De cara a las elecciones legislativas nacionales, investigaciones recientes en Aguas Blancas revelan irregularidades en el padrón electoral del municipio y detectan más electores que habitantes, desatando un nueva polémica en la localidad de Salta que limita con Bolivia. De acuerdo a las sospechas, ello sería producto de que los habitantes bolivianos cruzan a Aguas Blancas, a fin de obtener la ciudadanía argentina, a través del DNI, y así poder acceder a una serie de beneficios sociales. La localidad ya es, de por sí, una zona caliente para el contrabando y el crimen organizado, en su frontera con Bolivia, razón por la cual el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, inauguró, este año, un alambrado fronterizo, para combatir el contrabando y los pasos ilegales. De hecho, hace tan solo un mes atrás, la Justicia argentina desarticuló una red de contrabando, que operaba en la finca “Karina”, en Aguas Blancas.
El Fiscal Federal, con competencia electoral en la provincia de Salta, Ricardo Toranzos está a cargo de la investigación en Aguas Blancas, donde se detectó que el municipio con apenas diez años desde su creación, tiene más electores que habitantes. De acuerdo al censo del año 2022, en la localidad habitan 3.648 personas. Sin embargo, en el padrón electoral de Aguas Blancas, aparecen 5.736 ciudadanos habilitados para votar. Lo que representa un 57,2% más de votantes que de residentes. Esto abre y desata una nueva polémica en la localidad que está siendo intervenida por el Gobierno provincial.
El inicio de la investigación y los primeros datos
La investigación judicial se inició como resultado de una denuncia presentada por Santiago Alberdi, en 2023, quien solicitó conocer detalles sobre el ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia, destacando que esta situación en el paso fronterizo se repetía los días de elecciones en la Argentina. El dirigente político afirmaba, en ese entonces, que durante las fechas electorales se registraban largas filas para cruzar a la Argentina, en los pasos fronterizos internacionales con Bolivia, “con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma ‘votos golondrina‘”.
Luego de investigar, el Fiscal Federal, a cargo de la causa, Ricardo Toranzos, ordenaría el relevamiento del padrón electoral, tarea de la cual participaron la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Uno de los primeros datos, más llamativos, al inicio de la causa, fue que, en tan solo 12 años, el crecimiento poblacional de Aguas Blancas fue de un 52,3% (1.253 pobladores). Mientras que en el censo de 2010, la localidad tenía 2.395 habitantes; en 2022, el número de habitantes aumentó a 3.648, con un total de 1.018 viviendas.
Sin embargo, Aguas Blancas fue creado como tal en el año 2015, a partir de la aprobación de la Ley N°7.739. En ese entonces, el padrón electoral estaba compuesto por 3.286; luego del censo del año 2022, esa cifra ascendería a 5.736 ciudadanos habilitados para votar. A partir de la información obtenida, la fiscalía dispuso la realización de un relevamiento casa por casa e incluso, vía aérea, con imágenes de drones, con el objetivo de lograr la verificación domiciliaria de los electores registrados en el padrón electoral. Del operativo de relevamiento participó la Policía de Salta, que recibió colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que estuvo bajo supervisión del Ministerio de Seguridad de Salta.
La principal hipótesis que surge, como producto del relevamiento dispuesto por la fiscalía, apunta a que hubo ciudadanos provenientes de Bolivia, que cruzaron a la Argentina, para tramitar el DNI con el objetivo de acceder a una serie de subsidios y beneficios sociales. Sin embargo, ello produjo el empadronamiento automático en el sistema electoral de Aguas Blancas.
A la vez, la investigación revela que existen más de 3.000 electores en domicilios “ambiguos” y de hecho, detalla que para las elecciones presidenciales del año 2023, alrededor de 300 o 400 personas ingresaron de Bolivia a la Argentina, en el marco de cada jornada electoral. Este dato alarma y preocupa a las autoridades provinciales, que saben que en un comicio provincial y municipal, el impacto de esta participación puede ser decisivo, y se preocupan por el impacto del traspaso irregular de personas en la vida de los ciudadanos argentinos.
La situación de Aguas Blancas
Tras diez años desde su creación oficial, Aguas Blancas se encuentra intervenida, producto de la actuación del intendente de la localidad, Carlos Alfredo Martínez, quien está acusado de obstruir la investigación del homicidio de su hermano, en el año 2023, cuando éste cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio. Producto de ello, la localidad se encuentra intervenida, por pedido de la Legislatura provincial; mientras el contrabando en los pasos fronterizos con Bolivia avanza y se incrementa, cada vez, en mayor medida.
Precisamente, por ello, este año, como adelantamos desde El Estratégico, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió que Aguas Blancas sea el primer escenario de colocación del alambrado fronterizo entre la Argentina y Bolivia, en el marco del Plan Güemes, con el objetivo de “frenar el paso ilegal de personas y el contrabando”. La Ministra, Patricia Bullrich, participó, de hecho, en la inauguración del alumbrado fronterizo en Aguas Blancas, en el marco del Plan Güemes, lanzado en coordinación con el Gobernador Gustavo Sáenz. Sin embargo, ello generaría un fuerte enfrentamiento con Bolivia, tensando la relación con la Argentina, que tras la mencionada investigación judicial, podría agudizarse, aún más, teniendo en consideración la hipótesis que sostiene la Justicia Federal.
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