La designación de nuevas autoridades en el INTA, INASE e INV no revierte la avanzada desreguladora del Ejecutivo: la reestructuración frustrada en el Congreso muta en una estrategia de ocupación institucional. El relato de restitución encubre una concentración de poder que desactiva la autonomía técnica y federal de los organismos.
Tras el rechazo legislativo a los decretos de reestructuración, el Gobierno nacional oficializó este martes nuevas autoridades en organismos técnicos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Mediante el Decreto 684/2025, la medida designó con vigencia desde el 3 de septiembre como presidente del INTA al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y en el cargo de vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.
En paralelo, la presidencia del INASE durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari, mientras que en Vitivinicultura fue oficializado el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.
Entre idas y vueltas
La oficialización de estas designaciones ocurren días después de que el Congreso frenara las intenciones del Gobierno Nacional de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera que encabeza Luis Caputo. Por eso, para muchos, esta medida se presenta como una restitución institucional, pero en realidad consolida el vaciamiento iniciado meses atrás.
Un ejemplo de la actualidad de estos organismos, marcada por la eliminación de estructuras operativas, la transferencia de competencias a presidencias designadas por el Ejecutivo y la supresión de órganos colegiados, es el INTA. Desde El Estratégico hemos realizado una cobertura completa de los acontecimientos registrados en los últimos meses, que reflejan las intenciones inconsistentes de la administración de Javier Milei de disolver estos organismos.
Durante el mes de abril, por ejemplo, el Gobierno había anticipado la posible fusión del INTA con el INTI. Esto generó un amplio rechazo gremial y la movilización de los trabajadores por el riesgo de 1.500 despidos. Pero, hacia junio, se publicó la alerta institucional ante reformas que amenazaban la autarquía y gobernanza federal del INTA, con posicionamientos críticos de referentes agropecuarios y gobernadores.
Días después, diputados rechazaron las reformas y exigieron explicaciones al Ejecutivo, denunciando desfinanciamiento, reducción de programas y pérdida de capacidades técnicas. Y si bien en agosto ocurre el rechazo parlamentario a estas medidas de desguace, el Gobierno avanzó con la desregulación del INTA, eliminando su Dirección Nacional y transfiriendo todas las atribuciones al Presidente del organismo.
Ahora, con las nuevas designaciones, el Ejecutivo consolida cierto “disciplinamiento institucional”. Los principales críticos de esta medida consideran que el Gobierno Nacional postula estos cambios como parte de la “normalización” de la situación, pero que el proceso refleja una lógica distinta, donde se desmantela la estructura técnica, se concentra el poder en figuras designadas sin contrapeso y se neutraliza la capacidad de respuesta territorial.
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