En medio de las elecciones nacionales, pactadas para el mes de octubre, la tensión entre Nación y las provincias por la coparticipación federal crece cada vez más. La relación entre las provincias argentinas y Nación atraviesa un periodo de tensión, a causa de los fondos de la coparticipación federal, y las demandas de los mandatarios provinciales. Ya son varias las provincias que han manifestado su descontento con la asignación de los fondos coparticipables, que resultan poco equitativos y actualizados, sumado a los reclamos por los fondos, las obras y los programas nacionales paralizados. Aunque, según fuentes del Gobierno Nacional, estos temas ya están en la agenda de Nación.
De hecho, cabe recordar que, en el mes de junio, 22 gobernadores se reunieron para reclamar, una vez más, una nueva redistribución de los recursos nacionales que sea más “equitativa”, exigiendo una mayor coparticipación. La propuesta de los gobernadores buscaba “generar más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva”. Al respecto, el informe “32 años de coparticipación en Argentina”, publicado por Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en julio de este año, muestra que desde 1993 solo 9 provincias han mejorado su coparticipación, mientras que el resto solo la redujeron. Incluso, en el año 2024, la participación consolidada de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cayó al 48,6%, con una caída de 0,4 puntos respecto de 2023, llegando a alcanzar niveles similares a los de 1993. Según se explicó, la caída estaría causada, principalmente, por la pérdida de valor real de las compensaciones del Consenso Fiscal.
En este sentido, ante un contexto económico de recaudación sumamente tenso, se elaboró un proyecto de ley para una nueva redistribución de los fondos coparticipables, que propone, además, eliminar fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Osvaldo Jaldo, Gobernador de Tucumán, sostuvo que “son las veintitrés provincias más CABA que están reclamando los recursos coparticipables que por ley les corresponden”. En este sentido, Jaldo sentenció que “el Gobierno nacional no puede pretender tener superávit con la plata de las provincias, así tiene superávit cualquiera”, alegando que la ATN, por ley, le corresponde a las provincias, como así también el Impuesto a los Combustibles Líquidos y que por ello, “la Nación le tiene que transferir a las provincias lo que a las provincias por ley le corresponden”.
Jaldo sostuvo, de hecho, que “nunca he visto que veintitrés distritos federales le planteen al presidente que le transfiera la plata que le corresponde a las provincias”. Por ello, explica que “no es un problema político de Tucumán, no es un problema político de ninguna provincia en particular, simplemente es un derecho que los veintitrés distritos más CABA le están exigiendo al Gobierno nacional que le transfieran los recursos que por ley corresponden”.
El proyecto de ley presentado por los gobernadores
El proyecto de ley, propuesto por los gobernadores y elaborado en el marco de su encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tuvo tratamiento en el Congreso de la Nación las últimas semanas. El pasado miércoles, finalmente, en la sesión de la Cámara de Diputados fue aprobado, convirtiéndose, de esta manera, en ley, dado que ya había sido aprobado por el Senado, previamente. La ley se aprobó con 143 votos positivos, 90 votos negativos y 12 abstenciones.
Sin embargo, este número, innegablemente contundente, pone en duda el respaldo que podría tener la ley presentada por los gobernadores del territorio nacional y el Jefe de Gobierno porteño, en caso de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, decidiera vetar la ley, posibilidad que ya se especula ante la sustentabilidad de las finanzas públicas del Estado Nacional. Para rechazar el veto presidencial, como ocurrió el pasado miércoles con la emergencia en discapacidad, se requiere dos tercios de los votos. Sin embargo, los números que se presentaron en la votación del proyecto, el miércoles en la Cámara de Diputados, indican que no se llegaría a esa cantidad de votos, en caso de un potencial veto, que hasta el el momento no ha sido confirmado por el Gobierno ni sus fuentes cercanas.
