Durante los primeros ocho meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del orden del 31% respecto al mismo período de 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este se concentra en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo productivo, seguridad social y obra pública, cuando en contraste, el gasto en inteligencia estatal aumentó un 23%.
El informe del CEPA, titulado “La Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional Septiembre 2025 (datos a agosto 2025)”, postula que el análisis de los datos presentados genera interrogantes sobre las prioridades del gobierno. El Centro especialista en economía afirma que “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas” y que “la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”.
Principales áreas “recortadas”
En principio, el CEPA destaca que la Secretaría de Inteligencia del Estado —dependiente de Presidencia— incrementó su ejecución presupuestaria en un 23%, dato que contrasta con la caída del 40% en la Cámara de Diputados, del 39% en el Senado y del 37% en la Defensoría del Pueblo, organismos clave para el control democrático. Esto último es similar a la situación en Ciencia y Salud, siendo una de las áreas más golpeadas.
El informe afirma que la Superintendencia de Servicios de Salud cayó un 56%, el Instituto Nacional del Cáncer un 54%, y hospitales nacionales entre un 30% y 38%. Programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y atención sanitaria en el territorio directamente no registraron ejecución. En ciencia e investigación, el panorama es igual de crítico: el programa de Promoción de la Investigación e Innovación sufrió una caída del 83%, mientras que el CONICET cayó un 29%, la CONAE un 40% y el Servicio Meteorológico Nacional un 23%.
En torno al sector de la Seguridad social y niñez, la ANSES, que representa el 58% del gasto total, cayó un 7% en términos reales. El “golpe” más duro se lo lleva la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con una caída del 72%. Los comedores comunitarios y merenderos retrocedieron un 74%, y el Plan Nacional de Primera Infancia un 89%.
En materia de Desarrollo productivo y energía, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó un 76%, el INTI un 44%, el INTA un 37% y el Instituto Nacional de Semillas un 43%. En energía, los recortes alcanzan a organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (-39%) y el ENRE (-24%), en medio de anuncios oficiales sobre un supuesto “Plan Nuclear Argentino”.
Seguridad y defensa: recortes en las fuerzas federales y una crisis que se profundiza
Las fuerzas de seguridad federales también sufren recortes sustanciales: Policía Federal (-32%), Prefectura Naval (-29%) y Gendarmería Nacional (-29%). Las Fuerzas Armadas no escapan al ajuste: Armada (-20%), Ejército (-17%) y Fuerza Aérea (-21%). En materia previsional, la Caja de Retiros de la Policía Federal cayó un 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares un 15%.
Pero el impacto no se limita a los números. Tal como reveló El Estratégico anteriormente,en el Informe N°144 presentado por la Jefatura de Gabinete, se observa que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se registraron más de 4.400 bajas en las fuerzas federales, incluyendo personal civil. La Gendarmería Nacional perdió 1.215 efectivos, la Prefectura Naval 1.079, la Policía Federal 524, la Policía de Seguridad Aeroportuaria 614 y el Servicio Penitenciario Federal 1.230. Los motivos de las bajas van desde jubilaciones y retiros voluntarios hasta destituciones por inconducta, falta de aptitud profesional y fallecimientos.
En paralelo a este contexto de desfinanciamiento y pérdida de personal, el Gobierno Nacional oficializó la semana pasada una reasignación de partidas que recorta gastos de capital en Defensa para financiar al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Según la Decisión Administrativa 23/2025, se transfirieron más de $10.000 millones al IOSFA, en medio de una crisis estructural que incluye deudas por más de $250.000 millones, cortes de prestaciones médicas y denuncias por licitaciones irregulares.
El ministro de Defensa, Luis Petri, justificó la medida como parte de un plan de saneamiento del IOSFA, aunque desde la oposición se cuestiona el uso de fondos militares para cubrir déficits de gestión en la obra social. A su vez, se denuncian recortes en programas clave como el alistamiento militar, la modernización de la Fuerza Aérea (Programa F-16) y las operaciones conjuntas del Estado Mayor Conjunto.
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