sobre las Malvinas no se negocia ni se abandona”.
Contra la instalación de bases militares extranjeras
Tal y como fue reportado por Zona Militar, uno de los principales proyectos de ley a impulsar busca prohibir la instalación de bases militares y la permanencia de tropas extranjeras vinculadas a alianzas con el Reino Unido. La propuesta también alcanza a aquellos Estados que no reconozcan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto se inscribe en una estrategia de blindaje jurídico frente a eventuales acuerdos bilaterales que puedan interpretarse como concesiones. Pero la iniciativa busca establecer un marco legal más estricto para preservar los intereses estratégicos de la Nación, por ende se inscribe en esa lógica: cerrar la puerta a cualquier despliegue militar extranjero que pueda ser percibido como contradictorio con la reivindicación histórica sobre las islas. De avanzar en comisiones, podría convertirse en un instrumento clave para limitar la presencia militar extranjera en territorio nacional.
Centrales nucleares como infraestructura crítica (IC)
El segundo proyecto de ley busca declarar a las centrales nucleares argentinas como infraestructura crítica y objetivo de valor estratégico para la Defensa Nacional. La iniciativa establece que Atucha I, Atucha II, Embalse y futuras centrales construidas por el Estado no podrán ser vendidas, cedidas como garantía ni comprometidas en operaciones financieras. Se catalogan como “indispensables para garantizar los intereses energéticos y la seguridad de la Nación”, motivo por el cual “su perturbación o destrucción total o parcial, que las afecte significativamente, tendría un grave impacto sobre el normal funcionamiento y desarrollo del país”.
También destaca que tales infraestructuras no deberán ser operadas por empresas estatales, y que únicamente se podrán operar junto a otros países o capitales extranjeros con exclusiva autorización del Congreso Nacional. En este contexto también, postula que el Consejo de Defensa Nacional articule con el Consejo de Seguridad Interior la “implementación de las medidas de protección y custodia de la infraestructura crítica que pertenezca a las jurisdicciones provinciales”, así como también coordine la interoperabilidad de las Fuerzas de Seguridad Federales y Policiales que operen en la protección de la infraestructura crítica.
Cabe recordar que la Resolución 1523/2019 de la Secretaría de Gobierno de Modernización del año 2019 definió a las infraestructuras críticas como “aquellas que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o perturbación, total o parcial, los afecte y/o impacte significativamente”. Entre los sectores identificados se encuentra el nuclear, así como también el energético, de tecnologías de información y comunicaciones, de transportes, hídricos, espacio, entre otros.
Fundamentos estratégicos para establecer a las centrales nucleares como IC
Los legisladores argumentan que las centrales nucleares son bienes esenciales para la seguridad, el desarrollo y la soberanía nacional, porque tal energía implica riesgos que deben ser gestionados exclusivamente por el Estado, tanto por razones de seguridad pública como por la necesidad de controlar el material estratégico, como el uranio. Además, advierten que las centrales nucleares podrían convertirse en objetivos militares en caso de agresión externa, lo que exige un marco legal de protección reforzada.
El documento destaca que las centrales nucleares deben ser legalmente declaradas infraestructura crítica y objetivos de valor estratégico para la Defensa Nacional porque hay “razones de Defensa Nacional”: “toda vez que su calidad de infraestructura estratégica le otorgan a su vez la calidad de objetivo militar en caso de agresión externa, lo que pondría también en serio riesgo la seguridad de las centrales nucleares, en caso de daño total o parcial”, subraya. En paralelo, los diputados afirman que con esta ley “no se intenta impedir la participación privada o la necesaria cooperación internacional en la materia”, sino más bien de “preservar los intereses y la seguridad de la Nación Argentina, la trayectoria de 70 años en el desarrollo de la energía nuclear, la tecnología y la expertise, la mano de obra altamente calificada en el sector, la política energética y el desarrollo a largo plazo”.
“Este proyecto pretende proteger las centrales nucleares de la Argentina, que con tanto esfuerzo logró pertenecer al exclusivo grupo de países con capacidad de desarrollo de energía e industria nuclear. Argentina debe velar por el Plan Nuclear y su desarrollo, como garantía de crecimiento, de seguridad interior, de defensa nacional y de soberanía”, señala el proyecto de ley. .
Si bien ambos proyectos deberán ser tratados en comisiones antes de llegar al recinto, y su aprobación dependerá de la correlación de fuerzas, la mera publicación de tales leyes abren un nuevo debate político, que vincula la política exterior con la defensa nacional y la soberanía energética. En un momento en que el Gobierno continúa impulsando privatizaciones (como la de Nucleoeléctrica Argentina S.A., empresa estatal que opera las centrales nucleares), estas iniciativas buscan establecer límites jurídicos claros para evitar que activos estratégicos queden expuestos a intereses externos o lógicas de mercado.
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