En un operativo, la Justicia argentina desarticuló una red de contrabando, en la frontera con Bolivia, que operaba desde la finca “Karina”, en la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta, y generaba ganancias millonarias, por medio de un sistema de contrabando. En el marco de una investigación formal, el Poder Judicial de la Argentina descubrió una organización criminal de contrabando en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia y detuvo a once personas involucradas, incluyendo a una oficial policial que colaboraba con la célula.
Esta red, que operaba desde Aguas Blancas y movía alrededor de $3.000 millones por año, había convertido una propiedad rural en una locación estratégica de contrabando clandestino sobre el río Bermejo, donde gomones cargados de mercadería cruzaban, permanentemente, entre Argentina y Bolivia, sin control alguno. De hecho, las imágenes captadas por los drones, mostraban decenas de vehículos estacionados en la ribera del río Bermejo, mientras embarcaciones inflables transportaban bultos de mercadería con dirección hacia ambas fronteras. La investigación judicial reveló un esquema criminal de grandes dimensiones.
La organización, en cuestión, había desarrollado un sistema de “peajes” ilegales, es decir, un sistema de cobros que garantizaba el ingreso de divisas constantes. En el acceso principal a la finca “Karina”, ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional N°50, cada vehículo debía abonar $2.000 para poder ingresar al establecimiento. Sin embargo, según se determinó, una vez en la playa del río Bermejo, la red criminal aplicaba una segunda tarifa, de $1.000 por cada bulto de mercadería que se cargaba o descargaba de las embarcaciones inflables. Con un flujo diario promedio de 300 vehículos, con cada uno de ellos transportando aproximadamente diez bultos de mercadería, la recaudación de los peajes ilegales alcanza los 3 millones de pesos diarios.
No obstante, las ganancias de esta red de contrabando no terminaban ahí. La organización criminal había instalado, adicionalmente, seis puestos de comida dentro de su finca, cuyos propietarios debían pagar $20.000 diarios, en carácter de permiso de funcionamiento. Teniendo en consideración, que se operaba seis días a la semana, dado que los domingos permanecía cerrado, el negocio generaba ingresos totales por $3.720.000 por día. En el marco de la investigación judicial, de acuerdo a los cálculos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas, el movimiento económico anual de las operaciones de esta red ascendía a $2.975.392.851,56.
La estructura criminal
La red de contrabando funcionaba con una estructura jerárquica sumamente definida, con roles específicos, para cada integrante. La administración de la red estaba a cargo de José Suárez, quien junto a los hermanos Cardozo (Jorge, Franscisa y Carmen), y a Pedro Rivero, supervisaba todas las operaciones, desde el ingreso de los vehículos hasta la coordinación con los operadores de Bolivia.
Desde Bolivia, el cerebro de la operación era Alfredo Salazar, hermano de Gladis Salazar, quien había adquirido la finca “Karina” en el mes de febrero, por 20 millones de pesos argentinos. La transacción familiar fue clave, dado que permitió establecer el control territorial necesario para llevar a cabo las operaciones de contrabando diarias de la red, en la frontera de Bolivia y Argentina. Las funciones de María Laura Tintilay, agente de la Policía de Salta con funciones en la Subcomisaría 9 de Julio de Orán, quien se encargaba de uno de los puntos de cobro, demostraría la capacidad de infiltración de la organización criminal dentro de las Fuerzas de Seguridad locales.
Al respecto, se supo que la participación activa de Tintilay dentro del esquema criminal de la organización representó, de hecho, uno de los aspectos más graves y complejos del caso, dado que a partir de ello, se pudo evidenciar la complicidad institucional y policial, crucial para que una operación de contrabando de esta magnitud pudiera funcionar sin interferencias ni controles. Este descubrimiento criminal se produce, en un contexto en el que tanto funcionarios gubernamentales como organizaciones locales, han estado denunciando que el contrabando y los pasos ilegales han aumentado en las fronteras del norte argentino, que se comparten con Bolivia, siendo, precisamente, la localidad de Aguas Blancas (Salta) el principal foco de estas dinámicas criminales en aumento. De hecho, desde El Estratégico ya habíamos adelantado, que las autoridades argentinas detuvieron a 11 personas en Aguas Blancas por cobrar “peajes” a contrabandistas, haciendo referencia a esta operación.
La investigación y el descubrimiento de la Justicia
El descubrimiento y el desmantelamiento de esta red criminal fue posible gracias al uso de tecnología avanzada y técnicas de investigación modernas. La Fiscalía Federal de Tartagal, a cargo de Marcos Romero, decidió implementar un operativo de inteligencia, que incluiría la vigilancia permanente con drones; la infiltración de un agente revelador, bajo el marco legal que introdujo la Ley N°27.319; y seguimientos sistemáticos, durante varios meses.
En este sentido, las imágenes aéreas, captadas a través de los drones, fueron fundamentales para documentar las operaciones ilegales, y de hecho, servirían como evidencia para la Justicia. Las imágenes mostraban el funcionamiento del paso clandestino, a través de los vehículos estacionados en formación sobre la playa del río Bermejo, al que se accedía, a través de la finca; los gomones inflables cruzando, permanentemente, con mercadería y cargamento; y el movimiento organizado y sistemático de personas y mercaderías, que evidenciaban el funcionamiento de una operación clandestina a gran escala.
El operativo de inteligencia permitiría grandes avances en la investigación que estaba llevando a cabo la Justicia de la República Argentina. El operativo final sería ejecutado el pasado 4 de agosto, con la movilización de 170 efectivos de distintas Fuerzas de Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Salta, Dirección General de Aduanas y Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La coordinación interinstitucional permitiría, de hecho, el allanamiento simultáneo de la finca “Karina” en Aguas Blancas, como así también de otras propiedades de la red en Orán.
Finalmente, el operativo concluyó con la detención de los once integrantes de la red criminal de contrabando. La Jueza Federal interina de Tartagal, a cargo de la causa, Ivana Hernández, ordenó la prisión preventiva de todos los imputados y la clausura, definitiva, de la finca con consigna permanente de la Gendarmería. Los once imputados enfrentan cargos por asociación ilícita y contrabando de importación agravado.
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