El presidente Javier Milei oficializó este lunes, a través del Decreto 534/2025, el veto total a tres proyectos de ley sancionados por el Congreso Nacional que contemplaban un aumento extraordinario a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad.
La decisión del Poder Ejecutivo fue publicada en el Boletín Oficial y representa un punto de inflexión en la disputa política por el rumbo del gasto público y la sostenibilidad del sistema previsional argentino. Los tres proyectos observados corresponden a las leyes registradas bajo los números 27.791, 27.792 y 27.793, todas aprobadas el pasado 10 de julio con apoyo de una amplia mayoría legislativa.
Los tres vetos en detalle
1. Proyecto de ley N.º 27.791 – Aumento extraordinario y bono previsional
La iniciativa otorgaba un aumento de emergencia del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones abonadas por ANSES y elevaba el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. El Ejecutivo argumentó que la medida implicaría un gasto adicional superior a los $4,4 billones solo en 2025, sin contar con una fuente de financiamiento suficiente ni técnicamente viable.
2. Proyecto de ley N.º 27.792 – Moratoria previsional y Pensión Universal para el Adulto Mayor
Se proponía reinstaurar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, ampliando el acceso a beneficios jubilatorios sin contar con los 30 años de aportes exigidos. Además, modificaba el régimen de la PUAM, reduciendo la edad jubilatoria de las mujeres y suprimiendo requisitos patrimoniales. Según el decreto, estas reformas distorsionan los incentivos a la formalidad laboral y elevan el gasto previsional sin respaldo presupuestario.
3. Proyecto de ley N.º 27.793 – Emergencia nacional en discapacidad
Establecía una serie de medidas institucionales y presupuestarias para reforzar la cobertura de prestaciones, crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, y actualizar mensualmente los aranceles de servicios. El Gobierno estimó que su implementación demandaría más de $2 billones adicionales en 2025, además de un fuerte impacto sobre el “Programa Incluir Salud”, sin fuentes claras de financiamiento.
Argumentos del Poder Ejecutivo
El decreto señala que el Congreso incumplió la obligación legal de prever fuentes específicas de financiamiento, establecida en el artículo 38 de la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera. Se argumenta que el impacto fiscal conjunto de las tres leyes equivaldría al 0,90% del PBI en 2025 y al 1,68% en 2026, poniendo en riesgo las metas del equilibrio fiscal comprometidas por el Ejecutivo.
Además, el texto remarca que la aprobación legislativa se realizó “en violación al reglamento del Senado”, sin citación formal ni dictámenes válidos de comisión, lo que constituye —según el Ejecutivo— una “grave irregularidad institucional”. Se cita la resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado que desconoció los dictámenes previos como jurídicamente válidos.
Fundamentos económicos y políticos
En línea con la política de “déficit cero”, el decreto considera que los proyectos vetados agravan la presión sobre las finanzas públicas, desnaturalizan el régimen previsional y comprometen la sostenibilidad de largo plazo. Se advierte, además, que medidas como la ayuda previsional de $110.000 implicarían una reforma estructural del SIPA sin contar con estudios actuariales.
El Gobierno también alude al “Pacto de Mayo”, firmado por 18 gobernadores y el presidente el 9 de julio, en cuyo segundo principio se establece el “equilibrio fiscal innegociable”. Promulgar las leyes, sostiene el texto, sería desconocer ese compromiso institucional.
Reacción legislativa y próximos pasos
El Ejecutivo devolvió los proyectos al Congreso, donde solo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras podría revertir el veto, algo que se presenta improbable en el actual escenario parlamentario. El oficialismo trabaja para consolidar su respaldo entre los bloques aliados y evitar costos políticos ante una eventual insistencia legislativa.
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