Las inversiones para proyectos de hidrógeno en la Argentina han tenido grandes avances en el último tiempo, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y se esperan nuevas propuestas para fomentar, aún más, estas inversiones en el país. Sin embargo, con proyectos piloto en espera, que buscarían ingresar el Régimen, el sector empresarial y los legisladores reclaman la necesidad de establecer un marco normativo estable para atraer nuevas inversiones del sector.
En un contexto donde la transición energética es percibida como el horizonte futuro, el hidrógeno surge como una de las alternativas con mayor potencial para contribuir a la descarbonización. Sin embargo, es necesario resaltar que su obtención requiere de procesos específicos y especiales, como la electrólisis del agua, que demanda electricidad de origen renovable, idealmente. Es precisamente por ello que, ya son varios los países, especialmente de Europa y Asia, donde se trabaja en el desarrollo de marcos regulatorios, como así también de infraestructura, para incorporar el hidrógeno dentro de las matrices energéticas-económicas. Si bien en el país existen avances en las inversiones para proyectos de hidrógeno, la ausencia de marcos regulatorios y normativos dificultan el fomento de las mismas. Distintos gobiernos y administraciones han intentado agilizar el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin embargo, los avances reales terminaron siendo escasos e insuficientes.
Es precisamente, en este contexto, de atracción y fomento de inversiones, principalmente a causa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, impulsado por el Gobierno Nacional, que se ha presentado un proyecto de ley que busca crear un marco normativo para el incentivo de inversiones en la industria del hidrógeno, que se basa en fuentes renovables y tecnologías de bajas emisiones. El proyecto fue presentado por la Diputada Nacional de Río Negro, Lorena Villaverde (Libertad Avanza), que preside la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, y por el Diputado Nacional de La Pampa, Martín Maquieyra (PRO). El texto reconoce la importancia y la necesidad de que el país cuente con un marco normativo para las inversiones de hidrógeno, recalcando que la Argentina ha desperdiciado “oportunidades similares debido a la inestabilidad macroeconómica, la falta de acuerdos, la implementación deficiente de políticas públicas y regulaciones restrictivas”.
De hecho, el Diputado Maquieyra explicó que la iniciativa busca impulsar y fomentar la llegada y el avance de las inversiones de hidrógeno al país. En este sentido, el legislador de La Pampa recalcó que en los últimos meses, se ha estado trabajando, en conjunto con el Gobierno Nacional, “para consensuar una nueva redacción que contempla estabilidad tributaria, ajustes normativos, la actualización de la estrategia nacional y, además, permite que los desarrollos vinculados al hidrógeno accedan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una ventana temporal más amplia”.
La necesidad de modificar el RIGI
En este contexto, donde se buscan avances concretos en las inversiones de hidrógeno, uno de los ejes del proyecto de ley es, precisamente, la adecuación y modificación del RIGI, creado a partir de la Ley N° 27.742 (Ley Bases). Resulta crucial adecuar el marco del Régimen a las características específicas de la industria del hidrógeno, si lo que se busca, precisamente, es atraer y fomentar inversiones de este tipo de proyectos.
Es precisamente, por ello, que el proyecto de ley propone dos modificaciones clave del Régimen. Por un lado, la extensión del plazo de adhesión al RIGI, de dos a cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de doce meses más. Por otro lado, se propone flexibilizar los requisitos de inversión mínima, otorgando hasta tres años para alcanzarlos, tanto en el esquema general como en aquellos considerados de exportación estratégica a largo plazo. El Diputado Maquieyra explicó, entonces, que “la inversión mínima que para el RIGI normal es de dos años, para estos proyectos de hidrógeno va a ser de tres años, con lo cual da la posibilidad de tener un poco más de tiempo para desarrollarla”. Cabe tener en consideración que, si bien la industria del hidrógeno es uno de los horizontes futuros de las economías del mundo, en el marco de la transición energética; a día de hoy, esta industria es todavía emergente.
El proyecto de ley incluye, también, una cláusula que propone estabilidad tributaria por 30 años, que va más allá del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y alcanza, incluso, a los proyectos que no se adhieran al régimen fiscal. Esta garantía que concedería el proyecto, en caso de ser aprobado, implica que no podrán aplicarse nuevos impuestos y tributos, ni aumentos sobre los existentes, hasta entonces, durante 30 años, buscando incentivar el flujo de inversiones, que no tendrá que preocuparse por los cambios tributarios.
En este sentido, el proyecto de ley, que busca consagrar el marco normativo, legal y jurídico necesario para incentivar y fomentar las inversiones en la industria del hidrógeno, resulta crucial. De hecho, el Diputado del PRO, explica que se está “legislando para dentro de diez años. Lo que pasa es que, si no hacés hoy las leyes y reformas necesarias, nadie va a invertir en Argentina”. Actualmente, hay proyectos piloto de hidrógeno en Santa Cruz y Chubut y si bien los avances prometen ser significativos, los inversores demandan un marco normativo que otorgue mayor confianza y previsibilidad.
Los proyectos de hidrógeno que se conocen hasta el momento
En la provincia de Chubut, el Gobernador Ignacio Torres anunció el desarrollo de una serie de proyectos de hidrógeno verde, con una inversión de más de U$S 10.000 millones. Según se conoce las inversiones de Green Capital, compañía de origen polaco dedicada a las energías renovables, fueron promovidas por la Unión Europea. Al respecto, el Gobernador Torres expresó la necesidad de contar con un marco normativo y jurídico para impulsar el sector y atraer más inversiones. De hecho, Torres sostuvo que “no podemos perder más tiempo”.
En la provincia de Santa Cruz, por su parte, se busca avanzar con el “Proyecto Gaucho: Wind to Hydrogen & Green Ammonia”, que sería el primer desarrollo público-privado de hidrógeno verde en el territorio nacional. De acuerdo a la información oficial, el proyecto, que será llevado a cabo cerca de Puerto Deseado y Punta Quilla, cuenta con financiamiento europeo, precisamente, de Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ), de Alemania, y RP Global, empresa austríaca, como así también respaldo del Gobierno de la provincia de Santa Cruz. El proyecto, que se dividiría en dos fases iniciales, prevé una capacidad instalada de 8.777 MW en energía eólica y 6.236 MW en electrolizadores. Por su parte, se estima una producción anual de 0,62 millones de toneladas de hidrógeno verde y 3,51 millones de toneladas de amoníaco verde.
Si bien estos son los proyectos pilotos confirmados hasta el momento, ello no significa que no haya otros en carpeta que puedan ser concretados en el corto y mediano plazo. Sin embargo, tal como explica y sostiene el legislador del PRO, “si contamos con una legislación que le permita al mundo saber que Argentina está dispuesta a recibir inversiones en hidrógeno, y si sigue creciendo la demanda, sobre todo en Europa, creo que a partir de 2030 puede ser una verdadera oportunidad”. De allí, la insistencia “en que hay que legislar hoy para ese escenario” reconoce el Diputado Nacional.
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