El caso de la provincia de Salta
En consonancia con los reclamos vigentes de las provincias, un caso en particular, que agrava la situación de la provincia por su ubicación geográfica y su dependencia de la infraestructura para la conexión de regiones tan diversas, es el de Salta. Aunque también otras provincias del norte argentino, como Jujuy y Tucumán se han manifestado al respecto. El reclamo de Salta no es un hecho aislado. Sin embargo, sin rutas en condiciones, sin represas ni proyectos energéticos, la provincia comienza a enfrentar severas dificultades para atraer inversiones, potenciar sectores clave y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La relación del Gobierno Nacional y Salta atraviesa, a día de hoy, un severo momento de tensión, a causa de la coparticipación. El Ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, ha reclamado que Nación le debe a la provincia alrededor de $300.000 millones en fondos y obras estratégicas. A la vez, ha denunciado el incumplimiento de los fondos coparticipables, que afecta e impacta en el crecimiento, desarrollo y bienestar provincial. De esta manera, el Ministro denunció lo que considera un incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de la Nación hacia Salta.
La deuda acumulada que Nación mantiene con Salta incluye tanto los recursos y fondos no girados, como así también las obras pendientes. “El año pasado, la deuda era de $240 mil millones, pero con la inflación y la devaluación, hoy estamos hablando de $300 mil millones. Es dinero que nos pertenece, que es de los salteños, y que debería estar invertido en nuestra provincia” resaltó el Ministro de Economía de la provincia, quien lo considera como una “falta de federalismo” en la distribución de los recursos nacionales.
Marcando un nuevo capítulo en el reclamo de las provincias por una distribución de los fondos coparticipables más equitativa y actualizada, Dib Ashur sostuvo que “la Nación no está cumpliendo con lo que le corresponde”, lo que coloca a la provincia de Salta en una clara desventaja, con impacto directo en el desarrollo de la provincia y aún más, en la calidad de vida de los salteños. El funcionario provincial, de hecho, argumentó que “la Nación tiene que hacerse cargo de las obras estratégicas, de la defensa, de la seguridad y de garantizar una población sana y educada. Las provincias, en cambio, nos ocupamos de la conectividad, la educación y la salud, mientras que los municipios están para la cercanía con el vecino”.
Dentro de las críticas y los reclamos de Salta, las obras de infraestructura ocupan un lugar central. En este sentido, las rutas nacionales, las represas, los trenes y los proyectos energéticos son algunos de los pendientes que la provincia del Noroeste Argentino (NOA) reclama con urgencia. El Ministro explicó, de hecho, que “no se trata solo de rutas o puentes, sino de cuestiones esenciales para el desarrollo, como la conectividad o el acceso a la energía, que son clave para nuestra economía y para los salteños que viven en el interior”. Estas obras forman parte de un reclamo histórico de la provincia, que busca mejorar su infraestructura con obras estratégicas para potenciar sectores clave, como el turismo, la agroindustria y la minería, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Otro reclamo vigente que preocupa, no solo a Salta sino a muchas de las provincias argentinas, es la falta de asistencia en situaciones de emergencia. Las provincias aportan un fondo especial al Tesoro Nacional para atender catástrofes y emergencias, como incendios e inundaciones. En este sentido, Roberto Dib Ashur explicó que “nosotros separamos el 1% de lo que nos corresponde por coparticipación y lo dejamos en manos de la Nación para que esté disponible en caso de emergencias. Pero ese dinero, que debería devolverse a las provincias al cierre del año, no está llegando”. Esto impacta de lleno en el combate provincial desplegado ante una emergencia o un evento climático extremo, dado que las capacidades y los recursos son, en cierto punto, limitados. De hecho, cabe destacar que, en el caso de Salta esto es una realidad recurrente, especialmente en zonas como el Chaco salteño o los Valles Calchaquíes, donde la provincia debe enfrentar, recurrente y constantemente eventos de este tipo, con capacidades limitadas y sin asistencia de Nación.
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