En las últimas semanas, el rechazo político y científico a los planes del Gobierno Nacional ha crecido; puntualmente, contra el objetivo de vender activos estratégicos del Estado, como lo es la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Esta serie de privatizaciones, impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en el marco de su programa de reformas estructurales, incluye la venta de organismos clave del Estado con distintos grados de avance y retroceso.
Entre las áreas afectadas se encuentran las rutas nacionales con peajes, el transporte, el sistema ferroviario, el servicio de agua y la energía. Actualmente, el listado oficial contempla ocho empresas estatales: Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Corredores Viales, Intercargo, YCRT, AySA, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas, ya que la intención del Ejecutivo es reducir la participación estatal en sectores considerados “no esenciales”.
Puntualmente, tras la presentación del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo confirmó —mediante anuncio del vocero presidencial el 16 de septiembre— que privatizará Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, se avanzó en los pasos burocráticos para licitar el 44% de las acciones de NASA, mientras que el 5% restante sería entregado a los trabajadores.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que actualmente posee el 20% de la empresa, cedería sus acciones al Ministerio de Economía, perdiendo toda injerencia en la operación y formación profesional del sector. La privatización se ampara en la Ley Bases aprobada en 2024, y se presenta como parte de una estrategia de “eficiencia estatal”. Sin embargo, la decisión afecta directamente a una empresa que genera el 7% de la energía del país y que ha demostrado superávit operativo.
Soberanía energética en riesgo: fuerte rechazo a la privatización de Nucleoeléctrica Argentina
Desde la Cámara de Diputados han surgido múltiples proyectos de resolución, rechazando la medida del Gobierno Nacional, así como también pedidos de informes al Ejecutivo solicitando argumentos creíbles y sólidos que justifiquen la medida. Desde el ámbito parlamentario consideran que NASA posee relevancia estratégica para la soberanía energética, científica y tecnológica del país.
En este contexto, diputados de distintos bloques advierten que NASA es una de las pocas empresas estatales con superávit (ya que en el primer trimestre de 2025 obtuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones), y que, como si fuera poco, está a cargo de las tres centrales nucleares nacionales, que poseen una potencia instalada de 1.763 MW y aportan cerca del 7% de la energía eléctrica nacional. En sus palabras, “la política nuclear argentina es fruto de más de siete décadas de inversión pública, desarrollo científico y acumulación de capacidades estratégicas”.
Para diputados como Victoria Tolosa Paz, la energía nuclear “no puede ser tratada como una mercancía sujeta a la lógica de mercado”, ya que implica seguridad energética, defensa nacional, salud ambiental y compromisos internacionales de no proliferación. Por ende, “la lógica empresarial de maximización de ganancias no puede anteponerse a los principios rectores de la seguridad nuclear, la investigación científica ni la protección de los derechos colectivos”.
Los legisladores consideran que la injerencia de capitales privados, y eventualmente extranjeros, en la gestión de las centrales representa una cesión inadmisible de soberanía “en un área donde la transparencia, el control público y la rendición de cuentas son esenciales”. Principalmente, porque “el sector nuclear es, en este sentido, uno de los ámbitos más sensibles, no solo por su aporte a la matriz energética sino también por su valor geopolítico. Ceder su control a capitales privados constituye un acto de desposesión inadmisible, contrario al interés nacional y a la tradición de política de Estado que ha caracterizado al sector”.
Rechazo político, pero también científico
El físico Andrés Kreiner, doctor en ciencias exactas y actual secretario general de la Seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN), representa una de las múltiples voces especialistas en el sector que también rechaza la medida gubernamental. En una reciente entrevista con el medio de comunicación El Destape, fue contundente al afirmar que “privatizar el sector nuclear no es simple”, recordando el intento fallido del expresidente Carlos Menem en los años noventa, cuando se buscó entregar las centrales a capitales privados sin éxito.
Para Kreiner, el anuncio del Gobierno no solo repite errores históricos, sino que pone en riesgo la seguridad operativa, la soberanía tecnológica y la continuidad de una política de Estado que ha sido sostenida durante más de setenta años. “Nos preguntamos por qué se quiere privatizar NASA, una empresa que opera de forma segura, que es superavitaria y que podría aportar hasta el 9% de la energía eléctrica del país. Nadie invierte en una empresa que pierde plata. NASA gana plata. Por eso creemos que el objetivo es transferir sus ganancias al sector privado”, señaló.
El especialista también alertó sobre las consecuencias técnicas y económicas que podría tener la privatización. En primer lugar, planteó qué ocurrirá con el riesgo eventual asociado a la operación de las centrales nucleares si se elimina el control público. En segundo lugar, cuestionó quién asumirá el costo de desmantelamiento de las plantas una vez que finalicen su vida útil, un proceso complejo y costoso que requiere planificación estatal de largo plazo.
Pero el núcleo de su crítica apunta a la pérdida de capacidades estratégicas. “El sector nuclear es un gran impulsor del desarrollo científico y tecnológico en el país. Si se permite el ingreso de capitales privados, se corre el riesgo de que se priorice la compra de equipamiento e insumos en el exterior, lo que achicaría el desarrollo local y afectaría el empleo argentino”, explicó. Para Kreiner, esta decisión no responde a una lógica técnica ni a una necesidad energética, sino a una urgencia fiscal y a una visión ideológica que confía ciegamente en el mercado.
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