Oficializado en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 927/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, designó a los nuevos titulares de la Policía Federal Argentina (PFA) luego del establecimiento del nuevo estatuto de la fuerza. Tal y como informó la cartera, los Oficiales Superiores propuestos “resultan competentes para ocupar los cargos en trato, luego de haber realizado un exhaustivo análisis y en mérito de sus trayectorias, aptitudes e idoneidad para la función a desempeñar”.
En base a la Ley de Ministerios Nº 22.520 y el artículo 21 del Estatuto de la PFA, aprobado por el Decreto 383 del 16 de junio de 2025, Bullrich confirmó la designación del Comisario General Pascual Mario Bellizzi como Jefe del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y al Comisario General Marcelo Omar Farias como Jefe del Departamento Federal de Coordinación (DFC) de la PFA.
Las modificaciones a la PFA
Gracias a las competencias y facultades delegadas atribuidas por la Ley 27.742, el Poder Ejecutivo Nacional pudo reformar y modificar las Fuerzas de Seguridad Federales ante la existencia de una emergencia pública. Principalmente porque la reestructuración de la seguridad nacional y las Fuerzas de Seguridad se presenta como una de las prioridades de la administración gubernamental de Javier Milei, quien ve en el modelo de seguridad estadounidense un eje y un pilar clave para el diseño y la reestructuración del sistema de seguridad nacional.
Bajo el mandato de Patricia Bullrich, el primer cambio y reforma de las Fuerzas de Seguridad se dio en el ámbito de la PFA con la oficialización de un nuevo Estatuto, que buscaba actualizar la normativa vigente de la Fuerza, redefiniendo sus misiones, optimizando su estructura organizativa y su carrera profesional, entre otras cuestiones. Se convertiría, de esta manera, en la primera Fuerza de Seguridad modificada y reformada.
El cambio más importante en el marco de esta reforma, sin lugar a dudas, fue la reorientación de la función de esta Fuerza que, desde el mes de junio, pasaría a estar dirigida hacia la investigación de delitos federales complejos, dejando atrás responsabilidades de seguridad local. El nuevo Estatuto de la PFA busca adecuar la institución policial a las necesidades del país y del contexto global, ante la multiplicidad de amenazas contemporáneas, que se presentan en el orden internacional, regional y nacional.
El nuevo “FBI argentino” y las críticas a las reformas
Acompañando estas modificaciones, el Gobierno nacional impulsó a mediados de junio la creación del “FBI argentino”, una nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA) denominado Departamento Federal de Investigaciones (DFI). La agencia se diseñó e impulsó tomando como base la estructura del Federal Bureau of Investigation (FBI), la principal agencia federal policial de los Estados Unidos.
El DFI es ahora el encargado de los delitos federales más complejos. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y combate al crimen organizado, existen diversos puntos débiles desde el punto de vista jurídico, constitucional y operativo.
En torno al nuevo Estatuto, el mismo habilita detenciones y requisas sin orden judicial en casos de “presunción fundada” de delito. Esto podría resultar en la violación del debido proceso, ya que la ampliación de facultades podría vulnerar el derecho a la defensa y el principio de legalidad, pilares del Estado de derecho. En simultáneo, se observa que la extensión de facultades judiciales permitirá que la policía actúe sin requerimiento previo del Poder Judicial. Para muchos, esto desdibuja la separación de poderes.
Otras críticas a la reciente medida recaen en la falta de recursos y capacitación a la que se enfrentan las fuerzas. Puntualmente, porque la reconversión de la PFA en una fuerza de élite requiere inversión en tecnología, formación especializada y personal calificado. Sin un plan presupuestario robusto, el riesgo es que la reforma quede en el plano declarativo.
Entre otras tantas críticas,una multiplicidad de diputados de diversos partidos políticos han presentado proyectos de ley para que el Gobierno nacional derogue el Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se aprueba el nuevo estatuto de la PFA. Entre los principales argumentos, los legisladores sostienen que es contrario a lo establecido en los artículos 18, 19, 29, 75 inciso 22, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Tanto el establecimiento del nuevo Estatuto de la PFA como el impulso del “FBI argentino” fueron ampliamente criticados, tanto interna como externamente, por tener inconsistencias a nivel jurídico y normativo. Pero el decreto también encendió alarmas y derivó en un creciente malestar dentro de la propia fuerza.
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