El Gobierno Nacional avanza, a paso firme, con la desregulación comercial, a partir de una masiva eliminación de normas y regulaciones comerciales, que de acuerdo a la administración de Javier Milei, “generan distorsiones de precios”, pese a las críticas internas. La medida, que busca disminuir las trabas burocráticas al comercio y simplificar el proceso comercial, profundiza el proceso de desregulación, impulsado por el Gobierno Nacional, desde 2023.
De hecho, la nueva eliminación y desregulación comercial se suma a las más de 170 derogaciones, impulsadas y realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio, desde inicio de la gestión libertaria, bajo la premisa de disminuir las trabas burocráticas y promover, precisamente, la libre competencia comercial. Entre las normas eliminadas previamente, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del comercio exterior, el Gobierno Nacional determinó la derogación de las licencias automáticas y no automáticas; como así también del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de la Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP). En la misma línea, con el objetivo de transparentar y facilitar el comercio interior, se promulgó la eliminación de los programas de controles de precios y del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), un régimen informativo de precios y cantidades de ventas, cuyos datos se les exigía a informar a las empresas de comercio e industria que operan en el país.
En las últimas horas, el Gobierno Nacional oficializó una nueva desregulación, a partir de la eliminación de 71 regulaciones comerciales, que influyen en los precios argentinos, con el objetivo de simplificar las relaciones de consumo en todo el territorio nacional y reducir las trabas burocráticas. La medida se efectivizó mediante la Resolución N°357/2025, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. De esta manera, la Secretaría de Industria y Comercio impuso la derogación masiva de un conjunto de normas comerciales, considerando que estas habilitan controles de precios, que resultan abusivos; exigen información, que no es utilizada para ningún fin en particular y fijan regulaciones para programas, que ya no están vigentes, como “Precios Justos”, “Ley de Gondolas” y “Ley de Abastecimiento”.
En este sentido, se eliminarán 20 normas comerciales, referidas a programas y planes desarticulados y/o en desuso, como son “Precios Justos”, “el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos”, entre otros. A la vez, la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía eliminará 27 normas complementarias de la “Ley de Abastecimiento”, la cual se derogó al comienzo de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023. El texto oficial sostiene y explica que “algunas de estas resoluciones tienen más de 50 años de vigencia y representan trabas burocráticas en las relaciones de consumo”. Además, se determinó la derogación de 24 normas, que tenían el objetivo de supervisar, controlar y regular el funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que fue eliminado por la gestión libertaria.
Esta nueva medida de desregulación comercial busca reducir la carga administrativa de las empresas y firmas argentinas y extranjeras, que operan en el territorio nacional, y simplificar el marco regulatorio, eliminando las normas que generan “distorsiones en precios y alteran las relaciones comerciales”. Con la eliminación de estas normas y regulaciones comerciales, se busca que el Gobierno Nacional de “un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”.
Las principales desregulaciones del 2025
El 2025 ha estado caracterizado por el impulso de un profundo proceso de desregulación, que bajo el marco legal de la Ley N°27.742 (Ley Bases), ha permitido que el Gobierno Nacional desregule o al menos, intente desregular diferentes sectores. En este sentido, por ejemplo, se anunció y se avanzó con la desregulación de la Marina Mercante Nacional, oficializada a partir del Decreto 340/2025. La medida introdujo una sustancial modificación en el régimen de regulación de la navegación comercial fluvial y marítima de la República Argentina, con el objetivo de desregular el sector.
Para ello, el Decreto 340/2025 estableció la creación de un Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, introdujo modificaciones en el marco regulatorio y laboral de la actividad marítima y pesquera y declaró a la navegación marítima y fluvial un servicio esencial, entre otras cuestiones. Si bien, el Gobierno Nacional argumentó que su objetivo era desburocratizar y modernizar la normativa de regulación de la navegación comercial en aguas argentinas, como así también reducir los costos operativos y mejorar la competitividad del sector marítimo y fluvial; la medida, sería, duramente criticada por la opinión pública y las esferas políticas, quienes consideraban que la desregulación lesionaba y afectaba la soberanía económica y territorial del país. Finalmente, la disposición sería anulada, a partir del rechazo del Congreso Nacional, y el Gobierno debió dar marcha atrás con esta desregulación.
Este año, el Gobierno Nacional también avanzó con otras desregulaciones, donde la ciencia y la tecnología, la seguridad, el sector aéreo y el sector ganadero, agrícola y agropecuario, se verían afectados. En esta línea, el Gobierno Nacional, por ejemplo, determinó la desregulación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y avanzó en este proceso, pese a las críticas y el expreso rechazo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, finalmente, la desregulación del INTA sería frenada, a partir del rechazo de ambas Cámaras del Congreso Nacional y la medida cautelar, con vigencia de seis meses, dictada por la Justicia, que le ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo al respecto.
A la vez, el Gobierno llegó a determinar la desregulación del Gas Licuado de Petróleo Envasado (GLP), a partir del Decreto N°446/2025, el cual buscaba desregular el mercado gasífero, eliminando los controles de precios del gas y restringiendo la intervención del Estado Nacional en este mercado. Si bien, el Congreso Nacional buscó intervenir en esta desregulación, para evitar su aplicación, y se presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N°446/2025, en la Cámara de Diputados, este intento sería en vano, dado que hasta el momento se no han logrado avances al respecto.
De esta manera, durante el 2025, el Gobierno Nacional avanzó con una serie de desregulaciones, en el marco de un intenso proceso de reestructuración y reorganización estatal, bajo el marco legal de la Ley Bases, que le permitió, a partir de las facultades delegadas, decretar y determinar procesos de desregulación extraordinarios, que bajo condiciones normales, deberían ser reglamentados por el Congreso Nacional, dado que requiere de intervención legislativa.
Una tendencia proyectada para el próximo año
De acuerdo a los planes del Gobierno Nacional, la desregulación se presenta como una tendencia proyectada para el próximo año. Si bien, pese a que no se ha presentado una nueva Ley Bases, hasta el momento, y pese a que el oficialismo, aún, no tiene asegurada la consagración de más bancas y aliados parlamentarios; es posible realizar ciertas estimaciones al respecto.
Todo pareciera indicar que el plan de desregulación, impulsado por el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de Federico Sturzenegger, quien se desempeña, precisamente, como Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, continuará el próximo año, en lo que será el tercer año de gestión libertaria, como una tendencia proyectada y en este sentido, como una suerte de política de Estado, ya instaurada, bajo la administración de La Libertad Avanza.
De hecho, uno de los cuatro principales ejes y pilares del Presupuesto Nacional 2026, presentado oficialmente por el Gobierno Nacional la semana pasada, es la desregulación estatal y la transformación del Estado Nacional. El “Informe de Avance del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026” resalta que “esta administración identificó una estructura estatal sobredimensionada, caracterizada por la superposición de funciones y escasa eficiencia operativa, además de una ausencia en los controles sobre cumplimientos y procesos”.
Precisamente, por esa razón, el objetivo del Gobierno Nacional, de cara al próximo año, es avanzar hacia un Estado “más moderno, eficiente, eficaz y orientado a resultados”. La pregunta es, si el Gobierno Nacional podrá lograr su objetivo con apoyo parlamentario y político, teniendo en consideración el resultado electoral de octubre, o deberá negociar las condiciones de apoyo para su proceso de reestructuración y reorganización estatal, bajo la figura del flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán.
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