En una semana marcada por definiciones estructurales, el Gobierno argentino oficializó una nueva etapa en su política de desestatización, con la privatización de AySA y ENARSA como emblemas de una estrategia más amplia. Amparado en la Ley Bases, la administración de Javier Milei ha avanzado en la transferencia de activos clave bajo el argumento de modernizar servicios, atraer inversiones y reducir el peso del Estado en sectores “no esenciales”.
La reconfiguración normativa y societaria de estas empresas se inscribe en un proceso que ya alcanzó a IMPSA, Belgrano Cargas y otras firmas públicas. El caso de AySA fue el primero en concretarse esta semana, con la autorización para transferir el 90% de sus acciones a operadores privados. Un día después, este viernes, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 1050/2025, que inicia la venta de la participación de ENARSA en CITELEC S.A., marcando el inicio de su privatización total.
Ambas decisiones se enmarcan en el paquete de empresas “sujetas a privatización” definido anteriormente por la Ley 27.742, que incluye también Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Corredores Viales y Trenes Argentinos, entre otras. En el caso de ENARSA, se prevé un concurso público nacional e internacional en un plazo de ocho meses, con participación de bancos estatales en la tasación de activos.
En este contexto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas cumple un rol central al coordinar estos procesos, tanto en la ejecución técnica como operativa de las ventas. A grandes rasgos, el Gobierno apuesta a que estas operaciones generen eficiencia, inversión y competitividad, aunque los sindicatos y sectores opositores advierten sobre el riesgo de pérdida de soberanía en áreas estratégicas.
ENARSA: venta parcial como primer paso hacia la privatización
La Resolución 1050/2025 de este viernes marca el inicio formal del proceso de privatización de ENARSA, empresa creada en 2004 para operar en el sector energético. La primera etapa contempla la venta de su participación en CITELEC S.A., accionista controlante de Transener, empresa clave en el transporte de energía eléctrica de alta tensión. La operación será canalizada a través de la plataforma CONTRAT.AR, con intervención de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El Gobierno no prevé aplicar programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores en este caso, lo que refuerza el carácter estructural de la desinversión. La venta de CITELEC se presenta como un paso inicial, pero el objetivo declarado es la privatización total de ENARSA, mediante la separación de unidades de negocio y activos.
AySA: Mekorot se perfila como favorita en la licitación
Tal y como adelantamos desde El Estratégico, la privatización de AySA fue oficializada mediante los Decretos 493 y 494/2025, que modificaron su marco regulatorio y habilitaron la venta del 90% de sus acciones. El Gobierno justificó la medida como una forma de garantizar la continuidad del servicio y mejorar la eficiencia operativa, en un contexto de déficit fiscal y presión por atraer capital extranjero. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la licitación será abierta a operadores nacionales e internacionales, con participación accionaria minoritaria para los trabajadores.
En ese escenario, la empresa estatal israelí Mekorot aparece como la principal candidata para quedarse con AySA. Su interés en el mercado argentino se remonta a 2022, cuando firmó acuerdos de asistencia técnica con cinco provincias. Ahora, busca asociarse con empresarios locales como Daniel Sielecki y Mauricio Filiberti, este último vinculado históricamente al negocio del cloro y con fuerte presencia en la cadena de suministro de AySA. El gremio de Obras Sanitarias, liderado por José Luis Lingeri, apoya el proceso y conservará el 10% de las acciones bajo el Programa de Propiedad Participada.
En camino a la privatización
La reciente medida gubernamental efectivamente se inscribe en una estrategia de desregulación del sector energético más amplio, con foco en la atracción de capital privado y la reducción del rol del Estado. Esta oleada de privatizaciones se torna una señal clara hacia los mercados de liberar sectores estratégicos y atraer inversión extranjera. AySA y ENARSA son apenas los primeros casos de una lista que incluye transporte, medios públicos, minería y energía.
La narrativa oficial se apoya en la eficiencia, la modernización y la necesidad de achicar el gasto público, mientras que, quienes son críticos a estas estrategias, advierten sobre el impacto social, la pérdida de control estatal y la concentración empresarial.
Te puede interesar: La empresa israelí Mekorot se perfilaría como la favorita del Gobierno para quedarse con AySA
